El Supremo abre la tercera investigación penal contra Alvise por sus mensajes de una fiscal en Telegram

El Tribunal Supremo ha iniciado una causa penal contra el eurodiputado Luis Pérez, Alvise, por difundir varios mensajes contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert, a través de su canal de Telegram. Es la tercera investigación que el alto tribunal emprende contra Alvise, tras abrir dos causas por financiación ilegal y por difundir una PCR falsa del actual presidente de Cataluña, Salvador Illa. La Sala de lo Penal ha designado al magistrado Juan Ramón Berdugo como instructor de la investigación. El auto de la Sala de lo Penal apunta a un posible delito de acoso continuado del artículo 172ter del Código Penal.

La causa parte de una denuncia que presentó la propia Gisbert, y se ha desarrollado hasta este momento en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia. Este juzgado elevó en febrero una exposición razonada ante el Supremo, dado que este es el único tribunal que puede investigar a un aforado. Andes de imputar a Pérez, el instructor deberá pedir permiso a la Eurocámara.

En su denuncia, la fiscal Susana Gisbert expuso una serie de mensajes difundidos por Alvise que "habían favorecido que personas desconocidas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes [...] a través de X (antes Twitter), Instagram y Facebook".

Concretamente, el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) había enviado el siguiente texto: "Aquí tenéis el organigrama completo con nombre y apellidos de las personas responsables de la persecución ideológica llamada 'delitos de odio'. Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una invasión. Están organizados por ciudades. Busquemos sus identidades. En la imagen, Susana Gisbert Grifo; la responsable en Valencia de haber exigido tres años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra 'inmigración' e 'invasión' juntas".

Tal y como relata el Supremo en un auto de 11 folios, la declaración de Alvise Pérez produjo "la reacción inmediata" de los seguidores del canal de Telegram, "quienes efectuaron más de 1.500 comentarios contra" Gisbert. Entre ellos, "contenidos insultantes" que incitaban a "perseguir o atacar a la fiscal en cualquiera de los lugares que frecuentara, atacar su casa, hacerle la vida imposible...".

Más tarde, Pérez difundió una imagen de Gisbert junto a una periodista. "Son amigas de farra y se hacen favores mutuamente. Las diferencias en esta ocasión es que ahora las perseguidas son ellas", comentó el eurodiputado tras enviar la fotografía.

La Sala de lo Penal, tras analizar lo expuesto por el juzgado valenciano, señala que no se puede concluir que Alvise Pérez "cursara directamente coacciones, amenazas o injurias contra la fiscal denunciante". Tampoco que sea autor de un delito de odio. Pero señala que "ello no excluye una eventual responsabilidad criminal por los concretos hechos que son objeto de investigación".

Acto seguido, el escrito alude al artículo 172ter del Código Penal, que castiga a quien acose a una persona "de forma insistente y reiterada". El tribunal subraya que, atendiendo a la jurisprudencia, para que una conducta encaje en este delito, "basta" con que la víctima sufra "una presión psíquica interna que antes no existía", siempre que esta "pueda constatarse o inferirse de elementos que acrediten su presencia".

Así, el Supremo sostiene que la actuación del eurodiputado puede encajar en este delito de acoso continuado, en tanto que los mensajes provocaron "una animadversión hacia la denunciante". Además, el auto explica que "pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer" el desarrollo de la vida cotidiana de Susana Gisbert. Pérez "insistió en dinamizar una animadversión o reacción colectiva contra ella cuando muchos de sus seguidores habían hecho ya explícita la idea de agredirla o intimidarla".