Sánchez se garantiza el apoyo social contra la opa de BBVA y corrige el desplante de Junts

Moncloa prepara el camino para frenar la opa de BBVA al Sabadell. Pedro Sánchez anunció ayer por sorpresa la apertura de una consulta pública sobre la operación, que no se contempla en la ley de competencia de 2007. Con esta vía inusual, el Gobierno se garantiza el apoyo social contra la opa y se armará de base legal para alegar razones de interés general que sirvan para tumbar la operación, según trasladan a Vozpópuli fuentes conocedoras.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó la opa con condiciones asumibles para el grupo de La Vela y dejó la operación en manos de Moncloa. La ley de Competencia permite al Ejecutivo imponer condiciones más duras siempre y cuando sean por otras razones distintas a la competencia, como el interés general o por seguridad nacional.

En las consultas públicas, las aportaciones recabadas son secretas, pero Moncloa es conocedora de que entre asociaciones de consumidores, sindicatos y patronales hubo “unanimidad” durante el test de mercado que hizo Competencia antes de aprobar la operación, según las fuentes consultadas.

El PP se abre a rechazar la opa

Las Cámaras de Comercio, Pimec (patronal de las pymes de Cataluña), Foment del Treball, CEOE, UGT y CCOO se han opuesto a la operación tanto por los efectos sobre las pymes y como por la pérdida de empleo. Incluso el PP dijo ayer que rechazará la fusión “si no se dan las garantías”, como anticipó ayer su vicesecretario de Economía, Juan Bravo.

Preguntar y escuchar siempre es bueno", afirma el CEO del Sabadell, mientras que Torres se limita a defender las bondades de la integración

En el seno del Sabadell, como publicó este medio, se daba por hecho antes de que la CNMC diera la luz verde de que Moncloa encontraría una fórmula para obligar a Carlos Torres a replantearse la operación o incluso a dar marcha atrás en su asalto para comprar el cuarto banco más grande del país. Ya hay precedentes como ocurrió con la opa del grupo polaco Ganz-MaVag  para hacerse con Talgo y que el Gobierno vetó por suponer un riesgo para la seguridad nacional. Casi un año después, la empresa ferroviaria sigue sin un socio industrial claro. 

Con la consulta pública, Sánchez además arreglará del desplante de Junts, que ya presiona para que tumbe la operación pese a que su consejero en la CNMC, Pere Soler, votó a favor de autorizar la opa.

El papel de Junts

Soler fue nombrado a finales de 2024 por el Gobierno a propuesta de la formación independentista, lo que se interpretó como un movimiento para bloquear las aspiraciones de BBVA. De haberse opuesto, con un voto particular en contra de la operación, habría dado munición a Sánchez para justificar su rechazo a la opa, como apuntan fuentes próximas a la operación.  

Carlos Cuerpo, Josep Oliu y Carlos Torres.

"Preguntar y escuchar siempre es bueno", defendió ayer César González-Bueno, consejero delegado del Sabadell, en el marco de la reunión anual del Cercle d'Economia en Barcelona, donde el presidente del Gobierno anunció la apertura de la consulta pública, informa EFE. “Positivo”, se limitó a señalar por su parte Josep Oliu. Mucho más cauto fue Carlos Torres, presidente de BBVA, que reafirmó su apuesta por crear un “proyecto de crecimiento” para crar una entidad “más fuerte y mejor preparada para el futuro”. “Un beneficio para todos, tanto en Cataluña como en España y en Europa”, defendió.

“En una fusión bancaria 2+2 no son siempre 4. Si prospera esta opa, se perderán 75.000 millones de euros en crédito a las pymes", alertaba la semana pasada Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment del Treball, que antes de la autorización de la CNMC ya daba por hecho que el Gobierno se entrometería en la operación.

A partir de ahora, Moncloa cuenta con quince días para elevar la decisión al consejo de ministros y tiene potestad para imponer nuevas condiciones durante un mes, con lo que podría dilatar el dictamen final a casi el verano. En BBVA se insiste en que no mejorarán la oferta económica y avisan de que desistirán de la compra si las condiciones destruyen valor a la integración.