¿Por qué no nos atrevemos a hablar de rentismo popular? Cuando tu casero no es un fondo buitre

Fotografía: Una pancarta contra el portal de pisos Idealista durante la manifestación por una vivienda digna y accesible el pasado 13-O. Álvaro Minguito

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Nicolás Filgueiras

En muchas ocasiones, se aborda el problema de la vivienda imitando los discursos que se originan en las experiencias de las grandes ciudades del Estado como Madrid o Barcelona. Los marcos importados se refieren a fondos buitre que especulan con la vivienda y que, subidos al carro de la turistificación, contribuyen a la burbuja del alquiler y a la consecuente expulsión de los inquilinos, teniendo como resultado el sometimiento de barrios residenciales a procesos de gentrificación.

Estos marcos discursivos eluden que la mayoría de las viviendas arrendadas están en manos de particulares. El modelo de acceso a la vivienda está profundamente afectado por el rentismo popular, esto es, la extracción generalizada de rentas de alquiler desde los sectores sociales más empobrecidos hasta una capa muy significativa de pequeños y medianos propietarios.

Si el rentismo popular es un elemento central para explicar el problema de la vivienda cabe preguntarse tanto por el porqué de su omisión en la mayoría de discursos como sobre las posibilidades que abre su uso como concepto.

¿Qué es el rentismo popular?

La realidad del acceso a la vivienda está condicionada por aquello que Pablo Carmona define como rentismo popular en su La democracia de propietarios. Fondos de inversión, rentismo popular y la lucha por la vivienda (Traficantes de Sueños, 2022). El concepto designa la participación de amplios sectores de la sociedad en la obtención de ingresos a través de la propiedad de bienes inmuebles, en este caso mediante el alquiler de viviendas.

Bajo la promoción histórica de una democracia de propietarios, la acumulación de propiedades inmobiliarias se ha convertido en una estrategia común de las clases medias para la consolidación de su seguridad económica. Sería esta la dinámica que está en el fondo de los aumentos de los precios de los alquileres —que compensan a estos pequeños y medianos propietarios—, la cual genera una brecha social entre propietarios particulares e inquilinos precarios que dedican una gran parte de su salario al pago de una renta.

Con estas rentas muchas familias pueden imitar habitus de las clases medias europeas…realizar dos viajes internacionales al año,…financiar los estudios de máster en el extranjero de su hijo

Con estas rentas muchas familias pueden imitar habitus de las clases medias europeas como “realizar dos viajes internacionales al año, construir una piscina en la residencia principal, comprar un coche de primera mano, permitirse una atención médica privada para cuidar de una persona anciana o financiar los estudios de máster en el extranjero de su hijo”.

El rentismo popular estaría así encuadrado en una dinámica de integración de las clases medias en lo que autoras como Lisa Adkins han denominado economía de activos: tras décadas de estancamiento de los salarios, la gestión de activos aparece como la clave de bóveda que permite tanto la seguridad económica como el ascenso social de estos grupos poblacionales.

Para el caso español el activo estrella es la propiedad de bienes inmuebles. En la comparativa con las clases medias patrimonialistas europeas observamos que las familias españolas están 21 puntos por encima de la media de la zona euro en lo que se refiere a la posesión de activos inmobiliarios distintos a la vivienda habitual. En un estudio de 2017 se estimaba que un 39% de los hogares españoles tenían inversiones en inmuebles diferentes a su vivienda habitual, lo que suponía un cociente de propiedad muy por encima del 33% alemán, el 29% portugués o el 24% belga.

Iago Carro, miembro de Ergosfera, señala las raíces sistémicas del fenómeno: “las economías domésticas juegan un papel fundamental para una parte significativa de la ciudadanía que, a partir de un determinado momento, entiende que los hogares pueden ser activos financieros que complementen sus ingresos salariales”.

Carro señala su carácter paradójico, al señalar cómo la “conversión rentista de una parte significativa de la población puede ser entendida aparentemente como una mejora, pero también como pérdida, en el sentido de que existe una merma evidente de otras fuentes de ingresos en las últimas décadas que empuja a invertir de esta forma”. Es en este juego de pérdida-ganancia donde la vivienda, especialmente tras la crisis inmobiliaria, se ha convertido en el principal valor refugio de las clases medias españolas.

Estas extracciones de renta permiten a una parte significativa de la población mantener, o incluso ampliar, las posiciones de clase amenazadas durante la última gran crisis. Resultarían un ingreso “complementario”, a veces de un salario y otras de una actividad empresarial, sin connotar necesariamente una estricta dependencia del mismo.

