La Dirección de Infancia catalana, en el ojo del huracán por el caso de la menor violada y una investigación de Antifraude

Las polémicas rodean a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Catalunya (DGAIA), que se ha convertido en el eslabón débil del Govern de Salvador Illa justo cuando se cumple un año de su victoria en las urnas. Las dudas sobre los protocolos y la actuación en el caso de la niña tutelada víctima de una red de pederastia han puesto al ente en el punto de mira.

La primera acusación de la Fiscalía contra la red de pederastia ha coincidido con la polémica derivada de una investigación que la Oficina de Antifraude de Catalunya (OAC) contra la DGAIA por presuntas irregularidades en el pago de prestaciones a jóvenes extutelados. Tras conocerse esta información, adelantada por el diario Ara en enero, Junts, PP y la CUP forzaron la comparecencia de la consellera Mònica Martínez Bravo, que todavía no ha sucedido.

A todas estas controversias se sumó la destitución, por parte de la consellera, de la directora general y al subdirector de la DGAIA solo seis meses después de nombrarlos. Martínez Bravo ha negado que su relevo tuviera que ver con las acusaciones de fraude, sino con la voluntad de iniciar “una nueva etapa” para llevar a cabo “cambios necesarios en esta dirección”.

La investigación de Antifraude

La Oficina Antifraude, la Sindicatura de Cuentas y el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) están llevando a cabo sendas investigaciones contra la DGAIA que nacieron de la denuncia de un alertador anónimo presentada en 2024. Se trata de un empleado de entidades que trabajan con jóvenes extutelados y que detectó un presunto entramado de fraude, falsificación de informes y pago de prestaciones indebidas.

Las entidades señaladas son la Fundación Resilis, que forma parte de la Plataforma Educativa y que acompaña a extutelados en su inserción social y laboral; y la UTE Fundació Mercè Fontanilles, que se encarga del seguimiento y valoración de la prestación económica que reciben los jóvenes cuando, al cumplir la mayoría de edad, salen del amparo de la Generalitat.

Esta ayuda se enmarca en la prórroga asistencial que Catalunya otorga desde 1994 a los extutelados cuando alcanzan la mayoría de edad y que garantiza acceso a una vivienda, así como prestaciones económicas equivalentes al indicador de la renta de suficiencia (778,49 euros mensuales) hasta que cumplen los 23 o hasta que cobran un sueldo que, sumado a la ayuda, no puede superar en 1,5 el importe de la renta.

Pero, según la denuncia a la que ha tenido acceso elDiario.es, las entidades investigadas no aplicaban estos límites. El alertador expone un “presunto entramado de corrupción estructural” basado en el cobro de plazas fantasmas, prestaciones indebidas e incumplimiento “sistemático” de los protocolos.

Todo empezó en enero de 2024, cuando, según su versión, se “obliga” a este educador social a “falsear los informes de emancipación” de diversos jóvenes, escondiendo que ya trabajaban. De esta manera, los chavales seguían recibiendo la ayuda y, además, las entidades cobraban por plazas en pisos tutelados que, en muchos casos, estaban vacías, según el denunciante. También sostiene que esta práctica podría haberse llevado a cabo con diversos jóvenes y desde que este programa en concreto fue licitado, en 2022, bajo el Govern de Pere Aragonès.

El primer caso que detectó este alertador fue el de un joven que seguía cobrando su prestación y la ayuda para el alquiler de un piso -que se quedaba en el bolsillo de la entidad- a pesar de que vivía y trabajaba en València. Este fue la punta del iceberg que le llevó a seguir investigando y a pasarse cuatro meses grabando conversaciones que mantenía con sus jefes y compañeras de trabajo.

En estas grabaciones, adjuntas a la denuncia, se constata que los responsables de la entidad no sólo promovían estas malas prácticas, sino que, además, obligaban a llevarlas a cabo sabiendo que podían ser constitutivas de fraude. “Cuando se gestionan las prestaciones económicas hay que hacer mucho trabajo sucio”, le dijeron en una ocasión. Cuando el denunciante se negó a prestarse a eso, le llegaron a espetar que votara a “otro partido”.

El denunciante asegura haber recibido “amenazas de muerte” por parte de algunos jóvenes extutelados cuando supieron que estaba en contra de que siguieran cobrando prestaciones. Por ello, pidió protección a los Mossos d’Esquadra y, además, también acudió a Inspección de Trabajo para denunciar abusos laborales. Finalmente, la empresa fue sancionada con una multa de 2.500 euros por una “infracción grave” de la normativa de prevención de riesgos laborales. Paralelamente, pidió protección a Antifraude, que se la concedió a mediados de 2024.

Para conseguir esta condición -que otorga ayuda psicológica y financiera y blinda ante represalias laborales- es necesario demostrar que se alertaron de las malas prácticas a la empresa antes de dirigirse a Antifraude. Y este denunciante lo hizo. Pero la DGAIA inició una investigación que concluyó que no se había detectado “ninguna irregularidad en la gestión”.

No fue hasta meses después, que la DGAIA decidió iniciar un expediente informativo sobre el caso. Fue en diciembre de 2024, cuando recibió una petición de información que constataba que se estaba llevando a cabo una investigación por parte de Antifraude, la Sindicatura de Cuentas y la de Greuges.

