Encierro y huelga de hambre en la grúa municipal de Sevilla: "Llevamos más de tres meses pidiendo que nos escuchen"

Desde el lunes 12 de mayo, seis trabajadores del servicio de grúa municipal de Sevilla permanecen encerrados en una sala del Ayuntamiento. Tres de ellos —Carlos, Inma y Luis— han iniciado una huelga de hambre indefinida. La medida, que consideran su “última opción”, busca visibilizar el conflicto laboral abierto desde hace meses, cuando fueron despedidos tras el cambio de empresa adjudicataria del servicio.

El origen del conflicto se remonta al 1 de febrero, fecha en la que la empresa Setex Aparki asumió la gestión del servicio, sustituyendo a la anterior concesionaria. Ese mismo día, sin previo aviso, los seis trabajadores fueron cesados. “Nos echaron de un día para otro, sin finiquito, sin derecho a paro, sin ofrecernos siquiera una explicación”, explica Carlos, uno de los huelguistas. Algunos de ellos, como Inma, contaban con contrato indefinido y experiencia en el servicio. “De repente, dejaron de contar con nosotros. Y lo peor es que sabían que esto iba a pasar. El Ayuntamiento no ha hecho nada para evitarlo”, denuncia.

Desde entonces, los trabajadores han protagonizado concentraciones, protestas y una campaña pública para reclamar su readmisión. La situación, sin embargo, no ha cambiado. A pesar de las solicitudes de reunión, el Ayuntamiento no ha recibido oficialmente a los afectados. El encierro y la huelga de hambre, aseguran, no son una acción improvisada, sino el resultado del agotamiento de todas las vías anteriores. “Llevamos más de tres meses pidiendo que nos escuchen. Ahora estamos aquí, dentro del Ayuntamiento, porque ya no tenemos más recursos ni más tiempo”, apunta Luis.

“Un recorte de personal y medios para ganar dinero”

La adjudicación a Setex Apark ha sido polémica desde el inicio. La empresa, que no ha atendido a las consultas de este periódico, ganó el concurso con una oferta un 25% más baja que el presupuesto base —7,5 millones de euros en total— y se comprometió a operar el servicio con 15 grúas de menos de ocho años. Según denuncias de los trabajadores y del sindicato CNT, el servicio se está prestando actualmente con solo siete vehículos, algunos de ellos con más de dos décadas de antigüedad. “Eso no solo incumple el pliego técnico del contrato, sino que afecta a la seguridad y al tiempo de respuesta del servicio”, aseguran los afectados. De hecho, en las últimas semanas se han producido quejas por retrasos en la retirada de vehículos mal estacionados.

CNT ha impugnado el contrato por vía administrativa y ha exigido que se fiscalicen sus condiciones técnicas y laborales. La central sindical califica la adjudicación como “temeraria” y acusa al gobierno municipal de falta de transparencia. “Lo que ha hecho Setex es recortar personal y medios para ganar dinero. Y lo ha hecho con la complicidad del Ayuntamiento, que ha mirado para otro lado”, denuncian. En sus comunicaciones públicas, la CNT ha mostrado fotografías de los vehículos actuales del servicio, con desperfectos visibles, y ha difundido extractos del contrato que —aseguran— demuestran el incumplimiento.

Una de las principales quejas de los trabajadores es no haber sido subrogados. Sin embargo, el Ayuntamiento aclara que ninguno de los seis encerrados cumple el requisito fundamental que establece el artículo 25 del Convenio Nacional del Sector: haber estado contratado al menos tres meses antes de la primera convocatoria del concurso, que fue en abril de 2024. “Esa cláusula no depende de nosotros ni de la empresa, viene en el convenio. Y ninguno de los seis la cumple”, sostienen fuentes municipales oficiales. Aseguran además que es la empresa quien debe ajustar sus contrataciones al marco legal vigente, y no el Ayuntamiento, que “no tiene competencia directa en la contratación del personal de la empresa adjudicataria. Solo podríamos intervenir si se incumpliera el convenio colectivo o el contrato firmado. Y hasta ahora, no hay pruebas de que eso haya ocurrido”, aseguran.

Frente a las denuncias por deterioro del servicio, el gobierno local ofrece datos para defender lo contrario. “El servicio de la UROA (Unidad de Retirada de Obstáculos a la Circulación) está funcionando muchísimo mejor que antes”, declaran. Durante la pasada Feria de Abril se retiraron un 77% más de vehículos que el año anterior, y durante la Semana Santa el incremento fue del 82%. Atribuyen esta mejora al fin de lo que califican como una “dejación de funciones” que se produjo el año anterior con la antigua concesionaria.

“La voluntad política de actuar frente a un atropello”

“No estamos aquí por espectáculo. Estamos porque queremos volver a nuestros puestos de trabajo, porque la empresa ha incumplido y porque el Ayuntamiento no quiere afrontar el problema”, resume Inma.

El conflicto ha generado reacciones políticas. Podemos Sevilla ha mostrado su apoyo a los trabajadores y ha exigido al alcalde José Luis Sanz (PP) que intervenga. La portavoz municipal, Susana Hornillo, denunció esta semana “la absoluta dejación de funciones del gobierno local” y pidió que se garantice la readmisión inmediata de los despedidos. También han expresado su respaldo IU, Adelante Andalucía y otros colectivos sociales. En un comunicado, Podemos advirtió: “El Ayuntamiento es responsable subsidiario del servicio. No puede mirar para otro lado mientras se vulneran derechos laborales en un contrato municipal”.

Por el momento, el gobierno local no ha ofrecido declaraciones públicas sobre la situación. Ni el área de Gobernación, de la que depende el servicio de grúas, ni la Delegación de Recursos Humanos han respondido a las demandas de los trabajadores. Mientras tanto, el encierro continúa. “Lo que está en juego no es solo nuestro empleo. Es la legalidad de un contrato, es la calidad de un servicio público, y es la voluntad política de actuar frente a un atropello”, afirma Luis. El conflicto, lejos de resolverse, se enquista dentro del propio edificio consistorial, a la espera de una reacción institucional que aún no llega.