Centralización y control

La nueva Ley de Telecomunicaciones centraliza las decisiones técnicas, de concesiones, de contenido, de plataformas digitales, de neutralidad, de comercialización, de contratación, de operación de radio, tv, telefonía y redes digitales en una sola persona, que no domina, por razones de tan amplio espectro, todos los temas de la nueva ley propuesta.

Es un error centralizar de esta forma las decisiones en un área que afecta nuestros derechos humanos, la libertad de expresión, de prensa, de información, de seguridad, de privacidad y protección, entre otros, sin mediar orden judicial.

La Agencia Digital debería ser un órgano colegiado con especialistas y una pesidencia para analizar y tomar buenas decisiones en tan diversas áreas. Nadie tiene la capacidad de conocer tantas y tan diversas variables de las telecomunicaciones y radiodifusión.

Claudia Sheinbaum Pardo busca centralizar decisiones complejas y muy técnicas en lo que define como retomar las funciones del Estado en la materia. Esto es un mensaje absurdo, es una propuesta para regresar al Estado autocrático, que controlaba a los medios de comunicación, a través de diversas medidas restrictivas, como hoy se pretende renovar.

La difusión de spots contra la migración no fue la causa de la reforma a la ley. Fue lo que detonó la apresurada iniciativa que, obviamente, tomó meses preparar, y que se intentó pasar en fast track, para evitar críticas al control que el Estado pretende imponer a los contenidos de los medios de comunicación. Si realmente Sheinbaum no pretendiera censurar las plataformas digitales, no hubiesen redactado el polémico artículo 109. No es un problema de redacción, su intencionalidad es clara y debe ser eliminado. Pero deben revisarse todos sus contenidos.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la prohibición de censura previa que restrinja la libertad de expresión. Cerrar una plataforma, retirar una concesión, debe establecerse como una medida extrema que infrinja derechos humanos o atente contra ellos, y no por consideraciones de tipo político o ideológico. Dichos criterios deben quedar en ley y no en reglamento o en lineamientos, para respetar las libertades.

Crear nuevamente el padrón de usuarios de telefonía celular es una clara intencionalidad de control del Estado de nuestras comunicaciones privadas, lo que lesiona nuestro derecho a la privacidad y nos expone a que cualquier autoridad acceda a nuestra información, sin que medie razón alguna. Esto es claramente atentatorio contra nuestras libertades y derechos y puede ser un pretexto para incriminar a personas en posibles delitos falsos. La autoridad se autootorga la capacidad de bloquear señales de equipos y de telefonía celular, de datos e imagen, lo que constituye una arbitrariedad sin base legal.

La censura es un instrumento de control político para acabar con la pluralidad y la democracia. Esta ley, retoma muchos aspectos de la anterior, que incorpora aspectos sociales de derechos de minorías, pero ahora incluye elementos y facultades para ejercer el control sobre los medios de comunicación, de vigilancia de sus contenidos, de capacidad de interferir en contratos, comercialización, en telefonía celular. La iniciativa, en lugar de socializarse y promover posibles virtudes, se envió a las 10 de la noche del domingo y se citó a la Comisión Legislativa para dictaminar la iniciativa a las 10 de la mañana del lunes. Nadie, ni los legisladores, conocieron su contenido. Y dictaminaron a favor, en dos horas. No se quiso entrar a un debate, al fondo de la ley. Y eso no inspira confianza. La urgencia apuntaba a eludir el análisis de la ley.

La ONU, al conocer los contenidos de la ley de telecomunicaciones, emitió una comunicación en la que insta al gobierno a revisar reformas que permitirían bloquear plataformas digitales y que pueden afectar la libertad de expresión en el país y pidió se respeten los estándares internacionales en derechos humanos, de expresión, información y privacidad, así como derechos digitales.

ONU-DH también recordó al gobierno de México su obligación de promover y respetar la libertad de expresión, respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Instó a llevar a cabo un proceso de consulta amplio y transparente con la población y con expertos en materia de comunicaciones, antes de adoptar cualquier reforma que pueda afectar derechos fundamentales. O sea, que la percepción de censura, no es de opositores a Morena, es un tema de talla internacional. Y desde luego que hay afectaciones a la libertad de expresión. Este asunto se quiere minimizar con el pago de impuestos, y se dice que la intención de bajar a usuarios de plataformas digitales es para obligarlos a pagar sus impuestos, tema realmente absurdo. El SAT tiene la capacidad para obligar a los evasores a cumplir o sufrir penas incluso corporales.

La iniciativa da la potestad a la Agencia de otorgar concesiones y determinar su prórroga, si se modifica o concluye. No establece criterios al efecto. También permite la suspensión inmediata de transmisiones que violen lo dispuesto en la ley, que tampoco son específicas. Es pues sumamente discrecional. Puede ejecutar requisas de vías generales de comunicación, licitar o asignar bandas y frecuencias del espectro radiofónico con total libertad. Asimismo puede fijar unilateralmente el pago por las concesiones.

Se busca distinguir ente lo que son los datos de una nota y la opinión del periodista, que se debe otorgar el derecho de réplica y evitar cualquier discriminación, lo que coloca a la labor periodística en un subjetivismo total que responde a los criterios de la autoridad. Y por si fuera poco, se emitirán lineamientos, pero la Agencia puede establecer limitaciones a los mismos, cuando se violen los derechos de las audiencias. Todos deberán ajustarse a estos lineamientos que en cualquier momento pueden modificarse a capricho.

Para defenderse, los concesionarios podrán interponer juicios de amparo, pero estos no tendrán por efecto la suspensión del acto reclamado a la Agencia. Es decir, quéjate pero no podrás detenerme. Por éstas, entre otras muchas razones la ley es discrecional, unilateral, violatoria de derechos humanos y libertades. Responde a una vocación autoritaria que Sheinbaum confirma al decir que quiere devolver al Estado facultades, lo que significa regresar al Estado autoritario que censuraba la libertad de expresión, controlaba y centralizaba la información. Regresar al pasado autocrático.

Y en medio de todo surge la confrontación entre Carmen Aristegui y Televisa por campañas negras que supuestamente la televisora difundía a través de bots pagados y de difusión en medios, contra personas y empresas que eran competidoras o afectaban los intereses de la televisora. El sainete apenas empieza. Ahora imaginen lo que sucederá con el uso de la IA en un próximo futuro. La realidad virtual será la única que exista. La pos verdad se instalará como la guía para conducir las políticas de telecomunicaciones y radio difusión.

Aunque hay un impasse abierto por Sheinbaum, el Senador Alvarez Lima, Presidente de la Comisión Legislativa, ha sido claro, ni el pueblo, ni los especialistas, ni los medios, ni los periodistas, nadie formulará la ley, ésta será decisión de Morena. Por tanto es momento de alzar la voz aquí y en el mundo contra el autoritarismo que se impone en México, violando derechos humanos y libertades.

El ex presidente Zedillo lo dijo claro vamos de la democracia al autoritarismo. Y por expresar su opinión ya Sheinbaum lo amenaza, lo quiere exhibir y denostar. No ofrece pruebas contra su crítico, solo descalificaciones. Asi que yo sí creo que hay un afán autoritario de la propia Presidenta.