La guerra del sector de la movilidad continúa en Madrid: Cabify contra el resto

El mercado de la movilidad en Madrid es, sin duda, un negocio muy jugoso que está viviendo una auténtica revolución en los últimos años, con la llegada de las VTC (Cabify, Uber, BOLT…). Estas empresas se están comiendo parte del pastel que, tradicionalmente, estaba únicamente en manos de los taxistas, conductores autónomos que controlaban este servicio público de gestión privada.

Las características peculiares del sector y la llegada de la digitalización han hecho que confluyan muchos intereses particulares y empresariales que no acaban de congeniar. La última guerra que se está librando tiene como protagonistas a Cabify contra el resto del colectivo (taxistas y competencia). Y es que, a finales de marzo, la compañía anuncio que la Comunidad de Madrid les había autorizado un total de 8.500 licencias, solo para ellos, debido a varias resoluciones judiciales que parecen ser solo la punta del iceberg. En declaraciones a La Razón, Cabify indicó que van a llegar muchas más. Se habla de cerca de 45.000 licencias totales para toda España, resultado de reclamaciones judiciales que la compañía lleva realizando desde el año 2018.

Quejas y acusaciones por parte de la competencia

Tras estas informaciones, no ha tardado en llegar las quejas y acusaciones. Desde la FPTM (Federación Profesional del Taxi) han indicado que hay «irregularidades que dejan al descubierto las ‘trampas’ de la conocida empresa de VTC en la presentación de la documentación requerida». Según su web, la federación ha «comprobado» que «la documentación presentada es tangible, pero los vehículos asociados a esa documentación aportada no estaban a disposición de la compañía de VTC. Esto se debe a que los documentos presentados correspondían a vehículos propiedad de empresas de alquiler y flotas de renting, destinados a tales usos. Este fraude se ha podido acreditar a través del alquiler de un número considerable de estos vehículos. Incluso se ha comprobado que algunos de ellos ya se habían vendido antes de presentar la documentación».

Por otra parte, la compañía competencia de Cabify, Bolt advierte de los riesgos de una posible concentración «sin precedentes» de licencias en manos de una única plataforma. «Este escenario plantea un grave riesgo para la libre competencia del sector«, indican. Bolt cree que la solicitud masiva de licencias, basada en un vacío legal de 2018 y actualmente en fase de resolución judicial, amenaza con romper los equilibrios alcanzados en los últimos años entre taxi y VTC, en una comunidad que ya en 2022 apostó por regularizar las licencias existentes. «Lejos de construir un debate necesario, la judicialización del sector pone en riesgo los puentes construidos entre plataformas y flotas de VTCs y taxis con el gobierno autonómico».

Bolt, que opera en España trabajando principalmente con pymes y autónomos, considera que la posible concentración de licencias va en contra del interés público y no responde a una necesidad real del mercado. España es, además, el único país de Europa donde existen “flotas propias” en manos de plataformas tecnológicas, efecto colateral fruto de la mala regulación del sector VTC que ha permitido que se produzcan situaciones de alta concentración de mercado en unos pocos operadores, lo que restringe la competencia y perjudica tanto a profesionales como a usuarios.

La compañía lamenta que se esté utilizando de forma interesada un estudio independiente elaborado junto a KPMG, cuyo objetivo era comparar la situación del sector y la calidad del servicio en diferentes ciudades españolas y europeas. «En ningún caso dicho informe justifica una avalancha de nuevas licencias en manos de un único operador», indican. Por el contrario, Bolt defiende que cualquier ampliación del número de licencias debe estar basada en criterios objetivos, planificación y transparencia, evitando decisiones que se aprovechen de lagunas regulatorias.

Cabify se defiende

Por su parte, y también desde La Razón, Cabify se defiende diciendo que, no haber podido disponer de estas licencias en los últimos siete años, ha provocado «un grave proceso de daños y perjuicios hacia la compañía, que no ha podido poner en marcha sus vehículos, y por lo tanto, desarrollar su negocio como tenía estipulado».

Desde la plataforma aseguran que todas estas reclamaciones judiciales y a la administración han ido acompañadas de la documentación «cumpliendo con los requisitos exigidos por la normativa de transportes o cualquier otra que resulte aplicable». Por eso, en su opinión, las acusaciones de la FPTM no tienen sentido y demuestran que «poco le importan los beneficios para los ciudadanos que pueden suponer la llegada de más oferta de movilidad, a la vez que es llamativo que no dejen de cuestionar sentencias judiciales olvidándose de que vivimos en un Estado de Derecho».

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