A este respecto, como señala Juan R. Medela, especialista en estudios urbanos y miembro del Sindicato de Inquilinos de Vigo, si la mayoría de estos rentistas perdieran su complemento, se mantendrían igualmente entre los grupos de población más ricos: “los caseros multipropietarios son el colectivo de niveles de ingresos más altos del país (entre 2,15 y 2,58 veces la renta de los inquilinos), y seguirían siendo de los más ricos aunque perdieran los ingresos del alquiler (entre 1,82 y 2,13 veces superior a la renta mediana de los hogares inquilinos)”.

Los rentistas populares son un grupo poblacional muy amplio, con distintos niveles de ingresos, ocupaciones laborales y número de propiedades. El concepto esconde realidades muy distintas entre sí, y por lo tanto, puede perder su potencia analítica. Según Yrigoy la figura del rentista podría ser pensada en torno a dos polaridades: por un lado estaría el “rentista activo”, más consciente del carácter de negocio de su actividad, y por lo tanto más próximo a un sujeto-empresario; y por otro, un “rentista menos activo”, más fijado en el carácter complementario de su ingreso, que no tiene una clara conciencia de estar desarrollando una actividad económica-empresarial, ni tampoco vocación de reinvertir en sus activos.

hay un amplio grupo de población, el cual no encaja exactamente con los más ricos, que acumula posiciones de poder en torno a la posesión de uno de los bienes que están marcando las incipientes divisiones de clase de nuestra época: la vivienda

En los grises que recorren estos 2 polos están ese 14% de los hogares que en 2018 declararon percibir algún tipo de renta de alquiler por los inmuebles de los que eran propietarios. La cifra no es banal y muestra que hay un amplio grupo de población, el cual no encaja exactamente con los más ricos, que acumula posiciones de poder en torno a la posesión de uno de los bienes que están marcando las incipientes divisiones de clase de nuestra época: la vivienda.

Inflexión, auge y datos del rentismo popular

Es difícil situar el punto de inflexión a partir del cual el rentismo popular se tornó problemático. Los entrevistados señalan que fue a partir del final de la crisis inmobiliaria, allá por el 2014, cuando fondos de inversión como Blackstone y algunos sectores de la sociedad menos afectados por la crisis hipotecaria compraron el stock inmobiliario a la baja. Dos datos avalan el auge del rentismo popular durante la anterior década: entre 2004 y 2017 se triplicaron el número de arrendadores particulares; y durante los años de compra-venta del stock inmobiliario procedente de la crisis (2013-2020), un 70% de las transacciones pasaron por manos de particulares.

Incluso con las grandes operaciones de los fondos de inversión, ya en aquel momento los rentistas populares consolidaban sus posiciones de clase. Medela señala que “no es que antes no hubiera gente que entendiera la vivienda como un elemento con el que lucrarse, sino que a partir de ese momento se amplían los sectores de la población que obtienen rentas a través de la misma”. Es a partir de aquí que el rentismo popular pasa a ser una “realidad incuestionable”, de ser “una coyuntura a una apuesta que permite caracterizarlo como el principal cuerpo de tenencia en cuanto a volumen de propietarios y vivienda”.

La realidad del rentismo popular es generalizable a la mayor parte de las ciudades del Estado, incluidas las grandes ciudades. Según Medela el porcentaje de viviendas en manos de fondos buitre o grandes poseedores (en la Comunidad de Madrid tienen el 15,5% del total de viviendas alquiladas y en Cataluña el 6,8%) es mínima en comparación con la de los pequeños caseros multipropietarios (con entre 2 y 9 viviendas alquiladas): “De los 3,6 millones de viviendas en alquiler en el Estado, el 92% pertenece a pequeños propietarios, mientras que solo el 8% está en manos de grandes poseedores, como fondos buitre y otras entidades jurídicas”.

En Galicia prevalece aún más el fenómeno, dado que hay una menor proporción de grandes propietarios (3,8%). Como ha indicado en varias ocasiones el periodista David Lombao, Galicia es un país de 200.000 caseros, 160.000 inquilinos y 840.000 propietarios. El conjunto de estos particulares poseen el 96% de las viviendas en alquiler en todo el país. La mayoría de esos caseros reciben rentas brutas que van desde mil hasta cinco mil euros, y en conjunto reciben un ingreso medio de 600€ mensuales. Entre ellos 60.000 propietarios poseen cinco o más inmuebles, mientras que 24.000 poseen diez o más inmuebles. De entre los pequeños propietarios, la mayoría no poseen más de cuatro viviendas: el 34% tiene una vivienda en alquiler, el 42% tiene dos, el 16% tiene tres y el 8% tiene cuatro o más.

