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Los constructores reclaman un pacto de Estado para garantizar el acceso a la vivienda
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña y España (APCE), Xavier Vilajoana, ha lanzado este sábado un llamamiento para que se alcance un pacto de Estado por la vivienda, después de que cuatro asociaciones del sector hayan elaborado un decálogo en ese sentido que se presentará en el salón Construmat que empezará el próximo miércoles en Fira de Barcelona . El también presidente de la principal cita ferial del sector ha señalado en el programa Converses de COPE Cataluña y Andorra, con la participación de ABC; que los problemas estructurales de la vivienda no pueden abordarse con medidas aisladas ni con una visión cortoplacista: «hacen falta consensos duraderos, porque el ciclo de maduración de una vivienda ya es, en sí mismo, más largo que una legislatura», ha dicho. Xavier Vilajoana ha advertido de la existencia de un déficit acumulado de viviendas en España que ronda las 150.000 unidades anuales, según el Banco de España, cuando «estamos construyendo solo 100.000 viviendas anuales y se necesitan al menos 250.000» , ha alertado. El representante del sector también ha cargado contra la elevada presión fiscal que soporta la vivienda al subrayar que «España es el país con la mayor carga fiscal sobre cada vivienda construida en toda Europa, puesto que el 30% del coste final son impuestos». En ese sentido, ha añadido que «esta circunstancia podría corregirse mañana mismo sin necesidad de legislar», lo que redundaría en una reducción del precio de la vivienda en la misma proporción fiscal: un 30% más barata. También ha denunciado el exceso de burocracia urbanística, al afirmar que el proceso medio para que un suelo pase a ser edificable alcanza los 16 años . «No se puede planificar nada con estos plazos y necesitamos un urbanismo más ágil, flexible y adaptado a la realidad del siglo XXI», ha reclamado. Además, ha abogado por una visión metropolitana para resolver el acceso a la vivienda: «Tenemos que dejar de hablar solo de Barcelona ciudad, porque si una persona tarda 21 minutos en llegar desde Lliçà de Vall al centro de la ciudad, eso también forma parte de la solución, de modo que hay que medir en minutos, no en kilómetros», ha enfatizado. Sobre la ley de la vivienda ha reconocido que «no tiene visos de que vaya a aprobarse a pesar de que existe consenso técnico, pero no político» . En ese sentido Vilajoana ha manifestado su incomprensión ante la resistencia de la clase política a modificar esta normativa: «Cuesta mucho entender por qué no se ha corregido antes. Se piensa demasiado en las próximas elecciones y muy poco en las próximas generaciones», ha concluido. También ha dicho que por fin se están dando pasos para «flexibilizar» la polémica norma de reservar el 30% de vivienda protegida en cada promoción , una medida impuesta por el gobierno de Ada Colau en la ciudad de Barcelona. «El 30% de cero es cero», ha ironizado, mientras ha lamentado que la iniciativa no haya generado los resultados esperados y ha reclamado ajustes para que pueda aplicarse con eficacia. «Debe modificarse de manera que sea viable», ha concluido.
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña y España (APCE), Xavier Vilajoana, ha lanzado este sábado un llamamiento para que se alcance un pacto de Estado por la vivienda, después de que cuatro asociaciones del sector hayan elaborado un decálogo en ese sentido que se presentará en el salón Construmat que empezará el próximo miércoles en Fira de Barcelona . El también presidente de la principal cita ferial del sector ha señalado en el programa Converses de COPE Cataluña y Andorra, con la participación de ABC; que los problemas estructurales de la vivienda no pueden abordarse con medidas aisladas ni con una visión cortoplacista: «hacen falta consensos duraderos, porque el ciclo de maduración de una vivienda ya es, en sí mismo, más largo que una legislatura», ha dicho. Xavier Vilajoana ha advertido de la existencia de un déficit acumulado de viviendas en España que ronda las 150.000 unidades anuales, según el Banco de España, cuando «estamos construyendo solo 100.000 viviendas anuales y se necesitan al menos 250.000» , ha alertado. El representante del sector también ha cargado contra la elevada presión fiscal que soporta la vivienda al subrayar que «España es el país con la mayor carga fiscal sobre cada vivienda construida en toda Europa, puesto que el 30% del coste final son impuestos». En ese sentido, ha añadido que «esta circunstancia podría corregirse mañana mismo sin necesidad de legislar», lo que redundaría en una reducción del precio de la vivienda en la misma proporción fiscal: un 30% más barata. También ha denunciado el exceso de burocracia urbanística, al afirmar que el proceso medio para que un suelo pase a ser edificable alcanza los 16 años . «No se puede planificar nada con estos plazos y necesitamos un urbanismo más ágil, flexible y adaptado a la realidad del siglo XXI», ha reclamado. Además, ha abogado por una visión metropolitana para resolver el acceso a la vivienda: «Tenemos que dejar de hablar solo de Barcelona ciudad, porque si una persona tarda 21 minutos en llegar desde Lliçà de Vall al centro de la ciudad, eso también forma parte de la solución, de modo que hay que medir en minutos, no en kilómetros», ha enfatizado. Sobre la ley de la vivienda ha reconocido que «no tiene visos de que vaya a aprobarse a pesar de que existe consenso técnico, pero no político» . En ese sentido Vilajoana ha manifestado su incomprensión ante la resistencia de la clase política a modificar esta normativa: «Cuesta mucho entender por qué no se ha corregido antes. Se piensa demasiado en las próximas elecciones y muy poco en las próximas generaciones», ha concluido. También ha dicho que por fin se están dando pasos para «flexibilizar» la polémica norma de reservar el 30% de vivienda protegida en cada promoción , una medida impuesta por el gobierno de Ada Colau en la ciudad de Barcelona. «El 30% de cero es cero», ha ironizado, mientras ha lamentado que la iniciativa no haya generado los resultados esperados y ha reclamado ajustes para que pueda aplicarse con eficacia. «Debe modificarse de manera que sea viable», ha concluido.
