España, uno de los países de la UE que menos invierte en infancia, y a la cola en abandono escolar
Desde Plataforma de Infancia , red de más de 70 organizaciones de infancia, consideran prioritarias una serie de medidas para situar los derechos de las niños y adolescentes en el centro de la agenda política, como son la aprobación de una prestación universal para la crianza, la ampliación de los permisos por nacimiento, la remuneración de permisos parentales cumpliendo con la Directiva europea o el aumento de la inversión en educación mediante becas. Estas, entre otras, se recogen en el documento «Propuestas de infancia para la XV legislatura 2025» que esta organización realiza anualmente para analizar la situación de la infancia en España y lanzar recomendaciones al Gobierno y a los grupos Parlamentarios para reducir la pobreza infantil, garantizar el acceso a la educación, la salud, promover espacios seguros y libres de violencia, transformar el sistema de protección y mejorar la calidad del medio ambiente. «Es necesario aumentar la inversión pública en políticas de apoyo a la infancia ya sus familias, ya que España es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en este tipo de políticas. Solo destina el 4,1 % del PIB per cápita, mientras que los medios europeos se sitúan en el 7,2 %» , señala Ricardo Ibarra, director de esta red. Uno de los retos fundamentales para las organizaciones de infancia de cara a esta legislatura tiene que ver con la infancia migrante no acompañada, ya que «se vulneran sus derechos imponiéndose las políticas migratorias a las de protección», alerta Ibarra. La principal causa de estas vulneraciones es que la condición de migrante se antepone a su condición de niño o adolescente. En este sentido, una de las medidas que proponen es garantizar que la reforma del procedimiento de determinación de la edad para la infancia migrante se realice de acuerdo con los Dictámenes del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Por otro lado, también destaca la falta de enfoque de infancia en las políticas medioambientales. El derecho de la infancia a un medioambiente saludable ha ido adquiriendo importancia en la agenda política gracias a las movilizaciones de niñas, niños y adolescentes, y lo que se propone desde la Plataforma de Infancia es que se dé cumplimiento y difusión a la Observación General Nº. 26 del Comité de los Derechos del Niño sobre los derechos del niño y el medio ambiente, con especial atención al cambio climático. «El Gobierno tiene grandes retos por delante en esta legislatura para garantizar los derechos de la infancia en España», señala Ibarra. Y es que a pesar de los avances en materia de infancia en 2024, España sigue siendo el segundo país con la mayor tasa de pobreza infantil en la Unión Europea, alcanzando el 29,2 % niños en esta situación. También estamos a la cola en cuanto a la tasa de abandono escolar temprano, que, con un 13,7 %, también es una de las más altas respecto a los países europeos de nuestro entorno. Además, la violencia contra la infancia continúa siendo un problema alarmante, en 2023 se presentaron 65.382 denuncias que tenían como víctima a una niña, niño o adolescente. De ellas, se destacan las 9.185 denuncias por delitos contra la libertad sexual, lo que supone un 10,2 % más que en 2022. Por otro lado, todavía hoy más de 1.000 niñas y niños menores de 6 años crecen en centros de protección y no se prioriza el acogimiento familiar como medida alternativa. Es urgente garantizar que la infancia y la adolescencia tengan acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la protección. «Las decisiones que tomemos en 2025, definirán nuestra capacidad como sociedad para cumplir con los compromisos internacionales en materia de infancia y derechos humanos» , concluye Ibarra. Por otro lado, este es un año clave para los derechos de la infancia y la adolescencia, ya que se celebrará el Diálogo interactivo entre España y el Comité de los Derechos del Niño, para poner punto final al proceso de seguimiento del Comité que evalúa, cada cinco años, el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas en nuestro país. Para ello, elaborará un documento de Observaciones Finales con recomendaciones a España que deben ser la guía para la adopción de políticas públicas por parte de las distintas Administraciones durante los próximos años.
Desde Plataforma de Infancia , red de más de 70 organizaciones de infancia, consideran prioritarias una serie de medidas para situar los derechos de las niños y adolescentes en el centro de la agenda política, como son la aprobación de una prestación universal para la crianza, la ampliación de los permisos por nacimiento, la remuneración de permisos parentales cumpliendo con la Directiva europea o el aumento de la inversión en educación mediante becas. Estas, entre otras, se recogen en el documento «Propuestas de infancia para la XV legislatura 2025» que esta organización realiza anualmente para analizar la situación de la infancia en España y lanzar recomendaciones al Gobierno y a los grupos Parlamentarios para reducir la pobreza infantil, garantizar el acceso a la educación, la salud, promover espacios seguros y libres de violencia, transformar el sistema de protección y mejorar la calidad del medio ambiente. «Es necesario aumentar la inversión pública en políticas de apoyo a la infancia ya sus familias, ya que España es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en este tipo de políticas. Solo destina el 4,1 % del PIB per cápita, mientras que los medios europeos se sitúan en el 7,2 %» , señala Ricardo Ibarra, director de esta red. Uno de los retos fundamentales para las organizaciones de infancia de cara a esta legislatura tiene que ver con la infancia migrante no acompañada, ya que «se vulneran sus derechos imponiéndose las políticas migratorias a las de protección», alerta Ibarra. La principal causa de estas vulneraciones es que la condición de migrante se antepone a su condición de niño o adolescente. En este sentido, una de las medidas que proponen es garantizar que la reforma del procedimiento de determinación de la edad para la infancia migrante se realice de acuerdo con los Dictámenes del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Por otro lado, también destaca la falta de enfoque de infancia en las políticas medioambientales. El derecho de la infancia a un medioambiente saludable ha ido adquiriendo importancia en la agenda política gracias a las movilizaciones de niñas, niños y adolescentes, y lo que se propone desde la Plataforma de Infancia es que se dé cumplimiento y difusión a la Observación General Nº. 26 del Comité de los Derechos del Niño sobre los derechos del niño y el medio ambiente, con especial atención al cambio climático. «El Gobierno tiene grandes retos por delante en esta legislatura para garantizar los derechos de la infancia en España», señala Ibarra. Y es que a pesar de los avances en materia de infancia en 2024, España sigue siendo el segundo país con la mayor tasa de pobreza infantil en la Unión Europea, alcanzando el 29,2 % niños en esta situación. También estamos a la cola en cuanto a la tasa de abandono escolar temprano, que, con un 13,7 %, también es una de las más altas respecto a los países europeos de nuestro entorno. Además, la violencia contra la infancia continúa siendo un problema alarmante, en 2023 se presentaron 65.382 denuncias que tenían como víctima a una niña, niño o adolescente. De ellas, se destacan las 9.185 denuncias por delitos contra la libertad sexual, lo que supone un 10,2 % más que en 2022. Por otro lado, todavía hoy más de 1.000 niñas y niños menores de 6 años crecen en centros de protección y no se prioriza el acogimiento familiar como medida alternativa. Es urgente garantizar que la infancia y la adolescencia tengan acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la protección. «Las decisiones que tomemos en 2025, definirán nuestra capacidad como sociedad para cumplir con los compromisos internacionales en materia de infancia y derechos humanos» , concluye Ibarra. Por otro lado, este es un año clave para los derechos de la infancia y la adolescencia, ya que se celebrará el Diálogo interactivo entre España y el Comité de los Derechos del Niño, para poner punto final al proceso de seguimiento del Comité que evalúa, cada cinco años, el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas en nuestro país. Para ello, elaborará un documento de Observaciones Finales con recomendaciones a España que deben ser la guía para la adopción de políticas públicas por parte de las distintas Administraciones durante los próximos años.