Pero donde el rentismo popular gallego ya resulta especialmente problemático, matiza Yrigoy, es en el eje Narón-A Guarda, con la AP-9 como espina dorsal: “a diferencia de la Galicia interior, caracterizada por el despoblamiento y donde menos del 20% de los sueldos se destinan al alquiler, en la Galicia urbana los porcentajes superan el 30% de los sueldos, llegando en las provincias de A Coruña y Pontevedra a un 32% y 39% respectivamente”. En este cuadro se acentúan las desigualdades entre aquellos que perciben la mayor parte de sus ingresos vía salario (80% de los ingresos) y aquellos que perciben rentas inmobiliarias (20%), y más tras décadas en las que los precios de los alquileres aumentaron el doble con respecto al aumento medio de los sueldos.

La vivienda es cada vez más un elemento decisivo en lo referido a la libertad -poder vivir sin depender de otro- de la ciudadanía

Para el investigador mallorquín se produce un juego a dos bandas: por un lado los inquilinos precarios de la Galicia urbana soportan una inflación al cuadrado que transcurre sobre el coste de la vida y el de la vivienda; mientras que por otra cada vez más grupos sociales aumentan o mantienen su riqueza gracias a la posesión de una vivienda, sea liberándose del pago de un alquiler, sea obteniendo beneficios a través del arrendamiento. La vivienda es cada vez más un elemento decisivo en lo referido a la libertad -poder vivir sin depender de otro- de la ciudadanía, tanto en las ciudades europeas como en el Estado español como, también, en Galicia.

La omisión del rentismo popular en los medios, en las instituciones y en los movimientos sociales

Las luchas por la vivienda digna en las grandes ciudades del Estado se han articulado mediante discursos que abarcan a un gran conjunto de afectados por las operaciones de grandes fondos de inversión. Se señala cómo estos participan de la financiarización de las economías, buscando beneficios a través de la especulación con la vivienda, con la consecuente espiral de precios que los inquilinos no pueden afrontar.

La utilidad de sintagmas como “Fuera fondos buitre de nuestros barrios” es evidente: permite organizar a los distintos afectados y los dispone a luchar contra un enemigo exterior que estaría amenazando sus condiciones de vida. Juan R. Medela comparte la lógica de estos discursos de combate contra los fondos de inversión: “la mención a los fondos buitre es una cuestión simbólica y estratégica: simbólica porque solo representa una pequeña parte del problema real de la especulación, pero es muy llamativa y refleja la idea de la lucha de ‘David contra Goliat’; estratégica porque permite visualizar mucho más la lucha colectiva de varias inquilinas frente a un mismo propietario, que teniendo un propietario por cada inquilina. La presión que se puede hacer y la capacidad de negociación que se puede tener aumenta con el número de inquilinas que luchan con un mismo propietario”.

En Galicia la construcción mediática del problema está incorporando los tonos de estos discursos. En los grandes medios hay una mayor cintura a la hora de recoger la indignación con los fondos buitre y, por el contrario, un cierre de filas en lo que se refiere a la compasión con los pequeños propietarios de viviendas. Comenta Iago Carro que se fomenta un “relato lacrimógeno” sobre el rentista popular, cristalizado en la figura del jubilado que, tras años de trabajo y ahorro, disciplina y honradez moral, alcanza un ingreso que complementa su pensión.

Se trata de un relato de las clases medias afincado en los orígenes prístinos de sus propiedades, ganadas a través del mérito, que afianza su derecho a especular. Aparenta ser cerrado y perfecto, dado que critica lo público y exhorta a una sublevación basada en la “búsqueda de las habichuelas” en privado; pero también mantiene fisuras, dado que la exhortación a buscar vías privadas es a su vez una crítica a la insuficiencia de las pensiones. “Aseguran medios privados de subsistencia porque no podemos darnos seguridad colectiva. Pero la pregunta que sugiere es: ¿por qué uno no vive bien con su pensión? ¿Por qué tengo que joder a otros para vivir dignamente?”

seguramente una parte significativa de los representantes políticos -tanto a nivel municipal como estatal y autonómico- tienen propiedades en alquiler, lo que dificulta cualquier intención de legislar algo.

