El juez Hurtado cierra la vía de Moncloa e insiste en que el correo de la pareja de Ayuso fue filtrado por la Fiscalía

El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por la filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha enfriado la parte de la causa que mantenía abierta sobre la Moncloa y su papel en el caso. Ángel Hurtado ha reconocido que no hay pruebas para afirmar que Pilar Sánchez Acera, exasesora de Óscar López, se concertó de alguna manera con la Fiscalía para filtrar a la prensa ese correo de Alberto González Amador, algo que llegó a dar por hecho en autos anteriores. Su última resolución descarta la implicación de asesores y altos cargos de Moncloa en el caso, pero apunta claramente a su intención de llevar al banquillo a Álvaro García Ortiz: el correo fue “presumiblemente filtrado de Fiscalía”, asegura en su auto más reciente.

Hurtado puso en marcha esta línea de investigación nada más saber que Juan Lobato, entonces secretario general del PSOE en Madrid, había ido al notario para consignar varios mensajes. En concreto, registró los que había cruzado con Pilar Sánchez Acera, entonces asesora en Moncloa, en la mañana del 14 de marzo de 2024 cuando quedaba poco más de una hora para el pleno de la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso se iba a enfrentar por primera vez a la oposición después de que elDiario.es revelara el caso de fraude fiscal de su pareja y Sánchez Acera tenía un documento al que varios medios se habían referido la noche anterior: la confesión escrita del abogado de González Amador que contradecía frontalmente el discurso de la presidenta madrileña.

Lobato explicó que esa mañana Sánchez Acera le hizo llegar ese correo y que él esperó a que algún medio de comunicación lo publicara para mostrarlo en el parlamento ante Ayuso. Ante el juez y, como testigo, la exasesora de Óscar López en Moncloa y hoy secretaria de organización del PSOE en Madrid aseguró que no recordaba quién se lo había hecho llegar, negó haber tenido el correo como tal, sino un documento con otro formato y rechazó haberlo recibido de la Fiscalía. Las conversaciones entregadas por Lobato reflejaban más mensajes de otros responsables de comunicación del entorno del PSOE sobre el asunto y Francesc Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación, negó haber tenido acceso a ese documento.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no tardó en concluir que Sánchez Acera tuvo “información certera” de la filtración del correo y tampoco dudó en apuntar a más responsables de comunicación del entorno del PSOE y Moncloa por figurar en esos mensajes: desde Vallès hasta Ion Antolín, entonces director de comunicación del partido, pasando por otros trabajadores. El juez recogió el guante: el correo salió de la Fiscalía “destino Presidencia del Gobierno” con “gestiones” desde ese departamento para que fuera publicado por un medio y poder usar el correo contra Ayuso “con una clara finalidad política”. Fue una estrategia conjunta entre Moncloa y el Ministerio Público.

Sánchez Acera y Vallés comparecieron como testigos y varias acusaciones, entre ellas el propio González Amador, pidieron al juez que profundizara en esta línea de investigación, que solicitara sus teléfonos y que llamara a declarar a más testigos. La respuesta del juez ha sido rechazar todas esas diligencias y concluir que, aunque no termina de creer el testimonio de Sánchez Acera, la teoría de que hubo una filtración previa de la Fiscalía quita cualquier relevancia penal al mensaje que envió a Lobato en la mañana del 14 de marzo. La revelación de secretos, cree el juez, ya había sido perpetrada.

“Ella no hizo público secreto alguno”, dice el juez, que en su auto da por hecho que ese documento con la confesión del empresario llegó al teléfono de la asesora desde la Fiscalía. Recibió el correo, afirma el magistrado, “presumiblemente filtrado de Fiscalía” y, por tanto, ella personalmente “no reveló nada”. El juez reconoce que hay un “contexto político” que “flota en las presentes actuaciones” pero anuncia que su objetivo es “alejarnos en lo posible” de esta ramificación del caso que afectaba a Moncloa. “Si se pretende una investigación hacia alguna de estas direcciones, no ha de ser tolerada”. Las afirmaciones de la Guardia Civil y del propio juez, por tanto, no pasan de la testifical de Sánchez Acera, aunque para el juez todo avanza en la dirección del banquillo para los dos fiscales imputados.

Su declaración, “un elemento más” contra Fiscalía

El juez Ángel Hurtado ya ha dejado claro en sus últimas resoluciones que tiene completamente claro que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, deben sentarse en el banquillo acusados de filtrar a la prensa el correo con la confesión de González Amador. La Sala de Apelaciones del Supremo ha apuntalado su instrucción rechazando todos y cada uno de los recursos presentados por los imputados y avalando diligencias clave como los registros de la Guardia Civil en su despacho nada más abrir las diligencias.

Para el magistrado, la actuación de Sánchez Acera no fue delictiva, pero porque previamente, según la teoría que desarrolla desde hace meses, la Fiscalía ya había filtrado el correo. “La actuación de Pilar Sánchez Acera es un elemento más que apunta a que la filtración del correo de 2 de febrero de 2024 sale, presumiblemente, de Fiscalía”, explica el juez. Todos los datos de la causa, apunta, avanzan en “la presunción” de que “su procedencia, cuando llegó a manos de Sánchez Acera, tuviera que ser de la Fiscalía General del Estado”. La secretaria de Organización del PSOE de Madrid, añade, está “tratando de encubrir a quien se lo envió”, lo que según el juez “no deja de ser un elemento más que abunda en que presumiblemente le fue remitido desde la Fiscalía General del Estado”.

Descartada la vertiente del caso que llevaba a Moncloa, la causa en estos momentos está a la espera de que Google y WhatsApp remitan toda la información que hayan podido recuperar de las cuentas de García Ortiz después de que cambiara de teléfono y eliminara su contenido. Tras varios meses de investigación, el juez ha llegado a la conclusión de que García Ortiz y Rodríguez urdieron la filtración del correo a los medios de comunicación en la noche del 13 de marzo, aunque por el momento ninguna prueba demuestra que, más allá de haber solicitado todos los detalles al fiscal del caso para desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez, ellos filtraran ese correo a la prensa.

Las partes también están a la espera de la reacción del juez a las últimas revelaciones de la Abogacía del Estado: que el 2 de febrero de 2024 el abogado de González Amador no solo envió esa confesión al fiscal Julián Salto para buscar un acuerdo, sino que también se la remitió por correo a un abogado del Estado, un mes antes de ser denunciado. Hasta ahora, el empresario había ocultado este dato en sus denuncias y querellas y, según la Fiscalía y la Abogacía, diluye aún más las acusaciones contra el fiscal general.