Galicia carga contra la política migratoria del Gobierno y exige “consenso” tras el reparto de menores

La conselleira de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia, Fabiola García, ha calificado este lunes de “fracaso” la política migratoria del Gobierno central, al tiempo que ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que retome “la vía del consenso y el diálogo” en la gestión de la acogida de menores inmigrantes.

García ha denunciado que los nuevos criterios de reparto de menores inmigrantes que serán presentados en la conferencia están diseñados “por Junts, para beneficiar claramente a Cataluña”, lo que ha calificado como “un traje a medida para un prófugo de la justicia como Puigdemont”. Según esos cálculos, Galicia debería acoger 326 menores, mientras que a Cataluña solo le corresponderían 26. “Un lugar como Melilla va a recibir más menores que Cataluña”, ha subrayado, cuestionando la equidad del reparto.

La conselleira ha insistido en que Galicia mantiene su compromiso de acogida, “en la medida de las posibilidades”, pero ha alertado de la situación límite en la que se encuentran los recursos de la comunidad: “Tenemos un 108% de sobreocupación” en los centros de acogida, lo que imposibilita recibir a más menores sin comprometer la calidad de la atención.

“Si hoy recibimos 326 menores inmigrantes, ¿cuántos recibiremos la semana que viene o dentro de unos meses?”, se ha preguntado, criticando la falta de previsión y de apoyo estatal. Según García, Galicia ha asumido ya el 16% de los inmigrantes que llegan a España, pese a representar solo el 6% de la población nacional. Por todo ello, ha reclamado al Ejecutivo central que abandone “la vía de la imposición” y retome el camino del “acuerdo y la colaboración”.

Reclamación de fondos para el SAF

Además de la cuestión migratoria, Fabiola García ha abordado las negociaciones para la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), donde ha reclamado al Gobierno central que asuma su parte de responsabilidad. La conselleira ha recordado que las condiciones laborales del servicio “son competencia de las empresas privadas y los propios trabajadores, a través de los convenios colectivos”, por lo que la Xunta no tiene injerencia directa en esa materia.

En cuanto a la financiación, García ha denunciado que el Estado debe más de 2.500 millones de euros a Galicia por la aplicación de la ley de dependencia. “El Gobierno debería continuar incrementando esa senda de financiación hasta llegar al 50% que marca la ley, pero lo que vemos es un descenso continuo”, ha lamentado. Según los datos que ha ofrecido, si en 2023 la aportación estatal suponía el 40%, en 2024 se ha reducido al 34,9%.

La conselleira ha recordado además que, en la pasada legislatura, la Xunta alcanzó un acuerdo con la Federación Galega de Municipios (Fegamp) para abordar la financiación autonómica del servicio y ha avanzado que “ya hemos celebrado la primera reunión en esta nueva legislatura” con el objetivo de actualizar los compromisos.