La clasificación de AfD como “organización extremista” sitúa a Merz ante una decisión de alto voltaje político

La decisión de los servicios de Inteligencia alemanes de designar al partido ultra Alternativa por Alemania (AfD) como “organización extremista” supone el mayor paso dado por las autoridades para tratar de frenar el avance de esta fuerza populista. 

Esta clasificación por parte de la Oficina para la Protección de la Constitución (BfV, por sus siglas en alemán) abre la puerta a que los servicios de seguridad monitoricen al mayor partido de la oposición en Alemania, reclutando incluso a gente para que informe contra él y permitiendo que se intercepten sus comunicaciones. 

Los líderes de AfD han denunciado que se trata de un “golpe contra la democracia”, prácticamente un intento de privar de sus derechos a los más de 10 millones de personas que los votaron en las elecciones de febrero. Sus líderes han prometido que emprenderán acciones legales contra lo que consideran “difamatorio” además de un “ataque motivado políticamente”.

Según los expertos que han elaborado el informe de la BfV, de 1.100 páginas, AfD es una “organización racista y antimusulmana” que, a través de una versión étnica y ancestralmente estricta de lo que es y no es ser alemán, “desprecia a sectores enteros de la población en Alemania y vulnera su dignidad humana”. También ha “inculcado miedos irracionales y hostilidad” en la sociedad, dirigiendo la culpa hacia individuos y grupos concretos, señala el informe. 

El informe en sí no es sorprendente, aunque sí lo es el momento en que ha sido publicado. La ministra de Interior en funciones, Nancy Faeser, soltó la ‘bomba’ justo el que era su último día en el cargo. 

Faeser asegura que “no ha habido influencia política en el informe”, a pesar de la insistencia de AfD de apuntar lo contrario. En todo caso, el movimiento pone mucha presión sobre el nuevo Gobierno conservador de Friedrich Merz, así como sobre los compañeros socialdemócratas de Faeser, que serán socios minoritarios en la nueva coalición que echa a andar el próximo martes. 

Tras la clasificación de los servicios de Inteligencia, Merz será ahora responsable –por si tuviera pocos frentes abiertos– de decidir si prohíbe el partido ultra AfD y cómo, una decisión que conlleva complejos equilibrismos políticos. 

Inmigración, Ucrania, Trump y una economía en declive son otras de las cuestiones candentes a las que Merz deberá hacer frente con urgencia. La creciente desafección por estos y otros temas, exacerbada por los seis meses de bloqueo político que siguieron la prematura caída del anterior gobierno –lo cual puso una capa más de hastío nacional–, ya había provocado que AfD fuera subiendo en las encuestas. 

Después de quedar en segunda posición en las elecciones de febrero –doblando su anterior resultado y convirtiéndose en el principal partido de la oposición, solo por detrás de los conservadores CDU/CSU–, AfD llegó en los últimos días a lo más alto de los sondeos por primera vez en su historia. 

Es poco probable que la clasificación de los servicios de Inteligencia alemanes disuada a la gente de apoyar al partido ultra. 

Encontrar la manera de reducir a la AfD ha sido prioritario para los partidos políticos desde que emergió como un movimiento de protesta de profesores y académicos en 2013, en medio del enfado por los rescates financieros. Desde entonces, el reto no ha hecho más que crecer: la fuerza populista ha pasado de ser anti-euro a ser antimigrantes, y su éxito en las urnas no ha dejado de aumentar. 

A Merz le gustaría ser visto como un racionalista pragmático, que trata de reducir al partido ultra al “fenómeno marginal” que un día fue abordando las inquietudes de la gente pero dejando al margen las tácticas exitosas de AfD de instigar el miedo y la inseguridad. 

Encarar la inmigración “irregular” ocupa, por tanto, el primer punto de su agenda nacional, pues esta es la cuestión que supuestamente ha dado más gasolina al fuego de la AfD. Sin embargo, mucha gente cree que ya es demasiado tarde para esto, y sostiene que la clasificación de “organización extremista”, seguida de una ilegalización, sería la única manera de parar al partido en auge. 

Otros piensan que ese movimiento se le podría volver gravemente en contra a Merz, pues entienden que AfD convertiría esa ‘etiqueta’ en su propio “sello de garantía”, lo que serviría para reforzar aún más su victimismo.

El partido de Merz, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), está dividido en su idea de cómo tratar a la AfD. Merz cooperó tácticamente con el partido ultra a principios de este año –pese a insistir en que no lo haría– para impulsar políticas migratorias en el Parlamento. A nivel local, su partido y AfD han votado juntos, por ejemplo, para establecer que la bandera alemana ondee en los colegios.  

Jens Spahn, aliado cercano a Merz, desató hace poco la indignación al sugerir que habría que tratar a AfD como un “partido normal de la oposición”, afirmando que si se excluía al partido de los procedimientos parlamentarios aumentaría aún más su popularidad.  

Quienes rechazan este enfoque sostienen que el informe de los servicios de Inteligencia hecho público este viernes les da ahora más justificación para bloquear al partido en cualquier ocasión, aunque entienden que esto solo funcionará si prevalece el consenso entre el resto de partidos.