La doble batalla de Sánchez en la UE: ayudas directas para defensa y un fondo para los sectores afectados por los aranceles

El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una doble batalla en la mesa de negociación de la Unión Europea para consensuar la respuesta de los Veintisiete ante las nuevas amenazas comerciales y a la seguridad europea. Por un lado, busca introducir ayudas directas para aumentar el gasto en defensa, un mecanismo que ya se utilizó durante la pandemia y que también plantea para ayudar a los sectores afectados por la guerra arancelaria de Donald Trump. Todavía no hay atisbo de éxito en ninguno de los dos casos y, de hecho, Moncloa reconoce la dificultad para que los países frugales apoyen esta "visión".

Por un lado, Sánchez continúa con las conversaciones con los distintos Estados miembros para impulsar su propuesta de que, más allá de préstamos, haya transferencias a fondo perdido al estilo de los fondos post-pandemia. Es un asunto que ya ha puesto sobre la mesa comunitaria y que, de momento, no parece que esté generando consenso suficiente. El plan de rearme europeo plantea movilizar 800.000 millones de euros, de los que 150.000 millones se destinarán a préstamos para los países, aunque no a transferencias como pide España.

Aunque el Gobierno ve con buenos ojos esta fórmula, insiste en las ayudas directas para no tener que reembolsar estos fondos y así poder acelerar su compromiso de alcanzar el 2% del PIB en defensa. No obstante, no parece que esta propuesta esté teniendo mucho acogimiento entre los países frugales, con la excepción de Finlandia, que se mostró favorable al plan de Sánchez cuando este visitó Helsinki hace tres semanas. Con todo, no logró incorporarla en el Libro Blanco de la Defensa, que marca las líneas de actuación europeas de cara a 2030.

Otro de los componentes clave para Sánchez es la flexibilidad de las reglas europeas. Al respecto, la Comisión Europea ha activado hasta finales de abril la posibilidad de que los países se acojan a la cláusula de escape para poder aumentar su gasto militar sin que esto les penalice en términos de déficit y deuda ni compita con otras inversiones, como las sociales. España se ha mostrado a favor de acogerse a la misma, lo que le permitirá un gasto adicional equivalente al 1,5% del PIB.

Pero a este frente de negociación se une uno nuevo con el estallido de la guerra comercial de Estados Unidos. En este caso, Sánchez también está intentando convencer a sus socios europeos para crear un fondo de ayudas para los sectores que se vean más afectados por los aranceles anunciados por Donald Trump. Además, pone sobre la mesa una fórmula concreta para financiar esas ayudas: utilizar la recaudación de los aranceles comunitarios con los que la UE responda a Trump.

Fuentes gubernamentales confirman que Sánchez ya avanzó a Von der Leyen esta propuesta durante una conversación telefónica que se produjo este jueves. De momento, no hay ningún acuerdo. Es algo que España tendrá que pelear en la mesa comunitaria. "La papeleta de Europa es difícil", reconocen desde Moncloa, que exhiben como "viable" su medida pero reconocen que aún es pronto para impulsarla, puesto que primero se tendrían que imponer los aranceles a Estados Unidos y luego hablar de la redistribución de los fondos que generen.

Otros de los mecanismos que propone Sánchez es la unión de ahorro e inversión, la unión bancaria, la integración energética o la creación del euro digital en este ciclo legislativo. Según expuso en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, esto podría "reducir entre el 50 y el 100% los aranceles de Trump".

Además, también intentará que la Comisión Europea intente flexibilizar al máximo e incluso cambiar alguna normativa europea que dificulta la concesión de ayudas nacionales, como las que anunció este miércoles para los sectores afectados. "Para dar ayudas nos hace falta flexibilidad", reconocen fuentes próximas al presidente.

En concreto, el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) regula las ayudas otorgadas por los Estados miembros para que no se pueda "falsear" la competencia favoreciendo a determinadas empresas, además, el reglamento de la UE obliga a los Estados a notificar a la Comisión cualquier ayuda y da a la misma la potestad para decidir sobre su legalidad. Revisar estas normativas será otro caballo de batalla de Sánchez para impulsar las ayudas a los sectores más afectados por los aranceles, como es el caso del automovilístico.

No parece un camino sencillo, puesto que entre los países que tendrán que dar su brazo a torcer está Alemania, cuya industria automotriz es una de las más competitivas del mundo.