La jueza de la DANA vuelve a rechazar la imputación del presidente de la CHJ por no hablar del caudal del Poyo

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica DANA que arrasó media provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, en la que murieron 228 personas, ha vuelto a rechazar la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, al entender que la falta de información sobre el caudal del barranco del Poyo que se le atribuye "resulta desmentida por la remisión de correos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), así como por la posibilidad de acceso al mismo". En un auto dictado este jueves por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra desestima el recurso de reforma presentado por la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud contra la decisión de la propia instructora de no investigar a Polo y a tres cargos de Emergencias de la Generalitat: el director, el subdirector y la jefa de servicio.

Sobre Polo, señala que la ausencia de información sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo que se le atribuye se desmiente con el envío automático de correos del SAIH a Emergencias de la Generalitat, que también podía consultar en tiempo real este sistema de medición de caudales. Es más, la magistrada afirma que este hecho conlleva que no se pueda atribuir responsabilidad penal no solo a Polo, sino a prácticamente ningún miembro directivo de dicho organismo estatal.

El auto vuelve a reproducir los avisos del SAIH entre las 18.00 y las 19.20 horas, que ascienden a 13 y que muestran la elevación del caudal desde los 493,3 metros cúbicos por segundo de las seis de la tarde hasta los 1.941,1 de las 19.20 horas. "La forma de visualización era, como se señala en el informe de la CHJ, a través de la aplicación la SAIHWIN; aplicación, que se afirma se dispondría por el Centro de Coordinación de Emergencias", expone la magistrada.

Por lo que respecta a la petición de imputar a los tres cargos de Emergencias de la Generalitat, la jueza considera que la atribución de un resultado mortal de tal gravedad por un total de 228 fallecidos "no puede sustentarse exclusivamente en la integración de la estructura administrativa autonómica". Según argumenta para justificar por qué imputó a la exconsellera Salomé Pradas y a su entonces número 2, Emilio Argüeso, es necesario un "nexo causal" entre los fallecimientos y la "inactividad" en relación con la posición de garante. Es decir, con su capacidad de alertar a la población. Por ello, ratifica su condición de investigados y descarta la de los tres cargos autonómicos.

La instructora de Catarroja vuelve a afirmar que el Cecopi (órgano de coordinación de Emergencias) reunido la tarde del 29 de octubre "pareciera una burbuja aislada del mundo exterior", pero añade que "no era así". La jueza se apoya en la declaración del técnico realizada esta semana para subrayar que la decisión de enviar la alerta a la población se sometió "en todo momento" al "control" de Pradas, al mando de la emergencia, y bajo su autorización. Además, relata que los miembros del Cecopi "manejaban teléfonos, entraban y salían de la sala, se comunicaban con otras autoridades".

En este punto, la magistrada justifica califica de "absurda" la decisión de desconectar a las agencias estatales de la reunión telemática "por razones no explicables" durante una hora porque "es incompatible quejarse de la falta de información y decisión por otras personas y al mismo tiempo excluir de la reunión a quien supuestamente había de proporcionarla y decidir por uno mismo". Todo ello, añade, "convierte en más grosera la negligencia atribuible a quienes ostentan la condición de investigados", la exconsellera Pradas y el ex secretario autonómico Argüeso.

Declaración de Bernabé

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, aseguró a la jueza, en su declaración en calidad de testigo, que el 29 de octubre el presidente de la CHJ, que es con quien más habló y que estaba en contacto con los alcaldes, no le informó sobre desbordamientos de cauces y barrancos, de los que fue conocedora por los medios de comunicación. Sin embargo, la instructora pone el foco en los avisos automáticos y en los correos enviados por la CHJ a Emergencias.

Rechaza la citación de un perito

En el segundo auto, la jueza de Catarroja rechaza la petición de la asociación popular y particular que ejerce la asociación Liberum de unir a la causa un documento y citar como perito a su autor, que dirigió una petición de investigación sobre la DANA a la Comisión Europea. La instructora recuerda que la persona propuesta por esa parte "no ostenta la condición de perito, ni experto en relación a los hechos objeto de la presente investigación".