Asociaciones de fiscales ven "insuficiente" la reforma y denuncian no haber participado | POR P. B.

"Sorpresa" entre las asociaciones de fiscales ante el anuncio que ha hecho el ministro Félix Bolaños tras el Consejo de Ministros. Este martes, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley para reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal, una norma que pondrá las bases para reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y que sean los fiscales, en lugar de los jueces, quienes dirijan las investigaciones judiciales. Ninguna de las asociaciones estaba avisada de la reforma estatutaria, en cuya elaboración no han participado.

Bolaños anunció a comienzos de 2024 que reformaría la LeCrim ese mismo año para que España se adapte a "los mejores estándares europeos". Pero antes debía reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: si se le iba a otorgar a la Fiscalía la dirección de las instrucciones judiciales, era preciso dotarla de mayor "autonomía".

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se puso manos a la obra y convocó reuniones con las asociaciones fiscales para crear un grupo de trabajo que hiciera propuestas para la reforma. García Ortiz sentenció entonces que "solo desde el profundo conocimiento de la carrera fiscal y de sus estructuras" se pueden hacer propuestas para un nuevo Estatuto.

Sin embargo, la Asociación de Fiscales (AF) —mayoritaria en la carrera— y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) dieron plantón al fiscal general después de que este pusiera "en duda" su independencia durante unas declaraciones en medios de comunicación. Se acabaron las labores de elaboración del Estatuto y no se retomaron en ningún momento.

Pero esta mañana, el Gobierno ha anunciado la aprobación de una reforma estatutaria en la que la carrera fiscal no ha participado. Desde aquellas fechas del año pasado, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus se ha reunido en más de una ocasión con el ministro Bolaños, pero "nunca" le han planteado nada relativo a la reforma estatutaria. "Relación ha habido, he acudido varias veces al ministerio, pero nunca se ha tratado ese tema", explica a 20minutos.

Exactamente lo mismo ha ocurrido con la APIF, que se ha enterado de la reforma legal "a través de la prensa". El presidente de esta asociación, Miguel Pallarés, denuncia en conversación con este periódico que "este tipo de reformas deberían venir precedidas de un pacto con la Justicia y un consenso amplio".

Coincide en su análisis Cristina Dexeus, que en nombre de la Asociación de Fiscales se muestra decepcionada ante una reforma "absolutamente insuficiente". "Que de la noche a la mañana la carrera amanezca con la noticia de que ya se aprueba el anteproyecto, sin que nadie haya sabido nada... desde luego, me parece lamentable", expresa la presidenta de la AF.

Una reforma "poco ambiciosa"

De todos modos, por mucho que "las formas" no hayan gustado, ambas asociaciones parecen más preocupadas aún por el fondo de la reforma legal. La propia Cristina Dexeus reconoce que en la norma se incluyen algunas "reivindicaciones históricas" que se acoplan a "las recomendaciones de Europa". No obstante, la fiscal considera que estamos ante una reforma "poco ambiciosa". "Hacia el exterior, logra aparentar una imagen de mayor independencia del fiscal general, pero en el fondo su figura queda reforzada".

El anteproyecto de ley consta de varias medidas. Establece que el fiscal general tendrá un mandato de cinco años, en lugar de los cuatro años actuales que coinciden con la duración de la legislatura del Gobierno de turno. También limita las posibilidades de que el Gobierno cese al fiscal general: podrá hacerlo por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, pero antes deberá recibir informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por otro lado, da al fiscal general la capacidad ejecutiva de nombrar, ascender y sancionar a los principales fiscales, lo que hasta ahora hacía el Gobierno a propuesta del fiscal general. Una vez entre en vigor, el fiscal general no deberá comparecer nunca ante el Consejo de Ministros. En otro orden de asuntos, la norma refuerza la figura de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, que ahora podrá imponer su criterio sobre el del fiscal general cuando reúna una mayoría de tres quintos.

Las asociaciones fiscales consultadas echan en falta varias medidas en la reforma. Sostienen, por ejemplo, que sería importante dotar de más peso al Consejo Fiscal, un órgano consultivo que asiste al fiscal general en materia de ascensos y nombramientos, pero que no tiene ninguna función vinculante. "En la nueva reforma, el Consejo Fiscal ni siquiera tiene voz en cuanto al cese del fiscal general por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones", subraya Dexeus.

Las asociaciones lamentan también que no se profundice más en el modo en que se nombra al fiscal general. Si bien es cierto que cambia la duración de su mandato, no se han considerado otras medidas como "ahondar en la participación del CGPJ en ese nombramiento". La competencia del Gobierno para nombrar al fiscal general, tal y como ha recordado en la rueda de prensa el ministro Bolaños, está blindada en la Constitución.

No obstante, la APIF considera que se podrían adoptar medidas para reforzar la independencia del fiscal general: "Se puede proponer que el Gobierno lo escoja entre juristas de reconocido prestigio designados por el Congreso, por ejemplo". A juicio del fiscal Miguel Pallarés, "la reforma es insuficiente para desanclar la Fiscalía General del Poder Ejecutivo". El presidente de APIF lamenta, por otro lado, que la medida aplicada a la Junta de Fiscales de Sala no se extienda también a las juntas provinciales.

Por último, los fiscales consultados ponen el foco en la figura del fiscal investigador, llamada a sustituir al juez instructor. "Tal y como está diseñado el anteproyecto, el fiscal no va a tener la independencia que tiene a día de hoy el juez", lamenta Pallarés.

"Debería blindarse al fiscal investigador", coincide Dexeus. Cuando se apruebe la LeCrim, el Fiscal Jefe será el encargado de nombrar al fiscal que se encargue de cada investigación judicial. Ante esta perspectiva, las asociaciones demandan que se fortalezca la libertad de actuación de cada fiscal para investigar "sin enfrentarse a presiones externas o internas".