Las otras cuentas del Fobaproa

Forbes México.
Las otras cuentas del Fobaproa

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro es uno de los capítulos más controvertidos en la historia económica de México. Diseñado para evitar la quiebra del sistema bancario, se convirtió en la herramienta más contundente de transferencia de deuda privada a obligación pública en la historia del país. Treinta años después, aún se paga esa factura.

En 1990, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari creó el Fobaproa como un fondo preventivo para proteger a los ahorradores en caso de crisis. Su función real se reveló hasta la crisis de 1994-1995, cuando la devaluación del peso, el aumento desmedido en tasas de interés y el retiro masivo de capital extranjero pusieron al borde de la quiebra al sistema financiero.

Como presidente, Ernesto Zedillo tomó la decisión de activar el Fobaproa no solo para salvar a los ahorradores, sino para rescatar a los bancos. El problema no fue que se intentara evitar un colapso bancario, sino cómo se hizo, a quién se protegió y con qué nivel de transparencia.

Y ese Fondo —absorbente de 552 mil millones de pesos en deudas privadas— volvió al centro del debate y de la conversación pública. Aun cuando nadie puso sobre la mesa la posibilidad de cancelar los pagos de la deuda, en la 88 Convención Bancaria, los banqueros consideraron “gravísimo” si eso llegara a ocurrir.

Ya la presidenta Claudia Sheinbaum lo había dejado en claro: “no es trivial el decir que no se llegara a pagar, porque tiene implicaciones muy importantes para la economía mexicana”. Dejar de pagar significaría enviar una señal de impago soberano a los mercados internacionales, lo que afectaría la calificación crediticia de México, elevaría el costo de la deuda externa y limitaría el acceso a financiamiento futuro.

La decisión de convertir deuda privada en pública fue avalada en su momento por el PRI y PAN en el Congreso. El PRD, entonces oposición, se opuso. Andrés Manuel López Obrador llegó a llamarlo “el mayor atraco a la nación”. Un rescate opaco, con afectaciones sociales y cuyo costo se extiende todavía al 2050. Auditarlo ha sido imposible.

Cuando en 1998 se convirtió el Fobaproa en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), lo único que cambió fue el nombre: la deuda permaneció y se legalizó su pago prácticamente a perpetuidad.

La narrativa oficial sostuvo lo inevitable de ese rescate. La otra cara, silenciada durante años, muestra una medida desproporcionada, que se pudo haber estructurado sin transferir la totalidad del riesgo a los ciudadanos, aunque, en consistencia con el argumento central de Zedillo nadie ha dicho ni dirá que no se va a pagar.

El Fobaproa se convirtió en una trampa perfecta. La pregunta ya no es si fue un error. El cuestionamiento es ¿por qué tres décadas después nadie ha rendido cuentas?

Sobre el autor:

Salvador Guerrero Chiprés es Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México.

X: @guerrerochipres

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Twitter: @C5_CDMX

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Salvador Guerrero Chiprés