La causa Grillo sigue sin juez y el Congreso prepara la cita a funcionarios de Milei

A dos semanas del operativo policial en las puertas del Congreso en el marco de la marcha de jubilados, gremios e hinchadas, la investigación por el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo sigue sin juez y, en consecuencia, sin la posibilidad de sumar querellantes ni de presionar con la búsqueda de evidencias. Así y todo, se espera una definición en el corto plazo mientras que en los próximos días se preparan citaciones desde el Legislativo a funcionarios del gobierno de Javier Milei. 

Hasta el momento, las múltiples denuncias que se radicaron ese día y en las jornadas posteriores contra el operativo de seguridad dispuesto por Patricia Bullrich, las detenciones irregulares y lesiones recayeron por sorteo en dos juzgados federales, el de María Romilda Servini y el de Ariel Lijo. También en la Justicia nacional, a partir de una presentación formulada por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) con foco en las lesiones sufridas por Pablo Grillo y la jubilada Beatriz Blanco.

Tanto Servini como Lijo se excusaron oportunamente de asumir la competencia de la causa sobre los incidentes y represión policial ocurrida aquel miércoles 12 de marzo. Pero las denuncias volvieron a sus manos por sorteo, por lo cual será ahora el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, quien dirimirá la cuestión y resolverá qué juez quedará al frente de la pesquisa.

De momento, la única medida de prueba que se solicitó en el marco de la investigación estuvo a cargo del fiscal Eduardo Taiano con el objetivo de recopilar los videos de las cámaras de seguridad de la zona para preservar las evidencias. Así y todo, la orden tuvo lugar recién ayer, a 14 días del golpe del cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo que puso en riesgo su vida. Hoy sigue internado, con pronóstico reservado aunque evidenciando notables mejorías en el Hospital Ramos Mejía.

El jueves de la semana pasada, la familia de Pablo Grillo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser aceptada como querellante con el patrocinio legal de los abogados de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS. En el escrito presentaron un pedido de medidas de prueba como la recolección de los registros audiovisuales crudos de canales de televisión, filmaciones oficiales, listados de personal desplegado, protocolos de actuación, comunicaciones radiales, órdenes de servicio, detalles de armamento y tipo de municiones utilizadas.

Hasta tanto no se defina qué magistrado quedará a cargo de la causa -si Servini o Lijo- tampoco se resolverá el pedido para sumarse a la investigación como parte querellante. La diferencia radica en que, de concretarse, la familia de Pablo Grillo junto a sus abogados tendrá capacidad de presionar desde adentro del expediente para que no se cajonee. Caso contrario, la Justicia no tiene deber alguno de corresponder o rechazar sus pedidos. 

Una situación similar atraviesa la Procuvin. Ninguna Fiscalía solicitó colaboración ni intervención de la procuración especial ya que no hay una radicación definitiva de los expedientes.

En la presentación formulada por el CELS y la Liga incluso se menciona la identidad del presunto gendarme responsable de efectuar el disparo de la granada de gas lacrimógeno que impactó a Grillo en la cabeza. Lo hicieron a partir de la pericia extraoficial que realizó el colectivo Mapa de la Policía y que divulgó en su cuenta en redes sociales.  Ambos equipos jurídicos fundamentan que la causa debe permanecer en manos de uno de los dos magistrados federales puesto que las fuerzas involucradas son de esta naturaleza. 

"A partir de una serie de registros pudimos identificar al autor del disparo como el Cabo Guerrero, miembro de la Unidad Móvil 6 de la Gendarmería Nacional Argentina. El accionar del efectivo violó normas nacionales e internacionales sobre el uso de armas menos letales, que prohíben disparar proyectiles en línea recta hacia personas, especialmente a la cabeza o rostro", consignó la familia de Pablo Grillo antes la Justicia. 

Solicitaron además que se convoque a declarar al gendarme en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Al mismo tiempo, reclamaron que se investigue la responsabilidad penal de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el director Nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; el jefe del Destacamento Móvil 6, Héctor Ferreira y del jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades involucradas en el diseño y ejecución del operativo.

La próxima semana, también podría haber novedades desde el Congreso, que involucren incluso a la cúpula de la SIDE. El titular de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, el senador Martín Lousteau, citó a la comisión para el próximo martes a las 16 para resolver los pedidos de interpelación a Patricia Bullrich y el número 1 y 2 de la estructura de inteligencia, Sergio Neiffert y Diego Kravetz. También incluirían al entonces responsable del área de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer, recientemente desplazado del área.

La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), ahora en manos de Ramiro Anzit Guerrero -hombre cercano a los diputados Gerardo Milman y Cristian Ritondo- no es nuevo en el cargo. Durante el gobierno de Mauricio Macri labró un informe que puso el foco en la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), basado en artículos periodísticos con los que se buscaba catalogar a la organización mapuche como terrorista. El actual gobierno de Javier Milei dio en febrero último ese paso que había quedado inconcluso.

"En lo que va de 2025 hubo cinco movilizaciones protagonizadas por el colectivo de jubiladas y jubilados. Todas enfrentaron operativos violentos de las fuerzas de seguridad. En cada una de estas protestas observamos una actuación ilegal, abusiva y poco profesional de los efectivos, quienes produjeron detenciones arbitrarias y atacaron a manifestantes, personas mayores y trabajadores de prensa con gas pimienta, gases lacrimógenos, carros hidrantes, palos y tonfas", señalaron el CELS y la Liga. 

Puntualizaron además que el 12 de marzo no solo estuvieron presentes la Gendarmería, la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y la Policía de la Ciudad con sus uniformes -aunque no siempre identificables- sino también una importante cantidad de vehículos no identificables y personal de civil.  Cien personas resultaron detenidas y fueron liberadas, la mayor parte de ellas, en la madrugada, por orden de una jueza de garantías bajo la premisa de carecer de la información completa sobre las circunstancias de su captura.

Desde febrero de 2023, el CELS impulsa una denuncia por inconstitucionalidad de la resolución 943/23, denominada "Protocolo anti-piquetes", que tramita en el Contencioso Administrativo, a cargo de Matías Cormick. En vísperas de la movilización del miércoles 19, una semana después de la represión, el CELS, Sipreba y Amnistía Internacional intentaron la suspensión del Protocolo mediante una cautelar.

Sostienen que no solo habilita a las fuerzas federales a dispersar las manifestaciones sino que también contiene disposiciones que les permiten recabar información "que luego utilizan para criminalizar, perseguir y estigmatizar a referentes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas". Por esas razones lo consideran inconstitucional.

Cormick lo desestimó por razones procesales aunque dispuso la supervisión del operativo de seguridad en esa jornada. Del informe posterior, sin embargo, no surgieron mayores datos tratándose de una jornada con apenas unos incidentes puntuales hacia el final de la tarde. "Lo observado se limita a una sola manifestación, no pudiéndose extender el análisis a otros eventos donde se aplicó previamente el protocolo, ni los que en lo sucesivo se apliquen", aclararon desde el juzgado.