Las empresas no alcanzan los objetivos 2030 y dan marcha atrás en sus políticas ambientales

Las empresas están lejos de alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y comienzan a rever sus políticas contra el cambio climático, a la vez que dejan de hacer públicos sus planes de transición ambiental.

Así lo explica Bruno Sarda, responsable de las Américas de Sostenibilidad y Cambio Climático de EY, con sede en el área metropolitana de Nueva York, y quien conoce de primera mano que pasa dentro de las organizaciones ya que trabaja junto a empresas globales para desarrollar y ejecutar estrategias y programas de sostenibilidad. 

Según detalla, esto se debe a una serie de motivos. Entre ellos, la presión para equilibrar la rentabilidad del negocio con los objetivos climáticos, el contexto geopolítico -como lo es la feroz oposición de Donald Trump a las políticas ambientales y la quita de incentivos fiscales- la flexibilización regulatoria en materia de sostenibilidad que está llevando adelante la Unión Europea y la complejidad real de fijar y alcanzar estos objetivos.

"Creo que es seguro decir que muchas empresas no están en vías de cumplir sus objetivos. Los objetivos a corto plazo son inminentes, 2030 no está tan lejos. Si nos fijamos únicamente en la trayectoria, diremos que nadie va realmente por buen camino, aunque es demasiado pronto para afirmarlo. Algunas empresas analizan reajustar sus objetivos a corto plazo y otras dicen ‘vamos a saltarnos el corto plazo y hablaremos solo del objetivo a largo plazo'. El mensaje dentro de las empresas es: ‘La ambición no ha cambiado, lo que tienen que cambiar son los métodos y los tiempos'", explica el especialista en una charla con APERTURA.

Principales barreras

"Hay retos comunes en todas partes", resume. Uno es la seguridad jurídica que les exigen las empresas a los gobiernos para tener previsibilidad, destinar recursos y financiación a políticas de largo plazo.

"Hoy las empresas toman decisiones basadas en ciertos incentivos fiscales en los que tienen que confiar que van a seguir vigentes porque se despliega capital que se utilizará durante muchos años, a veces décadas si se trata de industrias pesadas como la minería, la industria manufacturera o el sector energético. Esto ha sido difícil porque las políticas fueron cambiando de un ciclo a otro", explica.

Bruno Sarda, responsable de las Américas de Sostenibilidad y Cambio Climático de EY.

En ese sentido, muchas empresas están reevaluando cómo van a avanzar en su agenda climática y cambiando prioridades. "Una de las cosas que ocurrieron es que hubo diferentes incentivos fiscales relativos al avance en la descarbonización. Por ejemplo, en los Estados Unidos vimos una gran cantidad de incentivos fiscales para acelerar las descarbonizaciones. Las empresas que pudieron beneficiarse de estas políticas aceleraron sus acciones climáticas porque, de repente, el costo de hacerlo bajó mucho. Ahora estos incentivos parece que no van a continuar, por lo que las empresas que no fueron capaces de aprovechar esa visión, ven un panorama diferente", sostiene el especialista.

Sarda se refiere puntualmente a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), promulgada por el expresidente Joe Biden y que Donald Trump prometió derogar en su actual mandato. Se trata de un paquete de incentivos fiscales destinados a las empresas y los ciudadanos para la transición energética con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el año 2030, respecto a los niveles de 2005.

 Según datos de la consultora, en los países más emisores del mundo, las empresas tienen unos índices alarmantemente bajos de adopción de planes de transición. Mientras que sólo un tercio (32%) de las empresas estadounidenses hicieron públicos sus planes de transición, en China, considerada como el mayor emisor, la tasa de adopción de planes de transición es de apenas el 8 por ciento.  

Sin embargo, Sarda sostiene que, si bien las decisiones políticas tienen incidencia en la dinámica empresarial, el principal driver de las compañías es económico: el mayor reto es equilibrar el imperativo empresarial de mantener la rentabilidad y los beneficios de los accionistas, con el alcance de los objetivos en materia de carbono. El temor a que los planes de transición erosionen la competitividad de las empresas podría reducir la financiación de algunas iniciativas de transición.

En esta línea busca incidir la Unión Europea (UE) que recientemente dio luz verde a la ley ómnibus que tiene como objetivo reducir la carga administrativa de las empresas de la región para que no pierdan competitividad en el mercado.

"Este cambio -la baja adopción de políticas sustentables- está impulsado por los ciclos económicos, de inversión y por la disrupción tecnológica. Por supuesto el contexto normativo importa, pero hasta ahora creo que ha desempeñado un papel menor en los compromisos y acciones reales; la mayor parte de esa normativa se refiere a la demanda de información, no a la demanda de acciones", indica y agrega que a esto se le suma que algunas empresas subestiman el impacto financiero del cambio climático en sus modelos de negocio.  

Es decir, que aunque analizan sus riesgos físicos y de transición, este análisis no les basta para evaluar el impacto financiero del clima en su negocio a medio y largo plazo. Sucede además, que algunas empresas evaluaron el impacto financiero del cambio climático pero les preocupa revelar ese impacto potencial en sus estados financieros por razones de competitividad.