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Todas las preguntas de las que el novio de Ayuso no podrá escapar en el Tribunal Supremo
El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y protagonista del escándalo que salpica al entorno más cercano de la presidenta madrileña, tendrá que volver a pisar los tribunales. Esta vez no como acusador, sino como testigo. El Tribunal Supremo ha obligado al juez Ángel Hurtado a citarlo para que aclare si fue él quien difundió, antes que nadie, el famoso correo con su confesión por fraude fiscal. Un correo que, curiosamente, su entorno lleva un año utilizando como munición contra la Fiscalía General del Estado. La declaración de González Amador, prevista para el 23 de mayo, supone un giro en una causa que nació por una querella suya acusando a la Fiscalía de revelar secretos. Querella que, por cierto, omitía un dato clave: que ese mismo correo que ahora considera confidencial también fue enviado a un abogado del Estado el 2 de febrero de 2024. Es decir, mucho antes de que el caso saliera en los medios o se presentara denuncia alguna. "Acabo de enviar a Fiscalía otra propuesta de conformidad penal en relación con una nueva denuncia por delito fiscal", escribía entonces Carlos Neira, abogado del empresario, en un email dirigido también a la Abogacía del Estado. Un correo que deja en evidencia que la famosa confesión no era tan secreta como se ha querido hacer creer. Con este nuevo paso, la Abogacía del Estado -que defiende a Álvaro García Ortiz y a la fiscal Pilar Rodríguez- ve abierta una vía que llevaba tiempo reclamando: que se obligue a González Amador a explicar, bajo juramento, si él mismo o alguien de su círculo fue quien soltó a la prensa su confesión. Una confesión que, de ser así, perdería toda condición de "secreto" y desmontaría la base misma de su ofensiva penal contra la Fiscalía. Y no solo eso. También tendrá que explicar por qué ese dato fundamental fue ocultado en las denuncias que presentó. Porque, como subrayan tanto la Abogacía del Estado como el Ministerio Público, lo relevante aquí no es quién recibió el correo, sino que el propio entorno del empresario nunca lo trató como algo reservado. "Nulo valor confidencial o naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo incluso por el propio abogado del señor González Amador", subraya el informe de los letrados del Estado. Desde la Fiscalía también lo dejan claro: en ninguna parte de la querella se menciona que un correo idéntico al enviado a la Fiscalía también fue remitido a otro organismo oficial el mismo día. Un detalle que, según los fiscales, "debería ser objeto de explicación". Todas las miradas en Miguel Ángel Rodríguez Pero ahí no acaba el embrollo. Porque además del misterioso recorrido del correo con la confesión, hay otra filtración aún más grave y todavía menos explicada: la que protagonizó Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso y habitual azote mediático de la Fiscalía. En su declaración ante el juez, el propio MAR reconoció haber distribuido desde su móvil, la tarde del 13 de marzo...
El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y protagonista del escándalo que salpica al entorno más cercano de la presidenta madrileña, tendrá que volver a pisar los tribunales. Esta vez no como acusador, sino como testigo. El Tribunal Supremo ha obligado al juez Ángel Hurtado a citarlo para que aclare si fue él quien difundió, antes que nadie, el famoso correo con su confesión por fraude fiscal. Un correo que, curiosamente, su entorno lleva un año utilizando como munición contra la Fiscalía General del Estado. La declaración de González Amador, prevista para el 23 de mayo, supone un giro en una causa que nació por una querella suya acusando a la Fiscalía de revelar secretos. Querella que, por cierto, omitía un dato clave: que ese mismo correo que ahora considera confidencial también fue enviado a un abogado del Estado el 2 de febrero de 2024. Es decir, mucho antes de que el caso saliera en los medios o se presentara denuncia alguna. "Acabo de enviar a Fiscalía otra propuesta de conformidad penal en relación con una nueva denuncia por delito fiscal", escribía entonces Carlos Neira, abogado del empresario, en un email dirigido también a la Abogacía del Estado. Un correo que deja en evidencia que la famosa confesión no era tan secreta como se ha querido hacer creer. Con este nuevo paso, la Abogacía del Estado -que defiende a Álvaro García Ortiz y a la fiscal Pilar Rodríguez- ve abierta una vía que llevaba tiempo reclamando: que se obligue a González Amador a explicar, bajo juramento, si él mismo o alguien de su círculo fue quien soltó a la prensa su confesión. Una confesión que, de ser así, perdería toda condición de "secreto" y desmontaría la base misma de su ofensiva penal contra la Fiscalía. Y no solo eso. También tendrá que explicar por qué ese dato fundamental fue ocultado en las denuncias que presentó. Porque, como subrayan tanto la Abogacía del Estado como el Ministerio Público, lo relevante aquí no es quién recibió el correo, sino que el propio entorno del empresario nunca lo trató como algo reservado. "Nulo valor confidencial o naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo incluso por el propio abogado del señor González Amador", subraya el informe de los letrados del Estado. Desde la Fiscalía también lo dejan claro: en ninguna parte de la querella se menciona que un correo idéntico al enviado a la Fiscalía también fue remitido a otro organismo oficial el mismo día. Un detalle que, según los fiscales, "debería ser objeto de explicación". Todas las miradas en Miguel Ángel Rodríguez Pero ahí no acaba el embrollo. Porque además del misterioso recorrido del correo con la confesión, hay otra filtración aún más grave y todavía menos explicada: la que protagonizó Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso y habitual azote mediático de la Fiscalía. En su declaración ante el juez, el propio MAR reconoció haber distribuido desde su móvil, la tarde del 13 de marzo...
