Malestar en un sector del TC por la "opacidad" de Conde-Pumpido sobre una sentencia de la amnistía "ya escrita"

El debate del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía se antoja inminente. Así lo confirman a este periódico diversas fuentes del órgano de garantías. Algunas incluso aseguran que el borrador de la sentencia que debe someterse a debate "ya está preparado". Sin embargo, por mucho que todos los magistrados del tribunal den por sentado que el Pleno habrá fallado antes de las vacaciones de verano, ciertas voces del sector conservador se encuentran molestas ante la "absoluta opacidad" con la que el presidente Cándido Conde-Pumpido maneja el calendario.

"[El presidente] es opaco con los propios miembros del tribunal", denuncia uno de los magistrados de la corte de garantías constitucionales. A este sector llegan algunos rumores que indican que la deliberación sobre la norma comenzará a mediados de junio, pero el flujo de información es débil.

En este contexto, tal y como adelantó El Mundo, tres magistrados del sector conservador acometieron el lunes un intento de paralizar la tramitación de la sentencia sobre la norma llamada a amnistiar a los líderes del procés. César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel registraron una petición para que se pause la resolución de los recursos contra la amnistía y se eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Los magistrados recelan del encaje de la norma en el derecho de la Unión, que tiene primacía sobre los ordenamientos jurídicos de sus Estados miembros. Precisamente teniendo en cuenta esta primacía del derecho europeo, los tres miembros del Constitucional consideran procedente elevar una cuestión prejudicial y no deliberar sobre la amnistía hasta que se haya pronunciado el TJUE.

El tribunal europeo ya tiene en su mesa varias impugnaciones pendientes de resolución: del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Audiencia Nacional y un juzgado catalán. Sin embargo, el presidente Conde-Pumpido —que tiene la potestad para marcar el ritmo del Pleno del órgano— no tiene intención de paralizar la tramitación de los recursos.

La ley de amnistía es, en muchos aspectos, una norma sin precedentes. También en lo referente a su paso por el Tribunal Constitucional, dado que se ha convertido en la norma contra la que más recursos de inconstitucionalidad se han presentado. De ello se encargaron el PP, sus comunidades autónomas, y también la que gobierna el socialista. Emiliano García-Page. A los 16 recursos se unen cuatro cuestiones de inconstitucionalidad, que son las objeciones que presentan los tribunales que deben aplicar la norma, entre ellos el Tribunal Supremo.

Tampoco tiene precedentes el aluvión de recusaciones que se presentaron para apartar a varios magistrados de la deliberación. De los doce miembros que componen el Pleno del órgano, diez participarán en el debate.

El exministro de Justicia Juan Carlos Campo se apartó de motu proprio al considerar que no podía ofrecer la debida imagen de imparcialidad, dado que durante su mandato como ministro apuntó en un informe que la amnistía es "claramente inconstitucional". El segundo magistrado que quedará al margen de la deliberación es el conservador José María Macías, aupado al órgano por el Partido Popular como parte de la negociación que logró desencallar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El caso de Macías es distinto al de Campo, ya que el magistrado no ha decidido apartarse voluntariamente, sino que ha sido recusado. El Tribunal Constitucional recibió un total de 27 recusaciones contra el exvocal del CGPJ, que durante su mandato en el Consejo firmó varios informes contra la medida de gracia, y se pronunció públicamente contra la norma.

También fueron objeto de recusaciones la magistrada Laura Díez, ex alto cargo en el Gobierno, y el presidente Cándido Conde-Pumpido. El Pleno ha resuelto positivamente las recusaciones contra Macías, pero ha descartado apartar del debate a estos dos últimos magistrados.

Una vez el Pleno ha logrado resolver estas recusaciones, el presidente está decidido a afrontar la deliberación sobre la norma, cuando aún no hace un año que se aprobó definitivamente en el Congreso de los Diputados. Hace meses que el presidente del órgano tomó la determinación de pisar el acelerador en la tramitación de los recursos contra la amnistía, que se han convertido en su "principal prioridad".

La estrategia es comenzar resolviendo el recurso que presentó el Partido Popular el pasado 5 de septiembre, y zanjarlo antes incluso que la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Supremo. Esta decisión atiende a la amplitud del escrito del PP, que engloba prácticamente todas las objeciones que presentan el resto de escritos.

En un inicio, el encargado de elaborar la ponencia iba a ser Macías, pero tras su recusación se designó esta tarea a la vicepresidenta, la progresista Inmaculada Montalbán. La sentencia que propondrá esta magistrada será una "ponencia matriz" que abordará el recurso del PP —el más amplio—, pero "mirará de reojo" al resto de escritos. "Se trata de poner no solo el foco, sino la visión periférica", explican. De este modo, la sentencia servirá de precedente para todas las que se dicten más adelante.