Violencia sin freno. En la provincia de Buenos Aires se cometen, al menos, 15 robos por hora

Los datos oficiales marcan una realidad: en la provincia de Buenos Aires se comete un robo cada cinco minutos. Aunque se trata de un piso del nivel delictivo, ya que la información que este mes difundió el Ministerio de Seguridad Nacional sobre estadísticas criminales se sustenta en las denuncias realizadas en cada distrito. A esos 128.477 robos que el año pasado iniciaron expedientes en la Justicia bonaerense se les suma una desconocida cifra de delitos que no fueron denunciados. La cantidad oficial, de por sí, establece un aumento de 20% con relación a 2023.

Si se toma en cuenta ese último año consignado, puede observarse que casi la mitad de los robos tienen que ver con sustracciones de autos y motos. Durante 2023 fueron denunciados en Buenos Aires más de 58.000 casos de esas características. No se tiene aún la información sobre lo ocurrido el año pasado, ya que las cifras oficiales señalan por ahora la cantidad de robos sin discriminar modalidades. Pero las informaciones surgidas desde empresas encargadas de seguimiento satelital y recuperación de vehículos robados dan la pauta de un crecimiento de los episodios durante 2024.  No es raro que el robo automotor tenga un peso importante en el total de denuncias, ya que todas las víctimas se presentan ante la Justicia para conseguir el pago de seguros. Distinta es la situación cuando se pierden en un asalto otras pertenencias. Muchas veces no se denuncian esos hechos, salvo en casos de tarjetas de crédito y documentos personales.

Más allá de la cifra no conocida de robos, el dato oficial permite visualizar que los medios solo difunden una pequeña parte de esos episodios, aquellos que por alguna razón trascienden a la esfera pública, especialmente cuando son registrados por una cámara de seguridad. Y, justamente el reflejo de solo un puñado de robos marca otra realidad: no se trata de una sensación.

Las autoridades bonaerenses se apoyan en la tasa de delitos para mencionar que la situación delictiva en el conurbano no sería peor que en otros distritos, ya que con esa cifra, en la que el número total de casos se divide por la cantidad de habitantes y luego se multiplica por 100.000, el índice bonaerense da por debajo de la media nacional. De todas maneras, si bien es cierto que esa es una manera de comparar cifras entre distritos, el número total de robos establece que en Buenos Aires se cometió la mayoría de los 417.000 delitos denunciados el año pasado en todo el país.

Y en esa consignada cantidad de robos en el territorio bonaerense el peso que tiene el delito vinculado con la sustracción de automotores es clave para entender la violencia que se ve en forma cotidiana: siete de cada diez robos en esa modalidad son efectuados con armas de fuego.

Los dos casos que conmocionaron a la sociedad en los últimos días fueron originados en el robo de automóviles. Por esa causa fue baleada Silvia Graciela Lepez, de 54 años, en la localidad de Munro, y arrastrada hasta la muerte la pequeña Kim en La Plata.

Al igual que al referirse a las tasas de robos para marcar que Buenos Aires no debería ser colocada al tope de una lista de zonas peligrosas, las autoridades provinciales apelan a una disminución anual de homicidios para contrarrestar las imágenes desoladoras que se ven los homicidios grabados por cámaras de seguridad. En ese aspecto, las cifras oficiales establecen que el año pasado se notificaron 810 asesinatos en territorio bonaerense, algo menos que los 829 registrados en 2023. Ese último año también hubo 796 casos de intentos de homicidio, calificación de expedientes en los que la víctima resultó herida de gravedad. Solo la capacidad de los médicos, el azar o directamente la mala puntería del tirador mantienen estables las cifras de homicidios.

La opinión de víctimas de delitos, de vecinos que fueron testigos de la violencia en las calles y, desde las últimas 48 horas, la opinión de los funcionarios bonaerenses apuntan a que el consumo de drogas impulsa gran parte de los delitos. Las autoridades, entonces, señalaron la responsabilidad nacional en la llegada al conurbano de cargamentos de cocaína desde la frontera norte sin que fuesen interceptados por fuerzas federales. Buenos Aires busca ahora desprenderse de la obligación de combatir la venta minorista de sustancias ilegales, que asumió al aceptar la ley de desfederalización de la lucha contra las drogas. Con esa norma, la policía bonaerense es responsable primaria de enfrentar el narcomenudeo. Esa ley tiene en su origen una particularidad: fue votada en el Congreso en 2005 a pedido de Buenos Aires, ya que su principal impulsor fue el entonces gobernador Felipe Solá, que buscaba enfrentar el narcotráfico con la fuerza provincial.