El Congreso da luz verde a la ley para la distribución obligatoria de menores migrantes con el rechazo de PP y Vox

Decenas de reuniones sin avances, cruce de reproches, estrategias políticas y un intento fallido de trámite parlamentario, mientras miles de menores seguían viviendo en condiciones inadecuadas para cualquier niño. Después de meses de negociaciones, el Congreso ha dado luz verde este jueves a la reforma de la Ley de Extranjería que permitirá el traslado obligatorio de menores migrantes por comunidades autónomas en caso de emergencia humanitaria, como la que vive actualmente Canarias y Ceuta.

Con 179 votos a favor, 170 en contra y una abstención, el decreto ley aprobado por el Gobierno hace tres semanas ha conseguido pasar el trámite parlamentario necesario para activar el mecanismo creado por el Ejecutivo y Canarias para trasladar menores migrantes desde territorios cuyos sistemas de acogida se encuentren al triple de su capacidad. Tras la votación, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, han celebrado con un abrazo la convalidación de la norma.

A su salida del hemiciclo Rego también ha corrido a abrazar al presidente canario, Fernando Clavijo. Sus reacciones tras la votación dan cuenta de lo mucho que ha costado cada pequeño paso del proceso, un camino caracterizado por el cruce de acusaciones entre los distintos actores de la negociación.

Después del veto de la norma el pasado mes de julio por parte de Junts, PP y Vox, la medida había regresado al Parlamento con la aritmética parlamentaria a su favor, después del acuerdo alcanzado por el Gobierno con los independentistas para garantizar su apoyo a la reforma.

Superado el trámite, el Ejecutivo ya prepara los siguientes pasos a seguir con la intención de iniciar los primeros traslados de menores desde Canarias y Ceuta en verano, según ha concretado la ministra de Infancia, Sira Rego, en los pasillos del Congreso. Su departamento convocará una conferencia sectorial el próximo 28 de abril para presentar a las comunidades autónomas la cifra de los niños y adolescentes que deberá recibir a cada una de ellas, después de la certificación de los datos enviados por las comunidades la semana pasada.

Durante su discurso, Torres ha reclamado en varias ocasiones el apoyo del PP, formación que cogobierna en Canarias y Ceuta, las dos autonomías que actualmente necesitarían activar los traslados de menores planteados en la nueva normativa. No obstante, el PP, al igual que Vox, ha votado en contra. “Esto me lleva a apelar al voto favorable del Partido Popular. Porque no hemos hecho otra cosa, señorías, que hacer lo que ustedes hubiesen tenido que hacer de haber estado gobernando este país, porque así lo firmaron”, ha recalcado en referencia el compromiso incluido en los pactos con los que el PP intentó la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que recogía la distribución de los menores migrantes por los distintos territorios de España. “Se lo pido al Partido Popular, que conoce la realidad de este fenómeno, porque gobierna o cogobierna en Ceuta, Melilla y Canarias”, añadió Torres.

El titular de Política Territorial, encargado de coordinar las negociaciones sobre la distribución de menores migrantes, ha respondido en el hemiciclo a algunas de las quejas trasladadas en los últimos días por los partidos de la oposición en relación al sistema de reparto. Los ejecutivos de varias autonomías dirigidas por el PP denuncian que sus sistemas de acogida también se encuentran colapsados. “¿Si con 600 menores está desbordada una comunidad de 5 millones de habitantes, qué adjetivo pondrían ustedes a una comunidad de 2 millones que acoge y tutela a 6.000 menores?”, ha expresado el ministro. “¿O qué decimos de Ceuta, que atendió en 2024 a 867 menores migrantes no acompañados y tiene una población que no llega a 84.000 habitantes?”.

Torres ha recordado que la medida debatida no solo está creada para la situación de los territorios fronterizos, sino que puede llegar a aplicarse en cualquier comunidad si cumplen los requisitos. “Hoy es Canarias, Ceuta y Melilla, pero mañana puede ser otro territorio. Las rutas cambian. Y con este real decreto, que es renovable, cualquier territorio estará amparado ante una contingencia migratoria”, ha añadido.

La diputada del PP, Ana Isabel Alós, ha dejado claro desde el inicio del debate su rechazo a la reforma, que considera una “chapuza administrativa” que no solucionará la situación de Canarias. “Se limita a repartir el problema sin abordar ni una sola de las causas”, ha afirmado. La parlamentaria ha defendido que la medida sale adelante tras un “chantaje de los independentistas” en relación al acuerdo para la delegación de competencias en inmigración para Cataluña.

La reforma

En cuanto al número de menores que deberá recibir cada autonomía, aún se desconoce la cifra actualizada después del envío de datos por parte de las comunidades la semana pasada. El Ejecutivo lleva meses trabajando con varias tablas de proyecciones, aproximaciones con las que el Gobierno calculó provisionalmente cómo quedaría la distribución en base a las últimas cifras de las que disponen, que deben ser actualizadas con la información enviada por las autonomías la semana pasada. La fórmula escogida da un mayor peso a lo que llaman “esfuerzo previo de acogida”, que no tiene tanto que ver con el número de menores que acogen actualmente, sino con la capacidad estructural de su sistema de acogida para atender a estos chavales.

Las estimaciones, aún no actualizadas, apuntan a que las regiones que más menores tendrán que recibir serán la Comunidad de Madrid (806), Andalucía (795) y Comunidad Valenciana (478). Mientras que otras como Catalunya (27), Baleares (59) y País Vasco (88), sería las que menos chavales albergarían debido a ese “esfuerzo previo” realizado en la acogida, según esa aproximación de los datos.

La reforma incluye la aprobación de un crédito extraordinario en 2025 con el que Hacienda financiará una parte de los costes derivados del traslado de menores, en este caso, desde Canarias y Ceuta. Las autonomías solo recibirán financiación para sufragar las plazas que deban crear por encima de un mínimo de espacio que el Gobierno asume que debe tener cada territorio, lo que denomina “capacidad ordinaria”. Es decir, el decreto creará un mecanismo para redefinir el sistema de acogida de menores, con la introducción de un mínimo de plazas de acogida de niños y adolescentes, como el que actualmente existe en otros ámbitos como, por ejemplo, el sanitario donde cada comunidad debe tener un número mínimo de camas de hospital.

Si las comunidades autónomas no se ponen de acuerdo de forma unánime para impulsar otra vía, el Gobierno calculará el número de plazas mínimas con de cada territorio con la siguiente fórmula: “La capacidad se obtendrá de dividir la población total de cada comunidad autónoma a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año anterior entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español”. Para ello, el Ejecutivo se basará en la información actualizada presentada por las Comunidades Autónomas antes del 31 de marzo de 2025.

Esa cifra de plazas de “acogida ordinaria” será clave tanto para solicitar financiación del fondo extraordinario estatal como para, en caso de crisis humanitaria, justificar la saturación del sistema de acogida para pedir un nuevo traslado. Para que la ocupación presentada y el número de plazas estructurales se consideren válidos, los chavales acogidos deberán haber sido incluidos en el registro de menores de Interior y las plazas abiertas deberán haber sido certificadas por el Ministerio de Juventud e Infancia.