El negocio corrupto se centraba en sobrefacturar la carga de combustible de los patrulleros, que diariamente transitan por las calles. No sólo había policías involucrados en esta maniobra, sino también empleados de estaciones de servicio. El “arreglo” era debitar de las tarjetas Visa Flota un monto mayor a la nafta que estaba en el tanque de combustible, o hacer figurar que se reabastecían móviles que estaban parados por desperfectos. Los investigadores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) calculan que el perjuicio para el Estado provincial era de unos $45.000.000 por mes, una suma que estaría cercana al 15 por ciento del presupuesto destinado para alimentar con combustible a los patrulleros.

A raíz de que la investigación en manos del fiscal José Luis Caterina avanzó durante las últimas semanas, se ordenaron 36 allanamientos y quedaron detenidos 17 personas, entre ellas, 13 uniformados. La fecha no fue casual. Durante los primeros días del mes, policías de bajo rango, de la sección Garage, iban a buscar los sobres a las estaciones de servicio, que –se sospecha-, luego distribuían, según explicó a LA NACION el secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereyra.

Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe decidió intervenir la conducción de la Unidad Regional II (URII), de Rosario, y quedaron en disponibilidad una decena de jefes de las principales áreas, entre ellos, el Jefe de la Policía rosarina Daniel Acosta, quien no aparece involucrado en esta maniobra delictiva.

Este caso comenzó hace diez meses, cuando le llegó una nota anónima al fiscal Caterina, que inició una investigación sobre la supuesta malversación de fondos que se destinaban a la carga de combustible. El aprovisionamiento de nafta en los patrulleros es un tema recurrente de desmanejo en la policía santafesina.

La intervención de la URII y la remoción del jefe Daniel Acosta, quien no aparece en principio entre el personal sospechado, fue dada a conocer por el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Coccoccioni, quien adelantó que la investigación por corrupción continúa.

Coccoccioni señaló que la intervención estará a cargo de un antiguo titular de la URII, el director general retirado Claudio Romano, quien será reincorporado al servicio y tendrá “todas las facultades inherentes a la jefatura y con reporte directo al Ministerio”. A la par, el gobierno de Maximiliano Pullaro ordenó que se realice una auditoría de la Jefatura de Policía de Rosario, que estará a cargo de la secretaria de Coordinación Técnica del ministerio, Georgina Orciani, que examinará el área de movilidad y los controles de carga de combustible.

“Siempre hemos dado a la policía el más enérgico de los respaldos, pero la inversión en seguridad va de la mano de controles estrictos. Valoramos y destacamos el aumento del patrullaje y la operatividad, porque no vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad”, dijo Cococcioni.

En el Gobierno informaron que, aunque la investigación está en curso y todavía no se realizaron imputaciones, de manera preventiva otros funcionarios que cumplen tareas en la URII también serán desplazados, como los jefes de áreas como Logística, Habilitación, Garage, la Secretaría Privada, Brigada de Orden Urbano, el Comando Radioeléctrico, Caballería y Perros, cuyos titulares pasarán a disponibilidad. Lo mismo se decidió en cuenta a numerarios de Logística, de Motorizada, del Comando, Infantería e incluso uno de la Policía de Investigaciones (PDI) que también está bajo la lupa.

Cómo era el circuito

La maniobra corrupta pasaba por una sobrefacturación en la carga de combustible. Lo que se descubrió es que en lugar de que cada responsable de un patrullero cargue el combustible necesario para circular, los encargados de administrar ese aspecto de la logística concentraban varias de las tarjetas Visa Flota y realizaban los pagos en el posnet de una estación de servicio en particular por montos superiores a lo efectivamente cargado.

Según publicó el diario La Capital, esas cifras eran ingresadas a las planillas y entonces el gasto en combustible era superior a lo que se cargaba en los tanques. Se sospecha que existía tal connivencia con empleados que trabajaran en estaciones de servicio que se habrían detectado aparatos de posnet en domicilios particulares.

Los investigadores estimaron que el perjuicio económico al Estado provincial era cercano a los $45.000.000 de pesos, de un presupuesto cercano a los $380 millones destinado a combustible para la policía rosarina.

Hace diez meses, cuando llegó a sus manos un anónimo en el que se denunciaba esta maniobra delictiva con la carga de combustible, el fiscal Caterina inició una investigación en conjunto con la Subsecretaría de Control Policial (exAsuntos Internos), que eclosionó ayer cuando se realizaron 36 allanamientos en Rosario y la región, lo que incluyó varias dependencias policiales.

Se produjeron allanamientos en oficinas de la sede de la Unidad Regional II, entre ellas, la División Logística, Sección Garaje, Grupo Táctico Multipropósito, Cuerpo de Guardia de Infantería, Administración y Finanzas, Policía Motorizada, Agrupación Cuerpos, Comando Radioeléctrico. También se allanó la División Logística de la Policía de Investigaciones (PDI) en su sede Lamadrid al 500, como también la sede de la Brigada de Orden Urbano, y la de Caballería y Perros.