El Parlamento encarga al Tribunal de Cuentas que examine los 'enchufes' de Ábalos en empresas públicas
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves una propuesta del PP encargando a este organismo una fiscalización de los contratos en empresas públicas de personas vinculadas al exministro socialista José Luis Ábalos, como su amiga Jésica Rodríguez, la 'miss' Asturias 2017, Claudia Montes, o el hermano de su exasesor Koldo García. Se trata de una petición que el primer partido de la oposición registró el pasado mes de marzo para instar al fiscalizador a revisar la contratación de personal de distintas empresas públicas entre 2018 y 2024. A raíz de las informaciones surgidas de la investigación sobre la trama por la que se investiga a Ábalos y a su exasesor en el ministerio, se pide en concreto al Tribunal de Cuentas un «informe de fiscalización especial» sobre las contrataciones de personal de Tragasatec e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), donde estuvo contratada Jésica Rodríguez, quien certificó ante el Supremo que cobró de ambas, aunque sin acudir a su puesto de trabajo. Recientemente el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, apreció indicios de delito en la actuación de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera por la «caprichosa» contratación de Rodríguez en estas dos empresas, por lo que ha deducido testimonio a la Audiencia Nacional para que sea el juez que investiga allí este caso el que decida si procede imputarla. El Tribunal de Cuentas también deberá fiscalizar los contratos de personal de Logirail, empresa en la que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil podría haber contratado a otra mujer vinculada al exministro de Transportes, la 'miss' Asturias 2017, a quien el juez llamó a declarar como testigo, pero aún no lo ha hecho. El informe de fiscalización que se reclama deberá incluir también una auditoria de las personas contratadas por Enajenación de Materiales Ferroviarios (EMFESA), donde entre 2021 y el pasado mes de marzo trabajó Joseba García, hermano de Koldo García. «Existen dudas razonables, a tenor de las declaraciones de estas personas contratadas, sobre los procesos de selección y prestación de los trabajos asignados, así como el uso de los recursos públicos con criterios de legalidad, eficacia y eficiencia», ha dicho la senadora popular Pilar Alía, al defender la iniciativa. El PP ha contado con el apoyo de Vox, cuyo diputado Juanjo Aizcorbe ha aprovechado para quejarse de la multa de más de 850.000 euros que el Tribunal de Cuentas acaba de imponer a su partido por aceptar donaciones anónimas. «En resumen, apoyamos la fiscalización propuesta, pero exigimos que el tribunal cumpla con su deber de manera justa y transparente, para que los ciudadanos puedan confiar en las instituciones que deben proteger sus intereses». Incluso el PSOE lo ha respaldado alegando que no teme la «transparencia», aunque el senador socialista Amaro Huelva ha pedido ampliar la fiscalización a partir de 2011 para abarcar también la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, pero no ha llegado a votarse.
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves una propuesta del PP encargando a este organismo una fiscalización de los contratos en empresas públicas de personas vinculadas al exministro socialista José Luis Ábalos, como su amiga Jésica Rodríguez, la 'miss' Asturias 2017, Claudia Montes, o el hermano de su exasesor Koldo García. Se trata de una petición que el primer partido de la oposición registró el pasado mes de marzo para instar al fiscalizador a revisar la contratación de personal de distintas empresas públicas entre 2018 y 2024. A raíz de las informaciones surgidas de la investigación sobre la trama por la que se investiga a Ábalos y a su exasesor en el ministerio, se pide en concreto al Tribunal de Cuentas un «informe de fiscalización especial» sobre las contrataciones de personal de Tragasatec e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), donde estuvo contratada Jésica Rodríguez, quien certificó ante el Supremo que cobró de ambas, aunque sin acudir a su puesto de trabajo. Recientemente el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, apreció indicios de delito en la actuación de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera por la «caprichosa» contratación de Rodríguez en estas dos empresas, por lo que ha deducido testimonio a la Audiencia Nacional para que sea el juez que investiga allí este caso el que decida si procede imputarla. El Tribunal de Cuentas también deberá fiscalizar los contratos de personal de Logirail, empresa en la que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil podría haber contratado a otra mujer vinculada al exministro de Transportes, la 'miss' Asturias 2017, a quien el juez llamó a declarar como testigo, pero aún no lo ha hecho. El informe de fiscalización que se reclama deberá incluir también una auditoria de las personas contratadas por Enajenación de Materiales Ferroviarios (EMFESA), donde entre 2021 y el pasado mes de marzo trabajó Joseba García, hermano de Koldo García. «Existen dudas razonables, a tenor de las declaraciones de estas personas contratadas, sobre los procesos de selección y prestación de los trabajos asignados, así como el uso de los recursos públicos con criterios de legalidad, eficacia y eficiencia», ha dicho la senadora popular Pilar Alía, al defender la iniciativa. El PP ha contado con el apoyo de Vox, cuyo diputado Juanjo Aizcorbe ha aprovechado para quejarse de la multa de más de 850.000 euros que el Tribunal de Cuentas acaba de imponer a su partido por aceptar donaciones anónimas. «En resumen, apoyamos la fiscalización propuesta, pero exigimos que el tribunal cumpla con su deber de manera justa y transparente, para que los ciudadanos puedan confiar en las instituciones que deben proteger sus intereses». Incluso el PSOE lo ha respaldado alegando que no teme la «transparencia», aunque el senador socialista Amaro Huelva ha pedido ampliar la fiscalización a partir de 2011 para abarcar también la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, pero no ha llegado a votarse.