Preguntados por la oclusión del debate sobre el rentismo popular entre las formaciones políticas, incluso las de izquierdas, los tres entrevistados señalaron que este es un elemento capilar de la sociedad, y dejaron entrever que seguramente una parte significativa de los representantes políticos -tanto a nivel municipal como estatal y autonómico- tienen propiedades en alquiler, lo que dificulta cualquier intención de legislar algo.

Si el rentismo está invisibilizado, advierte Iago Carro, es porque se trata de algo realmente transversal, “en el sentido de que nos toca a todos o de que todos conocemos a alguien, y en tanto que tan próximo, se convierte en tabú”. En esta línea Juan R. Medela propone un ejercicio de imaginación: “Imagina que se invirtieran las tornas y que en el Estado hubiera un pequeño porcentaje de pequeños y medianos propietarios y un amplio porcentaje de grandes propietarios: el rentismo no tendría la misma legitimidad social y los políticos de izquierda no tendrían tantos problemas en ponerle frenos”.

Tanto la articulación política como la potencialidad a la hora de definir los bandos del rentismo popular no están, como vemos, dados de antemano, sino que necesitan ser pensados y traducidos políticamente. Pero la cuestión, lejos de atañer a una realidad exterior que no se corresponde con las experiencias de la exclusión en el acceso a la vivienda, corresponde a una realidad muy próxima y visible: un 81,5% de los encuestados que vivían de alquiler en 2018 declaraban que sus propietarios eran particulares, frente al 9,3% que lo hacían en propiedades de una empresa o el 6,9% que vivía en viviendas públicas.

no se habló de rentismo popular porque no convenía políticamente…surge una dificultad social muy problemática cuando la gente que nos impide acceder a la vivienda es nuestra vecina María, que tiene noventa años y cuyo nieto juega con nosotros al fútbol

Es sobre esto donde pone el acento Yrigoy: “si no se habló de rentismo popular es porque no convenía políticamente, dado que es muy fácil generar consensos sociales y convertirte en un sindicato muy potente yendo contra Blackstone, que son especuladores con oficinas en New York; pero surge una dificultad social muy problemática cuando la gente que nos impide acceder a la vivienda es nuestra vecina María, que tiene noventa años y cuyo nieto juega con nosotros al fútbol”.

Los usos del rentismo popular

Como acabamos de reflejar, el debate sobre el rentismo popular está lleno de aristas y se dirige a profundos núcleos de sentido compartido. Cabe abrir en torno a él toda una serie de interrogantes.

En primer lugar cabe preguntarse sobre la oscuridad del término y, concretamente, sobre qué entendemos por popular. Lo “Popular” puede entenderse en el sentido de una condición compartida: de vivir en el mismo barrio -vecindad-, de ser compañero de trabajo o de compartir los mismos espacios de consumo y ocio. “En lo popular entra todo el mundo”, dice Juan R. Medela.

Pero aunque no todo el mundo sea rentista (a nivel cuantitativo no son una mayoría), tenemos a un grupo de población rentista muy significativa que dista de ser el 1% de los megarricos. ¿No será mejor hablar, a secas, de “rentismo”? ¿Hablamos de “popular” para referirnos a una cuestión cuantitativa (una estadística poblacional) o para destacar un aspecto cualitativo (una forma de lazo social, comunitario, una cultura propietarista-rentista)? La cuestión no está exenta de dificultades.

el porcentaje de viviendas en manos de fondos buitre o grandes poseedores es mínima en comparación con la de los pequeños caseros multipropietarios (con entre 2 y 9 viviendas alquiladas)

La realidad del rentismo popular es generalizable a la mayor parte de las ciudades del Estado, incluidas las grandes ciudades. Según Medela el porcentaje de viviendas en manos de fondos buitre o grandes poseedores (en la Comunidad de Madrid tienen el 15,5% del total de viviendas alquiladas y en Cataluña el 6,8%) es mínima en comparación con la de los pequeños caseros multipropietarios (con entre 2 y 9 viviendas alquiladas): “De los 3,6 millones de viviendas en alquiler en el Estado, el 92% pertenece a pequeños propietarios, mientras que solo el 8% está en manos de grandes poseedores, como fondos buitre y otras entidades jurídicas”.

