Moncloa da por amortizada a Beatriz Corredor y espera el momento más oportuno para provocar su salida

Cada vez que se pregunta a algún ministro sobre el futuro de Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica se escuda en la no injerencia del Gobierno en el consejo de administración de la empresa. Corresponde, pues, a todos los accionistas decidir quién dirige la compañía. Y por mucho que se recuerda que Moncloa es el principal accionista (20%), el Ejecutivo dice no querer ni poder mover ficha. Pero según ha sabido este diario, el núcleo duro del presidente ya da por amortizada a la exministra socialista y espera al momento más oportuno para provocar su salida. 

El propio presidente, Pedro Sánchez, abrió la veda este miércoles en el Congreso: "Queremos asumir esas responsabilidades políticas, exigirlas también, y sobre todo usar esta experiencia para mejorar y hacer de nuestro sistema eléctrico un sistema más fiable de lo que lo es hoy", afirmó. Lo cierto es que Moncloa obligó a dar explicaciones públicas a Corredor tras 48 horas de silencio. Fuentes gubernamentales, no obstante, señalan que Corredor no salió a la palestra en un primer momento porque las explicaciones debían correr a cargo de los técnicos. 

Pero una vez que Moncloa dejó claro que llevaría tiempo llegar hasta el fondo del asunto, cada día que pasa se hace más insostenible la situación de la exministra socialista al frente de Red Eléctrica, según admiten en privado destacados socialistas. Lo cierto es que el Gobierno espera dirimir antes la responsabilidad de cada actor en el episodio para no perturbar la cotización de la compañía ni provocarle daño patrimonial. Hay mucho dinero en juego. Fuentes del Ejecutivo ya advirtieron de que uno de los grandes campos de batalla es el de las indemnizaciones que se deberán pagar una vez se aclare de quién fue la culpa.

Las estimaciones sobre el coste económico del apagón varían significativamente, desde los 1.000 millones hasta los 22.000 millones de euros, dependiendo de las fuentes y los sectores analizados. El propio presidente puso encima de la mesa la cifra de 415 millones y criticó el cortoplacismo de quienes se indignan con esa cifra de pérdidas. 

Mientras. las empresas del sector se culpan de forma cruzada. Y el Gobierno, en medio, ya ve como un desastre las consecuencias de esa batalla, así como su incapacidad para contrarrestar la sensación de caos que se ha apoderado de los españoles tras dos capítulos sucesivos de 'tercermundismo': el apagón que dejó sin suministro eléctrico a todo el país, y el caos ferroviario, que dejó varados a 10.000 pasajeros en la vuelta de un puente festivo en la Comunidad de Madrid. 

La respuesta automática de Moncloa ha sido defenderse con un buen ataque. Ese es el fusible que le suele saltar al Gobierno en las crisis: confrontar, polarizar y no dejar que se hable de la crisis en sí. O, al menos, intentar cambiar la forma en que se habla de ella. Pero esta vez al Gobierno no le ha salido del todo bien, porque sociológicamente ya se ha instalado la firme creencia de que el fallo es un problema de la red eléctrica y no tanto un ciberataque u otra amenaza externa; una tesis que el Gobierno se empeña en mantener con vida.

Es más, existe preocupación en el Gobierno por el devenir de los acontecimientos. Por todo ello, ya se apunta a Corredor. Puede ser otra cabeza más que entregue Pedro Sánchez a la opinión pública con tal de calmar los ánimos. En cualquier caso, al Ejecutivo no le ha quedado más remedio que jugar la baza de la polarización e iniciar un ataque ideológico. El apagón se ha convertido una vez más en una guerra cultural para marcar al PP y a los "ultrarricos" que presiden las compañías eléctricas. 

En un contexto de marcada tensión social y polarización electoral, el Gobierno ha optado por dibujar una frontera clara entre el poder económico y la ciudadanía. El relato es conocido pero eficaz: un Ejecutivo que se enfrenta a los “ultrarricos” para proteger el interés general. Esa estrategia busca movilizar a su electorado natural, consolidar apoyos a su izquierda y desviar el foco del apagón que el 28 de abril dejó a millones de usuarios sin suministro, y cuya gestión todavía levanta preguntas sin resolver.

Pero se trata de un juego de alto riesgo. Declarar la guerra a las eléctricas —actores clave en la transición energética— puede tener consecuencias técnicas, económicas e institucionales. La falta de interlocución fluida podría ralentizar inversiones, enrarecer el clima empresarial o incluso abrir una brecha jurídica si el cierre nuclear termina judicializado.

En definitiva, Moncloa ha elegido confrontar de forma abierta con un sector con enorme poder económico y capacidad de influencia. El movimiento puede reforzar su relato y cohesionar al bloque progresista. Pero también puede activar resistencias poderosas, tanto dentro como fuera de las instituciones. Y en medio, una pregunta clave sigue sin respuesta clara: ¿quién asume los costes de la energía del futuro?

Como ya contó este diario, fuentes socialistas lamentan que la estrategia de Moncloa esté siendo "dejar en el aire la posibilidad de ser las víctimas" de los últimos embrollos que han trastocado la vida de los españoles. Las sociedades modernas son una enrevesada red de actores operando en un sistema tan intrincado que permite a los gobiernos difuminar las responsabilidades cuando hay un fallo que conduce al caos. Precisamente, dicha complejidad es la pantalla tras la que se está protegiendo el Gobierno, consciente de que, a priori, todas las hipótesis son plausibles para explicar el colapso de la red eléctrica que fundió los plomos del país hace poco más de una semana