Las dudas sobre la jornada frenan la firma de convenios: el 70% superan aún las 37,5 horas

Aunque sólo ha pasado una semana desde que el Gobierno aprobó la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas de manera definitiva en el Consejo de Ministros, la medida lleva más de un año sonando en las empresas y entre los representantes de los trabajadores, en el marco de la negociación colectiva. Las dudas son las mismas ahora que en los últimos meses, pues no cuenta aún con los apoyos necesarios para salir adelante en el Congreso.

En este contexto, se aprecia cierta parálisis en la negociación, con menos convenios colectivos en vigor y un 70% de ellos superando ese máximo. Los últimos daños publicados el pasado viernes por el Ministerio de Trabajo reflejan que a cierre de abril había 2.405 convenios con efectos económicos, de los que 720 tenían una jornada media pactada inferior a las 37,5 horas. Otros 631 oscilaban entre las 37,5 y las 38,5 horas; mientras que 1.054 superaban las 38,5 horas.

Si se mira por número de trabajadores afectados por esos convenios registrados hasta abril, un 89% del total (6,58 millones de 7,43 millones de personas cubiertas) tienen jornadas pactadas medias superiores al máximo legal que pretende marcar el Gobierno. El año pasado en el mismo momento había 2.584 convenios en vigor y, de ellos, el 72% incorporaban una jornada superior a las 37,5 horas, afectando al 91% de los trabajadores cubiertos por un convenio. 

Esto significa que los convenios con una jornada pactada inferior a 37,5 horas a la semana sólo han crecido en dos puntos porcentuales en el último año pese a que el Gobierno ha advertido a las comisiones negociadoras de los mismos de que deberán adaptarlos a la nueva norma antes del 31 de diciembre de este año. Hay que tener en cuenta que el número de convenios se ha reducido un 7% en términos interanuales ante la incertidumbre existente aún sobre si se aplicará o no la reducción de jornada.

De hecho, la mayoría de los convenios registrados y con efectos hasta abril se firmaron en años anteriores. En 2025 sólo se han firmado 171 convenios, de los 2.405 que hay en vigor. Entre enero y abril de 2024 se habían firmado y registrado 189, un 11% más que este año, cuando ya se había ralentizado la firma de convenios respecto al año anterior. En 2023 la cifra acumulada hasta abril alcanzaba los 263 convenios, un 39% más que en 2024 y un 54% más que este año.

Sobre este asunto advirtió la patronal CEOE en las alegaciones presentadas, tras su rechazo a apoyar el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos. "De momento, el anuncio de esta propuesta legal ha frenado en seco la negociación colectiva", apuntaba, recordando que a finales de noviembre de 2024 se habían firmado 757 convenios aplicables a 1.937.004 personas trabajadoras, frente a los 1.041 que en las mismas fechas de 2023 regían las condiciones laborales de 3.551.120 personas.

"Lamentablemente, lo anterior es sólo el comienzo. La conflictividad laboral será inevitable. El impacto de la ley generará tensiones añadidas en la negociación colectiva y quienes hicieron concesiones en su convenio a cambio de rebajas en la jornada reivindicarán mantener la distancia conquistada. Por su parte, la implementación de la jornada máxima legal en sectores y empresas alejadas al alza de la nueva jornada tendrán que reorganizar horarios, turnos u otras condiciones de trabajo", advirtió CEOE.

La reducción de jornada pasa al Congreso

Los empresarios esperan que el Congreso frene la reducción de jornada, o al menos la suavice y retrase. El anteproyecto de ley plantea la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores no sólo para cambiar el máximo legal de jornada laboral hasta las 37,5 horas sin ayudas a las empresas, sino también para reforzar los derechos a la desconexión digital y el registro horario, y para endurecer el régimen sancionador, con multas de entre 1.000 y 10.000 euros.

También aplica a los empleados a tiempo parcial, pues aquellos que trabajen 37,5 horas o más deberán ser considerados asalariados a tiempo completo y a todos se les aplicará un incremento proporcional de su salario o, en su defecto, una reducción proporcional de jornada manteniendo el sueldo. En este sentido, desde el Gobierno asumen que se introducirán cambios relevantes en el texto en el Congreso, como las ayudas a las empresas y la flexibilidad que los expertos recomiendan. 

El objetivo del Gobierno ahora es ganarse el apoyo de Junts. La formación de Carles Puigdemont se mantiene en el voto en contra y sigue a la espera de una reunión. Considera que la iniciativa es un "ataque frontal" a los autónomos y a las pymes, en línea con la patronal catalana que preside Josep Sánchez Llibre, Foment del Treball, quien la considera "el error más grave de la democracia". Cataluña es una de las comunidades donde más afectará la reducción de jornada, junto a Madrid y las islas.

La negociación que arrancará ahora podría alargarse durante meses e incluso acordarse una aplicación flexible y progresiva, pese al interés de Sumar en que la reducción de jornada esté publicada en el BOE cuanto antes y las empresas tengan hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos y asegurar el cumplimiento desde enero de 2026. De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya se abrió la semana pasada a dar margen para introducir cambios en la norma.