Juan Santiago: «Sánchez no puede atacar a toda la universidad privada por un par de chiringuitos»

En la semana del apagón, Sánchez descargó las culpas en los operadores privados de energía para explicar el porqué del fallo en la red. Pero el ámbito privado , en concreto el de la universidad, ya había sido el cabeza de turco del presidente semanas antes, cuando anunció un decreto que limitará la creación de nuevos centros. Para el Gobierno, algunas privadas no son más que «chiringuitos educativos» que deberán adecuarse por ley a unos nuevos requisitos de calidad, que van a aprobarse en los próximos dos meses. Antes de que esto ocurra, y con el borrador del ministerio de Diana Morant en la mano, son muchas las voces que han cuestionado que estas nuevas condiciones de verdad sirvan para mejorar la calidad académica universitaria. Entre ellas, como es lógico, las del propio sector, que ven en el decreto un ataque «injusto e injustificable» a su modelo. Juan Santiago García, que es el presidente de Acade (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada), ahonda en los motivos. —¿Cómo ha encajado el sector el anuncio de Sánchez? —Con indignación, empezando por el tono del presidente, que empleó el término «chiringuito» para referirse a la universidad privada aludiendo a una supuesta calidad académica deficiente. El del Gobierno ha sido un ataque absolutamente injusto e injustificable a unas universidades que matriculan a unos 450.000 alumnos en España y que han demostrado su excelencia educativa. Hay algo evidente y es que cada vez más jóvenes eligen una universidad privada donde tienen que pagar frente a una pública y gratuita. El anuncio de la norma y su exposición de motivos es inaceptable, tanto por parte del presidente del Gobierno como de la vicepresidenta María Jesús Montero cuando dijo que los médicos formados en la privada «no ofrecen garantías». Si hay un sistema justo y equitativo en España es el de los médicos, puesto que todos pasan por la misma prueba, vengan de la universidad que vengan, que es el MIR. —¿Cuáles son esos motivos por los que cada vez más estudiantes escogen la privada? —Nuestros datos dicen que las universidades privadas tienen diez puntos más de empleabilidad que la pública. Algo que las diferencia de forma clara es que mantienen una relación con el mundo de la empresa muy superior a la de aquellas que dependen del Estado. Pero quiero dejar claro que nuestra intención no es criticar ni hablar mal de la pública, porque entendemos que son centros que ofrecen un servicio de altísima calidad. Pero lo que no se puede y, además, no tiene ningún sentido, es defender la enseñanza pública a través de un ataque la privada. Lo que trata de hacer el Gobierno es utilizar la educación con carácter político, como ya se ha hecho en muchísimas ocasiones. —Examinemos algunas de las modificaciones que incorpora el decreto, como matricular un mínimo de 4.500 alumnos en un plazo de cinco años. —No veo ninguna relación entre el número de alumnos y la calidad de una universidad. Este es un criterio arbitrario que, además, limita la creación de universidades especializadas que pueden responder a una demanda de los alumnos que no encuentran esa oferta en la universidad pública. Estamos poniendo puertas al campo y perjudicando a un sistema más flexible, interdisciplinar y que funciona perfectamente. —Pero, ¿niega que pueda existir algún chiringuito? —En absoluto, creo que algunos puede haber, como los hay en todos los ámbitos económicos. Pero considero que el mercado es muy sabio y, de todas formas, la obligación de la Administración no es atacar a un sector completo porque existan uno o dos chiringuitos, sino ir directamente a esos centros y, si es necesario, cerrarlos. Esta norma mata moscas a cañonazos porque la proporción de privadas que no cumplen con los estándares de calidad es mínima. —Sigamos con otro de los nuevos 'vetos': cada universidad deberá ofrecer un mínimo del 10% de plazas de alojamiento. —Otra ocurrencia. ¿Por qué un 10%? No se puede comparar una universidad que esté en la Comunidad de Madrid, con otra que esté en La Rioja, por ejemplo. Eso está claro, pero, ¿por qué van a obligar a las universidades privadas a solucionar un problema que tendría que resolver el Ministerio de Vivienda? ¿Qué tiene que ver la universidad con la vivienda? —Luego está el problema burocrático que la norma acarreará. —Adecuarse a todas estas exigencias que se han establecido sin un criterio razonable va a suponer un importante coste temporal y económico, sin que ello conduzca a la excelencia. Una de las exigencias –contra la especialización– que marca el borrador del decreto es la obligatoriedad de que en la oferta de Grados, Máster y Doctorados estén representadas tres de las cinco grandes ramas del conocimiento. Pues bien, se ha repetido en numerosas ocasiones que la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) no tiene capacidad para tramitar más titulaciones porque está desbordada. ¿Por qué no se agilizan algunos trámites de la Aneca, en lugar de sobrecargarla aún más? Esta agencia impide que muchas universidades públicas innoven y se adapten a las necesidades del mercado laboral. —Algunas regiones han mencionado la inconstitucionalidad de la futura norma. —Se están invadiendo competencias que están claramente definidas para las comunidades autónomas y que ahora asume el propio Estado con un grado de detalle muy elevado y esto puede rozar la inconstitucionalidad. Además de que si el informe para abrir una nueva universidad lo va a emitir un organismo que depende directamente del Ministerio uno se puede interrogar sobre el sesgo político que los motivará ¿Se va a trabajar técnicamente o se va a ir directamente contra la privada? Pero el decreto también se puede leer como un ataque a la libertad empresarial y que afecta a la seguridad jurídica. Dicho de forma más sencilla, no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Por último, hay un artículo que obliga a que el 75% del profesorado deba residir en España, esto es contrario al derecho de la Unión Europea que establece la libre circulación de trabajadores. —¿Afectará toda esta polémica a nuestra imagen internacional? —Es un verdadero tiro en el pie. España se estaba convirtiendo en un 'hub' internacional a nivel universitario importantísimo. En torno al 30% de los alumnos de la privada son internacionales. ¿Por qué el Gobierno descalifica ahora así a un sector puntero? Hay, en este sentido, otro aspecto a tener en cuenta: si estamos diciendo que la universidad pública está infrafinanciada, ¿podrá asumir a los estudiantes que se expulse de la privada? —El espíritu de este decreto recuerda al de la 'ley Celaá' y su desprecio a la enseñanza concertada o privada . —Desde nuestro punto de vista, el debate entre lo público y lo privado es absurdo. Cada modelo de enseñanza desarrolla una labor y por eso hablar de la educación en términos políticos y no técnicos perjudica gravemente la toma de decisiones.