El compromiso de recortar la temporalidad desbocada en el sector público viene de lejos, pero el problema más que solucionarse se enquista y los incumplimientos abocan a España a multas millonarias tras años de avisos de las autoridades comunitarias. En 2021 el Gobierno impulsó por la vía exprés un plan de choque para reducir la eventualidad en la Administración, entonces en el 30% y situarla en el 8% a final de 2024, y este compromiso se incluyó en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas. El Ejecutivo fue entonces muy optimista en conseguir el objetivo. «Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público», dijo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero , justificando la...
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