En Galicia prevalece aún más el fenómeno, dado que hay una menor proporción de grandes propietarios (3,8%). Como ha indicado en varias ocasiones el periodista David Lombao, Galicia es un país de 200.000 caseros, 160.000 inquilinos y 840.000 propietarios. El conjunto de estos particulares poseen el 96% de las viviendas en alquiler en todo el país. La mayoría de esos caseros reciben rentas brutas que van desde mil hasta cinco mil euros, y en conjunto reciben un ingreso medio de 600€ mensuales. Entre ellos 60.000 propietarios poseen cinco o más inmuebles, mientras que 24.000 poseen diez o más inmuebles. De entre los pequeños propietarios, la mayoría no poseen más de cuatro viviendas: el 34% tiene una vivienda en alquiler, el 42% tiene dos, el 16% tiene tres y el 8% tiene cuatro o más.

Pero donde el rentismo popular gallego ya resulta especialmente problemático, matiza Yrigoy, es en el eje Narón-A Guarda, con la AP-9 como espina dorsal: “a diferencia de la Galicia interior, caracterizada por el despoblamiento y donde menos del 20% de los sueldos se destinan al alquiler, en la Galicia urbana los porcentajes superan el 30% de los sueldos, llegando en las provincias de A Coruña y Pontevedra a un 32% y 39% respectivamente”. En este cuadro se acentúan las desigualdades entre aquellos que perciben la mayor parte de sus ingresos vía salario (80% de los ingresos) y aquellos que perciben rentas inmobiliarias (20%), y más tras décadas en las que los precios de los alquileres aumentaron el doble con respecto al aumento medio de los sueldos.

Para el investigador mallorquín se produce un juego a dos bandas: por un lado los inquilinos precarios de la Galicia urbana soportan una inflación al cuadrado que transcurre sobre el coste de la vida y el de la vivienda; mientras que por otra cada vez más grupos sociales aumentan o mantienen su riqueza gracias a la posesión de una vivienda, sea liberándose del pago de un alquiler, sea obteniendo beneficios a través del arrendamiento. La vivienda es cada vez más un elemento decisivo en lo referido a la libertad -poder vivir sin depender de otro- de la ciudadanía, tanto en las ciudades europeas como en el Estado español como, también, en Galicia.

Otro de los ángulos abiertos en la reflexión es el referido a la popularidad del rentismo. El arraigo del fenómeno, su realidad como hecho de economía política, dificulta cualquier ejercicio de condena ética o reproche moral a los particulares; pero no cabe duda de que el término toca un hueso duro de nuestras sociedades (las clases medias propietarias y aspiracionales), y su acogida puede permitir la denuncia por parte de las clases inquilinas de las formas extractivas que sufren. La reflexión que abre el concepto apunta a una intervención política sobre el sentido común, sobre cómo pensamos la propiedad o sobre si es legítimo privar al otro en nombre de nuestro derecho a especular.

Para cambiar este sentido común Carro considera necesario invertir el relato lacrimógeno del pequeño propietario y poner el acento en que “un particular que acumula más de dos propiedades en régimen de alquiler no está manteniendo un pequeño negocio individual a título de un ciudadano cualquiera. Se puede entender que un ciudadano que posee una propiedad para residir, o incluso dos, no sea considerado un agente económico; pero a partir de una tercera propiedad cabe decir que estamos ante alguien que genera una serie de ingresos mediante el acceso a un activo financiero, y por lo tanto, ante alguien que ejerce una actividad económica”. ¿En qué medida esta resignificación podría ayudar a las luchas por la vivienda a avanzar posiciones?

Carro también destaca la importancia de portales inmobiliarios como idealista o de las agencias inmobiliarias en la subida de los precios y en la cohesión de los intereses de los pequeños y medianos propietarios: “No se trata solo de los propietarios, sino de la industria inmobiliaria que hay a su alrededor y que tiene la capacidad de unir toda esta propiedad atomizada”.

Este último elemento, la atomización de la propiedad, “podría ser una simple característica del mercado residencial y no uno de los factores explicativos de los aumentos de precio y de la expulsión del mercado de otras capas de la población. No está claro que el modelo contrario, de concentración de la propiedad, sea más positivo, ya que otorgaría mayor poder de manejo y dirección a grandes grupos empresariales”. ¿Estamos en condiciones de abrir un debate social sobre el reparto de la propiedad o sobre la predistribución de la riqueza?

Un tercer ángulo es el que se relaciona con el elemento que está siendo más discutido en la lucha por la vivienda: el referido a la utilidad del sintagma en el ámbito de la acción política y sindical. Ismael Yrigoy mantiene que el uso del concepto puede resultar útil de cara a la acción colectiva, en tanto que permite visualizar una realidad y ponerla en tela de juicio.

