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Madrid, zona cero de la guerra jurídica contra el Gobierno: "Desvía la atención sobre su corrupción"
La Comunidad de Madrid se ha convertido en el principal campo de batalla judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al poder en 2019, el Ejecutivo madrileño ha transformado la confrontación institucional en su bandera política. Lo que en otras comunidades puede derivar en desacuerdos o negociaciones, en Madrid desemboca directamente en los tribunales. Según datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Comunidad presidida por Ayuso es la que más recursos tiene ahora mismo pendientes de sentencia contra el Estado en el Tribunal Constitucional: cinco, una cifra que no alcanza ninguna otra autonomía. Pero los datos oficiales solo son la punta del iceberg. La ofensiva jurídica liderada por Ayuso se extiende más allá del Constitucional. En total, desde que la dirigente del PP tomó las riendas de la Comunidad, se han interpuesto una veintena de recursos judiciales contra decisiones del Gobierno central. Solo en lo que va de 2025, el Ejecutivo regional ha anunciado cinco nuevos recursos, uno al mes. Una cadencia que parece más una estrategia planificada que una reacción espontánea. Este mayo, Ayuso anunció un nuevo recurso contra el real decreto que regula la acreditación de universidades. En abril, había hecho lo propio contra la Ley de Eficiencia de la Justicia. En marzo, recurrió el acuerdo alcanzado por el Gobierno central con Junts para el reparto de menores migrantes no acompañados. En enero, denunció judicialmente la colocación de una placa para recordar las torturas franquistas en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional. Y a todo ello se sumó, este mismo mes, la intención de tumbar judicialmente el acuerdo estatal para la condonación de 83.000 millones de deuda a las comunidades autónomas. El patrón se repite. Desde el Gobierno madrileño se lanza el recurso, se denuncia supuestas invasiones competenciales o atentados contra la Constitución, y el aparato mediático afín se encarga de amplificar el relato de agravio. "A pesar de las zancadillas del Gobierno central, la Comunidad de Madrid es la región capital, que siempre está al servicio de los madrileños y del conjunto de los españoles", llegó a declarar el portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, en una de esas ocasiones. La retórica ya está consolidada: Ayuso como última defensora de la Constitución frente a un Gobierno al que acusan de saltarse las normas, traspasar líneas rojas e imponer una "agenda ideológica". Sin embargo, esa estrategia choca con la realidad del resto del país. En Moncloa presumen de haber reducido la conflictividad institucional desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia. Frente a los 238 recursos de inconstitucionalidad interpuestos entre 2011 y 2018 bajo los gobiernos del PP de Mariano Rajoy, desde 2018 apenas se han planteado 88. Y salvo Madrid, ninguna otra comunidad autónoma suma más de dos recursos activos en el Constitucional. En cambio, Ayuso mantiene abiertos tres recursos de inconstitucionalidad (contra la ley de vivienda, la ley de amnistía y el reparto de menores no acompañados), y dos más por invasión...
La Comunidad de Madrid se ha convertido en el principal campo de batalla judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al poder en 2019, el Ejecutivo madrileño ha transformado la confrontación institucional en su bandera política. Lo que en otras comunidades puede derivar en desacuerdos o negociaciones, en Madrid desemboca directamente en los tribunales. Según datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Comunidad presidida por Ayuso es la que más recursos tiene ahora mismo pendientes de sentencia contra el Estado en el Tribunal Constitucional: cinco, una cifra que no alcanza ninguna otra autonomía. Pero los datos oficiales solo son la punta del iceberg. La ofensiva jurídica liderada por Ayuso se extiende más allá del Constitucional. En total, desde que la dirigente del PP tomó las riendas de la Comunidad, se han interpuesto una veintena de recursos judiciales contra decisiones del Gobierno central. Solo en lo que va de 2025, el Ejecutivo regional ha anunciado cinco nuevos recursos, uno al mes. Una cadencia que parece más una estrategia planificada que una reacción espontánea. Este mayo, Ayuso anunció un nuevo recurso contra el real decreto que regula la acreditación de universidades. En abril, había hecho lo propio contra la Ley de Eficiencia de la Justicia. En marzo, recurrió el acuerdo alcanzado por el Gobierno central con Junts para el reparto de menores migrantes no acompañados. En enero, denunció judicialmente la colocación de una placa para recordar las torturas franquistas en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional. Y a todo ello se sumó, este mismo mes, la intención de tumbar judicialmente el acuerdo estatal para la condonación de 83.000 millones de deuda a las comunidades autónomas. El patrón se repite. Desde el Gobierno madrileño se lanza el recurso, se denuncia supuestas invasiones competenciales o atentados contra la Constitución, y el aparato mediático afín se encarga de amplificar el relato de agravio. "A pesar de las zancadillas del Gobierno central, la Comunidad de Madrid es la región capital, que siempre está al servicio de los madrileños y del conjunto de los españoles", llegó a declarar el portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, en una de esas ocasiones. La retórica ya está consolidada: Ayuso como última defensora de la Constitución frente a un Gobierno al que acusan de saltarse las normas, traspasar líneas rojas e imponer una "agenda ideológica". Sin embargo, esa estrategia choca con la realidad del resto del país. En Moncloa presumen de haber reducido la conflictividad institucional desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia. Frente a los 238 recursos de inconstitucionalidad interpuestos entre 2011 y 2018 bajo los gobiernos del PP de Mariano Rajoy, desde 2018 apenas se han planteado 88. Y salvo Madrid, ninguna otra comunidad autónoma suma más de dos recursos activos en el Constitucional. En cambio, Ayuso mantiene abiertos tres recursos de inconstitucionalidad (contra la ley de vivienda, la ley de amnistía y el reparto de menores no acompañados), y dos más por invasión...
