Un diputado pide amparo al Parlamento andaluz tras recibir una querella del fiscal acusándole de "libertinaje de expresión"

El pasado 4 de abril, dos agentes de la Policía Judicial entraron vestidos de paisano en el Parlamento andaluz, identificaron en su despacho al diputado y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y le entregaron en mano un escrito de 17 páginas, con una querella de la Fiscalía Superior de Andalucía por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla.

Dos meses antes, García había hecho unas declaraciones públicas cuestionando la actuación de los agentes que persiguieron “hasta su muerte” a Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que murió ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre. “Es un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”, dijo, exigiendo una investigación a fondo.

El teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), José Rogelio Muñoz Oya, considera que estas palabras, pronunciadas fuera del Parlamento no forman parte de la actividad parlamentaria del diputado y no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

Más bien representan un acto de “libertinaje de expresión”, argumenta el fiscal en su escrito de querella, firmado también por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago. “La libertad de expresión no ampara un hipotético derecho al insulto y el discurso del exceso verbal punible no entra en la pretendida libertad de expresión, sino en lo que podía denominarse como libertinaje de expresión”, subraya Muñoz Oya en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Este periódico no ha encontrado precedentes en la hemeroteca del Parlamento andaluz en los que el Ministerio Público se haya querellado conta un diputato autonómico por manifestar una opinión política fuera de la Cámara, por muy duras que fueran. Para encontrar algo similar en el Congreso de los Diputados hay que remontarse a principios de los 80, en los albores de la democracia española.

A principios de la semana pasada, este periódico hizo llegar una consulta a la Secretaría General de la Cámara, pero en ese momento el diputado afectado no había informado a los servicios jurídicos. El letrado mayor del Parlamento andaluz tampoco tenía constancia entonces de que dos agentes de la Policía Judicial habían accedido a las dependencias de un grupo parlamentario, habían pedido a un diputado que se identificase con su credencial y le habían notificado una querella de la Fiscalía Superior por un supuesto “delito de opinión”.

Este lunes, por recomendación de su abogado, el portavoz de Adelante Andalucía tiene previsto registrar un escrito de amparo dirigido al presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, por sentirse “coaccionado” desde la Fiscalía Superior, “desprotegido de sus prerrogativas como parlamentario”, y “atacado en el ejercicio de su libertad de expresión”.

Lo que hasta hace siete días era un problema del señor García pasa a convertirse en un asunto que afecta a la Cámara legislativa, pues obligará a los servicios jurídicos a evaluar la querella contra uno de sus miembros electos y emitir un informe. Adelante Andalucía forma parte del grupo mixto, tiene dos diputados en la Cámara y logró 167.970 votos en las elecciones de 2022, que encabezó Teresa Rodríguez (4,58% del escrutinio).

Los límites de la inmunidad parlamentaria

Los diputados andaluces gozan de una inmunidad parlamentaria de primer nivel blindada en el artículo 101.3 del Estatuto de Autonomía, similar a la que protege a sus señorías en el Congreso. El reglamento de la Cámara así lo recoge en el artículo 11 y añade, en el 12, que “el presidente del Parlamento, una vez conocida la detención de un diputado o cualquier otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria, adoptará de inmediato cuantas medidas estime convenientes, en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros”.

El delito de injurias contra las Fuerzas de Seguridad del Estado está tipificado en el Código Penal (artículo 504.2) con mayor gravedad y dureza que las injurias a un ciudadano de a pie: José Ignacio García se enfrenta a una multa de 12 a 18 meses, con un máximo de 400 euros por día (en torno a 216.000 euros en el peor de los casos).

El fiscal, en su su escrito [decreto de archivo e interposición de querella] entiende que las palabras del diputado andalucista “pueden contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática de la institución [la Policía Local] o la legalidad de su actuación, y con ello a fisurar su prestigio”.

El portavoz de Adelante considera que el asunto trasciende la responsabilidad de su persona y afecta de lleno a la segunda institución de Andalucía, pues está precisamente entre las funciones del Parlamento y de sus representantes –elegidos en las urnas– “el contribuir a generar un estado de opinión” en la ciudadanía sobre asuntos de interés general. Incluso a cuestionar el trabajo de otras instituciones.

