El Gobierno se atasca con una decena de reformas necesarias para recibir más fondos UE

Han pasado ya cinco meses desde que se solicitó el quinto pago y esto ha retrasado el sexto. Para ambos, aún hay reformas pendientes de aprobar en el Congreso

May 10, 2025 - 21:18
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El Gobierno se atasca con una decena de reformas necesarias para recibir más fondos UE

Han pasado cinco meses desde que el Gobierno solicitó el quinto desembolso de los fondos Next Generation a la Comisión Europea, que debía comprobar que España había cumplido los compromisos de reformas e inversiones plasmados en el Plan de Recuperación para dar luz verde al desembolso. El retraso evidente, con un sexto pago que ya debería haberse solicitado, ha hecho que España pierda posiciones entre los Estados miembros y se arriesgue a perder dinero asignado, pues en agosto de 2026 -dentro de 15 meses- Bruselas cerrará el 'grifo' si no hay cambios.

El principal problema está en que varias de las reformas que estaban comprometidas se han atascado en el Congreso o ni siquiera han llegado a tramitarse. La más conocida es la subida del impuesto al diésel. La equiparación de la fiscalidad con la gasolina es un compromiso adquirido con Bruselas que el Ejecutivo intentó incorporar a su paquete fiscal, pero fue rechazado en el Congreso por el voto en contra de Podemos. El Gobierno iba a aprobarlo en diciembre, pero lo pospuso para asegurarse los apoyos parlamentarios. Podemos lo condicionó al mantenimiento del gravamen sobre las energéticas, que finalmente el Congreso tumbó en enero. 

La novedad en este asunto es que en el Informe de Progreso Anual que envió el Gobierno el pasado 30 de abril se da por cumplida la reforma fiscal "en fase 1" con "el último paquete de medidas tributarias de finales de 2024", dejando para una "fase 2" un aumento adicional de los ingresos tributarios del 0,1% del PIB a través de "modificaciones de beneficios fiscales", consiguiéndolo "a más tardar en el cuarto trimestre de 2025". Está por ver si la Comisión Europea acepta y desbloquea el quinto pago antes de verano, como está previsto, sin equiparar el impuesto al diésel al de la gasolina.

No es el único escollo para el quinto pago que España solicitó en diciembre, por 24.000 millones de euros. Falta por aprobar la Ley de Servicios Sociales; así como la Ley de Familias, que está en el Congreso desde mayo de 2024 y continua en proceso de enmiendas. Para el sexto también hay aún reformas importantes pendientes de aprobar, tal y como informan fuentes de Llorente y Cuenca (LLYC): la Ley de Industria, la Ley del Cine, y la Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud siguen varadas en la Cámara Baja, en fase de enmiendas.

Tampoco ha llegado aún al Congreso la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, un anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de abril y sobre el que las comunidades del PP han presentado alegaciones al considerar que "pone el riesgo la calidad y sostenibilidad del sistema sanitario". También deben cumplirse otras meiddas como la creación de un nuevo organismo público de evaluación o la mejora de la concesión de autorizaciones para la producción de energía renovable y la infraestructura de la red eléctrica.

Inversiones: el Gobierno rebaja los compromisos

Por último, más allá de las reformas que el Gobierno no logra sacar adelante ante su debilidad parlamentaria, hay compromisos de inversiones que el Gobierno se ha visto obligado a retocar porque, de lo contrario, Bruselas no los habría validado y tendría que embargar parte del quinto desembolso. En concreto, según LLYC, en las últimas modificaciones que la Comisión aprobó el 11 de abril se trata de "simplificar" y "facilitar" el cumplimiento de objetivos de inversión relacionados con el tratamiento de aguas residuales, rehabilitación de espacios mineros o apoyo a proyectos de I+D+i, siempre en el sentido de facilitar su cumplimiento.

Explican que, por ejemplo, en el caso del objetivo número 70, de rehabilitación de antiguos emplazamientos mineros, la modificación consiste en un cambio del nivel de ambición del objetivo. Antes se exigía la rehabilitación de al menos el 50% de la superficie de cada uno de los 20 antiguos emplazamientos mineros, incluyendo acciones como la descontaminación del suelo, la recuperación morfológica y la naturalización, mientras que el nuevo redactado reduce el compromiso al inicio de las obras de rehabilitación en dichos emplazamientos, eliminando la exigencia de un porcentaje mínimo de superficie rehabilitada por cada sitio.

Otro ejemplo es el objetivo número 76 sobre infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales, con un cambio "importante" en la forma de medir el cumplimiento del objetivo. El texto original se centraba en el impacto funcional de las infraestructuras, estableciendo como criterio la puesta en servicio de instalaciones que dieran servicio a al menos 175.000 habitantes equivalentes y que contribuiran al cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, así como a la eficiencia energética o la reducción de pérdidas.

En cambio, el nuevo redactado "elimina esta referencia cuantitativa al número de habitantes y al impacto directo, y la sustituye por la finalización de 70 acciones de mejora o construcción de infraestructuras, con objetivos generales de cumplimiento normativo y mejora de la eficiencia, sin concretar el alcance poblacional ni el estado operativo final de las instalaciones", explican fuentes de LLYC.

Finalmente, el Gobierno también ha hecho retoques en los plazos. Por ejemplo, en el objetivo de llevar a cabo el Plan integral de impulso a la Economía Social, retrasa el cumplimiento 6 meses (del segundo trimestre de 2025 al cuarto) como consecuencia de las inundaciones de la DANA.

Para el sexto pago deben haberse llevado a cabo ya bastantes proyectos de los aprobados en convocatorias anteriores, y aunque los expertos de la consultora no advierten de momento ningún objetivo que pueda ser "especialmente problemático", citan los objetivos relacionados con la digitalización de las administraciones públicas, "cuyo nivel de ambición es relevante y falta ver si se puede alcanzar para ese desembolso". Está por ver si antes del plazo, agosto de 2026, todo se cierra según lo comprometido. En riesgo están los más de 100.000 millones que España todavía no ha recibido.