Ahora bien, un término puede ser útil analíticamente pero difícil de trasladar a la acción política. Es la posición mantenida con Juan R. Medela, que comparte una de las interpretaciones en boga dentro del Sindicato de Inquilinos, muy bien sostenida en las intervenciones de Javier Gil, según la cual no se debe hacer énfasis en el rentismo popular ni en hablar de “pequeños propietarios”, ya que se pone al mismo nivel a los “caseros particulares” (con una sola vivienda alquilada) con los caseros multipropietarios, propagando el imaginario de que todos los caseros que no tienen figura jurídica son “caseros vulnerables” que necesitan el alquiler para complementar su renta. Cuando los caseros particulares con una sola vivienda alquilada representarían entre el 3% y el 9% de los hogares, o el 5.8% de la población en edad adulta. La renuncia estaría justificada en aras de aprovechar el potencial conflictivo contra los fondos buitre y los multipropietarios: “si prestamos atención al número de caseros, los que tienen una sola vivienda en alquiler son los que predominan, pero si nos fijamos en el número de viviendas que aglutinan, el porcentaje en manos de multipropietarios es muy superior”.

la disputa no debe darse tanto sobre “la figura del rentista popular, sino sobre las condiciones estructurales que hacen que la canalización más segura de los ahorros y del patrimonio sean este tipo de inversiones y no otras más beneficiosas para todos”

Para Iago Carro el meollo del asunto está en la serie de condiciones estructurales que están convirtiendo el rentismo en una decisión racional, instalando un “modelo donde la búsqueda de la seguridad individual genera inseguridad colectiva”. El sistema estaría enganchando con la ventaja cuasi-ontológica de la vivienda, en el sentido de que esta no es un “activo cualquiera sino que constituye un refugio para el dinero tangible, material y visible”. Es por eso que la disputa no debe darse tanto sobre “la figura del rentista popular, sino sobre las condiciones estructurales que hacen que la canalización más segura de los ahorros y del patrimonio sean este tipo de inversiones y no otras más beneficiosas para todos”.

No se trataría tanto de una confrontación con las personas sino de la impugnación de un sistema que genera que la inversión en vivienda sea la opción más segura para las clases populares con capacidad de ahorro o capital heredado: “debemos apuntar a la máxima de que es más razonable económicamente hipotecarse que alquilar o que comparado con tener dinero en el banco invertir en vivienda es más rentable”. Para el coruñés el cambio del sentido común debería nuclearse en torno a una idea de la “seguridad individual no equivalente a la inseguridad colectiva; de una seguridad distribuida igualitariamente entre todos los agentes, sin privilegiar a unos sobre otros, con especial atención a la situación de vulnerabilidad de los inquilinos”.

Para el miembro de Ergosfera lo decisivo es que en el momento rentista actual se normaliza entre amplios sectores de la población la identidad entre hogar y activo financiero, lo que resulta en un alejamiento de estos sectores hacia cualquier reclamación de justicia residencial o cualquier tipo de dilema moral con su actividad. La predominancia ideológica de las clases medias en nuestras sociedades, así como su papel como fuerza hegemónica, no solo alejarían a los ya rentistas de las demandas del movimiento por la vivienda, sino que también distanciaría a otros grupos de población que aspiran, tarde o temprano, a convertirse en propietarios y/o rentistas. En este sentido es inevitable preguntarse por la potencialidad política del sujeto inquilino: ¿hasta qué punto puede constituir una contrahegemonía?

Parece que la polarización social incipiente alrededor de la vivienda será de gran importancia en este ciclo político. Para muestra las convocatorias de los Sindicatos de Inquilinos o la apertura de nuevas formas de organización como el Sindicato Socialista de Vivienda. Pregunta acertadamente Yrigoy que “si la PAH respondió a un problema marcado por la crisis hipotecaria y los desahucios, si desde 2016 hasta el 2021, en respuesta al ciclo Blackstone se erigieron como actores más organizados del movimiento los Sindicatos de Inquilinos, ¿qué ocurrirá en este nuevo ciclo, donde Blackstone está marchándose y donde los fondos de inversión ya realizaron sus operaciones?”. Podemos añadir: ¿Qué ocurrirá en la próxima década? ¿Gozará de popularidad el rentismo o se pondrá en tela de juicio el rentismo popular? ¿Cómo cambiará el sentido común en torno a la vivienda?