Conflicto de intereses y contratos de emergencia

Esta no es la primera vez que la DGAIA se pone bajo la lupa de estas instituciones. También pasó en noviembre 2018, a raíz de la gestión de Ricard Calvo, director general entre 2016 y 2017, y quien dimitió tras ser acusado de “adjudicar y favorecer” a un conglomerado de empresas con contratos por valor de más de 100 millones de euros.

Se trataba de entidades en las que Calvo había tenido responsabilidades o ejercido cargos. Los nombres que más se repiten son Fasi, Gentis y Resilis -la misma empresa investigada ahora por Antifraude. Todas ellas forman parte de la Fundación Plataforma Educativa, de la que Calvo fue gerente y para la que volvió a trabajar sólo tres meses después de su dimisión.

A todo eso, el caso llegó a los tribunales y la misma Generalitat se personó como acusación particular. Pero, en febrero de 2020, la jueza cerró la causa contra Calvo por falta de indicios.

El caso no se quedó ahí y en noviembre de ese mismo año el Parlament pidió a la Sindicatura de Cuentas que investigara la gestión de la DGAIA, empezando por la dirección de Calvo en 2016 y llegando hasta 2020. Esos años coincidieron con los gobiernos de Puigdemont y Quim Torra, pero la dirección siempre estuvo bajo la batuta de dos consellers de ERC: Dolors Bassa y Chakir el Homrani.

El informe, que se publicó en abril de 2024, constata que en esas fechas hubo diversas irregularidades. Por un lado se introdujeron criterios “no previstos” en las bases de algunas subvenciones para favorecer a ciertas empresas. También se contrató a 154 centros por el procedimiento de emergencia “sin que se diesen los motivos en las leyes de contrato”. Se observó que se prorrogaron diversos contratos sin firmarse ningún documento de prórroga. Y se demostró que en los centros observados, el gasto reconocido fue superior al gasto contratado en todos los ejercicios.

En aquel momento la DGAIA respondió con un informe en que justificaba las contrataciones por la vía de emergencia a causa del “desbordamiento” por la “llegada masiva de jóvenes” entre 2016 y 2018. Luego achacó el desorden a la aplicación del artículo 155 que “paró en gran medida el funcionamiento de la Generalitat y provocó retrasos en procedimientos administrativos”. También aludió a la falta de disponibilidad de crédito debido a las prórrogas presupuestarias de 2018 y 2019 y, por último, se remitió a la pandemia, que “requirió el establecimiento y aplicación de nuevas medidas organizativas”.

La menor tutelada víctima de la red de pederastia

Mientras todavía colean las consecuencias de este informe de la Sindicatura de Cuentas y la investigación que actualmente se está llevando a cabo, a la DGAIA le ha estallado otra bomba. El caso de la menor que fue violada y víctima de una trama de pederastia mientras estaba bajo guarda y custodia de la Generalitat y vivía en un centro residencial.

Dos días después de conocerse los hechos, la conselleria de Derechos Sociales anunció que abriría un expediente informativo para investigar la actuación de su dirección tanto antes de que se dieran los abusos, entre 2020 y 2021, como cuando ya fueron descubiertos y denunciados a los Mossos d’Esquadra.

Un día después, y tras haber alegado que no comentaba casos particulares y que no podían comparecer en la causa porque tenían únicamente la guarda y custodia de la menor, la Generalitat rectificó y anunció su intención de personarse como acusación particular. Ahora bien, desde el TSJC alertaron de que ya no existe esa opción para la primera de las tres causas, puesto que la instrucción ya está cerrada.

Fuentes jurídicas consultadas apuntan que es posible que el juez impida a la Generalitat personarse en las otras dos causas y, por contra, alertan de la posibilidad de que sitúe a la administración catalana como responsable civil subsidiaria debido a que los hechos se dieron mientras la menor vivía en un centro de la DGAIA.

En sus primeras palabras sobre el caso cuatro días después de hacerse público, Martínez Bravo ha anunciado que su departamento prepara una “transformación integral” que revisará las ratios para “evitar el desbordamiento” y se asegurará de “dotar de herramientas a los profesionales para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir”. Con esta declaración hacía referencia tanto al caso de la niña violada como a las investigaciones que está llevando a cabo Antifraude.

La consellera ha evitado responder a ninguna otra pregunta de los medios, remitiéndose a la solicitud de comparecencia que voluntariamente ha hecho al Parlament para presentar los resultados del expediente informativo una vez esté listo. De hecho, es de esperar que aproveche esa comparecencia sobre la red de pederastia y acabe informando también sobre las acusaciones de malversación y pagos indebidos a entidades que pesan sobre la DGAIA desde hace más de cinco meses.

A nivel parlamentario, PSC, ERC y Comuns han anunciado a última hora de este jueves un acuerdo para una comisión de investigación sobre la DGAIA desde 2011 y hasta la actualidad. Los grupos han salido así al paso de las críticas de los grupos de derecha de la Cámara. Junts, PP y Vox ya han mostrado su intención de no soltar el hueso de la DGAIA en lo que queda de legislatura.