Un comité de la Cámara de Representantes de Texas dio luz verde a un amplio paquete legislativo que responde directamente a las demandas del gobernador Greg Abbott. Se trata de una serie de medidas que endurecen las condiciones de libertad bajo fianza, limitan la actuación de ciertos jueces y regulan de manera estricta los programas previos al juicio. La propuesta, impulsada bajo el nombre de Senate Bill 9, impacta de lleno en el sistema judicial penal del estado, con especial énfasis en delitos violentos y reincidentes.

Modificaciones claves en la actuación de los magistrados de Texas

Uno de los ejes de esta legislación se enfoca en los deberes de los jueces en las etapas iniciales de los procesos penales. A partir de ahora, cuando un magistrado considere que no existen fundamentos suficientes para acusar a una persona detenida, deberá justificarlo de manera escrita y dejar constancia de ello en el expediente judicial en un plazo máximo de 24 horas. Esta disposición busca evitar decisiones arbitrarias y establecer un registro claro del razonamiento detrás de cada liberación sin cargos.

Además, la ley amplía las posibilidades de emitir informes de seguridad pública, incluso en casos en los que el acusado no se encuentra bajo custodia en el momento de la emisión del reporte. Esta medida permitiría a los magistrados evaluar riesgos antes de que el sospechoso entre formalmente al sistema judicial.

Más control sobre los programas previos al juicio con esta ley texana

Otra modificación sustancial apunta a los programas de intervención previa al juicio. Ahora, en cuanto un acusado acceda a este tipo de plan, el fiscal deberá enviar inmediatamente las condiciones de participación al sheriff del condado donde reside la persona involucrada.

Según el texto aprobado, el sheriff —o alguien designado por él— tendrá un plazo de hasta diez días para cargar, modificar o eliminar la información correspondiente en la base de datos estatal gestionada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Esto busca asegurar que todas las agencias policiales del estado tengan acceso rápido y actualizado al estado de cada individuo sometido a supervisión, para evitar así que se dupliquen esfuerzos o se tomen decisiones judiciales sin información completa.

Texas: cambios en el sistema de informes sobre fianzas

Una de las reformas más ambiciosas se implementó en el sistema de reportes de seguridad pública que utilizan jueces y fiscales para decidir sobre fianzas. A partir de la nueva legislación:

• El sistema deberá enumerar cada uno de los factores establecidos en la ley para fijar el monto de la fianza.
• Se exigirá que el informe incluya el nombre del imputado, su fecha de nacimiento o datos equivalentes, el número del caso y el delito imputado.
• Deberá indicar si el acusado califica para una fianza personal o si pesan condiciones obligatorias o discrecionales sobre su liberación.

Además, tendrá que mostrar un resumen del historial penal, que incluya:

• Condenas previas por delitos menores o graves.
• Causas pendientes, indicando si el imputado está actualmente en libertad o participa de un programa pre-juicio.
• Condenas anteriores con prisión efectiva.
• Cargos pasados o pendientes por delitos violentos, especialmente si involucraron agresiones a policías.
• Fugas o incumplimientos de comparecencia judicial.
• Si se encuentra en libertad condicional, bajo supervisión comunitaria o en libertad obligatoria.
• Órdenes de arresto activas en bases nacionales o estatales.
• Órdenes de restricción vigentes.

Límites estrictos a la liberación de reincidentes y sospechosos de delitos graves

La ley también establece restricciones severas para otorgar libertad bajo fianza a acusados reincidentes o a quienes hayan cometido nuevos delitos graves mientras estaban en libertad. En estos casos:

• Si el nuevo delito fue cometido en el mismo condado que el anterior, solo el tribunal que lleva la causa previa —o uno designado expresamente por él— podrá decidir sobre la fianza del nuevo caso.
• Si el segundo delito ocurrió en otro condado, la corte correspondiente al primer caso deberá ser notificada electrónicamente antes del fin del siguiente día hábil, para evaluar si corresponde revocar o modificar la fianza inicial.

En los casos más extremos, determinados imputados directamente no podrán ser liberados bajo fianza por decisión de magistrados designados bajo el Capítulo 54 del Código de Gobierno. Esta prohibición incluye a los siguientes perfiles:

• Personas acusadas de delitos graves que se encontraban en libertad condicional o en régimen de libertad supervisada.
• Reincidentes con al menos dos condenas firmes por delitos graves que hayan cumplido prisión en el sistema penitenciario estatal.
• Sospechosos que tengan órdenes de detención por parte de la agencia federal de inmigración.

También quedarán excluidos de obtener fianza aquellos que enfrenten cargos por:

• Homicidio simple o capital.
• Secuestro agravado.
• Agresión con agravantes.
• Abuso sexual agravado.

Una legislación alineada con las prioridades del gobernador Abbott: ¿qué falta para que se apruebe?

Según explicaron desde Houston Chronicle, Greg Abbott había presionado al Legislativo para que estas modificaciones avanzaran rápidamente, con el argumento de que la seguridad pública en Texas dependía de decisiones judiciales más estrictas y de una mayor cooperación entre fiscalías, juzgados y cuerpos policiales.

En ese sentido, The Texas Tribune destacó que la Senate Bill 9 refleja en gran medida las prioridades planteadas por el gobernador en los últimos meses, especialmente tras una serie de incidentes que involucraron a imputados reincidentes en libertad.

Con la aprobación de esta ley en el comité de la Cámara de Representantes, Texas avanza hacia un sistema más rígido en cuanto a liberaciones previas al juicio, centralizando la toma de decisiones en tribunales específicos, y al reducir las posibilidades de que acusados de delitos graves permanezcan libres durante el proceso penal. El tema cuenta con el apoyo del gobernador, quien aguarda por la aceptación final para poder firmar.

Ahora, la Cámara tiene tiempo hasta el 27 de mayo para aprobar las enmiendas constitucionales, pero debe hacerse con el alto margen de voto de dos tercios. Una vez que es suceda, el Senado debe estar de acuerdo con las nuevas propuestas para que lleguen al escritorio de Abbott.