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La exconsejera Pradas denuncia «irregularidades» en la instrucción de la juez de la dana
La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas , una de las dos personas imputadas en la causa que investiga la gestión de la dana , ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra «irregularidades» en la instrucción que lidera la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, tanto por contener resoluciones con «afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente» como por la posibilidad de que «personas ajenas» estén interviniendo en el proceso, en referencia al marido de la magistrada. El escrito, firmado por el letrado Eduardo de Urbano, del despacho Kepler-Karst, denuncia que el derecho de la defensa de la exconsellera Pradas «está siendo gravemente afectado por la forma en la que se está conduciendo la instrucción» por parte de la magistrada que lidera la causa judicial y en la que permanece como investigada por un presunto delito de homicidio imprudente. Según explica su abogado, la instrucción de esta causa, «una de las más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en nuestro país», debe realizarse con «pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial». Sin embargo, alude, «hemos detectado irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento». Los principales motivos que esgrime la defensa de Pradas para elevar la queja al Poder Judicial son la «existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente », «la predeterminación del objeto de la instrucción» y «la denegación reiterada de diligencias solicitadas por las partes», además de «la limitación del derecho de defensa durante las declaraciones» y «la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial». Además, se denuncia el uso de informaciones periodísticas no contrastadas como base de resoluciones judiciales, así como la « excesiva duración » en la práctica de diligencias de prueba. Por ello, el letrado alega que «el respeto a la imparcialidad y a la presunción de inocencia es esencial para mantener la confianza en el sistema judicial, como resulta de las normas procesales y los principios de Ética judicial». Por ello, solicitan al CGPJ que analice los hechos expuestos y adopte las medidas oportunas para garantizar un proceso justo y conforme a Derecho. Dentro de los reproches que formula la defensa pasa por la redacción de los autos dictados por la magistrada. Según el escrito, se han vertido expresiones «que no sólo imputan sin haber practicado diligencias suficientes, sino que lo hacen con tono condenatorio , propio de una sentencia firme». Cita algunas afirmaciones como «grosera la negligencia atribuible» o «manifiesta pasividad» en referencia directa a los investigados, sin que, según el abogado, se haya oído aún a muchos testigos esenciales ni se haya completado el caudal probatorio. «Esta forma de redactar los autos cercena el principio de presunción de inocencia y da pie a juicios paralelos», sostiene la queja, que alerta del impacto que tales resoluciones, ya filtradas a los medios, están teniendo en la opinión pública. « No es sólo injusto, es peligroso en términos de confianza ciudadana en el sistema judicial», advierte. Sobre la acusación de supuesta predeterminación del objeto procesal, el abogado de Pradas afirma que «la juez parece haber decidido de antemano que la responsabilidad es únicamente de la Generalitat Valenciana, ignorando la posible participación de la Administración General del Estado o de las administraciones locales, a pesar de que en materia de protección civil las competencias son compartidas ». Así, afea que se hayan denegado diligencias que podrían haber arrojado luz sobre la intervención de otras administraciones y que incluso se impidió investigar a alcaldes con responsabilidad directa en materia de emergencias. También cuestiona que no se haya posibilitado la imputación de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, «pese a múltiples solicitudes en tal sentido, incluidas las de las acusaciones particulares».
La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas , una de las dos personas imputadas en la causa que investiga la gestión de la dana , ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra «irregularidades» en la instrucción que lidera la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, tanto por contener resoluciones con «afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente» como por la posibilidad de que «personas ajenas» estén interviniendo en el proceso, en referencia al marido de la magistrada. El escrito, firmado por el letrado Eduardo de Urbano, del despacho Kepler-Karst, denuncia que el derecho de la defensa de la exconsellera Pradas «está siendo gravemente afectado por la forma en la que se está conduciendo la instrucción» por parte de la magistrada que lidera la causa judicial y en la que permanece como investigada por un presunto delito de homicidio imprudente. Según explica su abogado, la instrucción de esta causa, «una de las más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en nuestro país», debe realizarse con «pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial». Sin embargo, alude, «hemos detectado irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento». Los principales motivos que esgrime la defensa de Pradas para elevar la queja al Poder Judicial son la «existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente », «la predeterminación del objeto de la instrucción» y «la denegación reiterada de diligencias solicitadas por las partes», además de «la limitación del derecho de defensa durante las declaraciones» y «la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial». Además, se denuncia el uso de informaciones periodísticas no contrastadas como base de resoluciones judiciales, así como la « excesiva duración » en la práctica de diligencias de prueba. Por ello, el letrado alega que «el respeto a la imparcialidad y a la presunción de inocencia es esencial para mantener la confianza en el sistema judicial, como resulta de las normas procesales y los principios de Ética judicial». Por ello, solicitan al CGPJ que analice los hechos expuestos y adopte las medidas oportunas para garantizar un proceso justo y conforme a Derecho. Dentro de los reproches que formula la defensa pasa por la redacción de los autos dictados por la magistrada. Según el escrito, se han vertido expresiones «que no sólo imputan sin haber practicado diligencias suficientes, sino que lo hacen con tono condenatorio , propio de una sentencia firme». Cita algunas afirmaciones como «grosera la negligencia atribuible» o «manifiesta pasividad» en referencia directa a los investigados, sin que, según el abogado, se haya oído aún a muchos testigos esenciales ni se haya completado el caudal probatorio. «Esta forma de redactar los autos cercena el principio de presunción de inocencia y da pie a juicios paralelos», sostiene la queja, que alerta del impacto que tales resoluciones, ya filtradas a los medios, están teniendo en la opinión pública. « No es sólo injusto, es peligroso en términos de confianza ciudadana en el sistema judicial», advierte. Sobre la acusación de supuesta predeterminación del objeto procesal, el abogado de Pradas afirma que «la juez parece haber decidido de antemano que la responsabilidad es únicamente de la Generalitat Valenciana, ignorando la posible participación de la Administración General del Estado o de las administraciones locales, a pesar de que en materia de protección civil las competencias son compartidas ». Así, afea que se hayan denegado diligencias que podrían haber arrojado luz sobre la intervención de otras administraciones y que incluso se impidió investigar a alcaldes con responsabilidad directa en materia de emergencias. También cuestiona que no se haya posibilitado la imputación de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, «pese a múltiples solicitudes en tal sentido, incluidas las de las acusaciones particulares».