Esta legislatura, en concreto, está marcada por la polarización del debate político, en el que dirigentes de Vox y también del PP han naturalizado en su discurso denunciar “la falta de legitimidad” de determinadas instituciones del Estado, desde el presidente del Gobierno [Pedro Sánchez es, además, diana de todo tipo de insultos e improperios] al Fiscal General del Estado o el presidente del Tribunal Constitucional. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, tuvo que pedir disculpas por calificar de “vergüenza” la sentencia que absolvió de violación a Dani Alves, porque la jueza primó la presunción de inocencia del futbolista.

José Ignacio García denunció públicamente el trabajo de los agentes que persiguieron a Mamouth Bakhoum durante un kilómetro por vender “34 camisetas”. “Esto es lo que hay que investigar. Lo que ha cometido la Policía Local de Sevilla es un caso de racismo institucional, de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar. ¿Qué sentido tiene que se le persigan durante más de un kilómetro corriendo, los policías en moto, a un trabajador por llevar camisetas? ¿Y que nos tengamos que creer que un chico de 43 años, padre de familia, se tiró al río Guadalquivir? Queremos ver el vídeo de cómo entró al agua”.

Estas fueron las palabras que usó el portavoz andalucista, difundidas en un vídeo a través de las redes sociales, y que motivaron una denuncia del secretario de la sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Sevilla y del presidente del Sindicato de Policía Local de la ciudad hispalense contra García por “un delito de injurias contra los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

El Ministerio Público se ha alineado con los denunciantes, al considerar que García se había “excedido” en sus opiniones y en la forma de difundirlas para que tuvieran un mayor alcance, lo cual está tipificado con mayor gravedad en el Código Penal. “Son expresiones que, analizadas objetivamente, tienen la envergadura suficientmente ofensivas para comprometer la dignidad y el prestigio de un Cuerpo de Seguridad del Estado, llamado a desempeñar un relevante papel en la salvaguarda de los derechos fundamentales y las libertades públicas”, argumenta el fiscal, que termina acusando a García de “poner en riesgo las funciones” que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sin antecedentes

Es la primera vez que ocurre algo así en el Parlamento andaluz y hay dos o tres antecedentes tardíos registrados en el Congreso, a principios de los 80, cuando la democracia española echaba a andar. El Ministerio Público argumenta que la libertad de expresión tiene límites cuando choca con otro derecho fundamental: al honor. Colisionan dos derechos constitucionales de primer orden, algo siempre controvertido cuando salpica a un ciudadano pero, en este caso, resulta más complejo porque los llamados delitos de opinión no afectan a los diputados como al resto.

Sus señorías no pueden ser “inculpados ni procesados” por un juzgado ordinario, es competencia del Supremo o del TSJA imputarles algún delito, previa autorización de su Cámara legislativa. Los diputados del Congreso tienen “inmunidad parlamentaria” y los diputados andaluces gozan de “aforamiento” y de “inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo”, reza el Estatuto de Autonomía, que tiene rango de Ley Orgánica. No obstante, hay jurisprudencia que discute si la inmunidad de los diputados autonómicos es homologable a la del Congreso.

La crítica del diputado andalucista a la actuación policial en el caso de Mamouth Bakhoum, tildándola de “racismo institucional, violencia policial y represión”, se alinea con la familia del senegalés, que denunció su muerte en los tribunales como una consecuencia del “hostigamiento policial” que sufrió, como un posible caso de homicidio por imprudencia grave.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha archivado ya dos veces la investigación tras revisar las cámaras de seguridad de la zona, aunque sus allegados pretenden llevar el caso hasta la Audiencia Provincial y algunas ONGs maniobran para llevar el asunto ante la ONU. La jueza que ha desestimado el último recurso de la familia, no obstante, describe la intervención de los agentes que persiguieron a Bakhoum como un “cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente”, desde donde cayó al río y murió.c