Decretan la quiebra del ex concesionario de la ruta del Mercosur

El 8 de abril pasado fue el último día que la compañía Caminos del Río Uruguay (Crusa) tuvo a su cargo la concesión del corredor vial 18, conocido como la ruta del Mercosur, que incluye las rutas nacionales 12, 14, 117 y 174. Sin prórroga ni nuevo operador, el Gobierno tomó el control de la vía, la empresa se vio obligada a desvincular a los 500 empleados que tenía a su cargo y, finalmente, tres semanas después la Justicia decretó la quiebra de la empresa.

Además, la Justicia ordenó la incautación de libros, papeles y bienes presentes en las oficinas, con el objetivo de realizar un inventario general de los activos de la empresa. La medida incluyó también la identificación de posibles ocupantes y la solicitud de documentación que acredite el uso o tenencia del inmueble.

Este es apenas el fin de una larga historia de desencuentros que empezó hace más de 20 años con acusaciones de "asfixia económica" por la imposibilidad de la firma de actualizar las tarifas de los peajes. Precisamente, ese fue el detonante que llevó a la empresa a pedir el concurso preventivo en 2023.

La empresa, según el contrato, tenía derecho a una tasa interna de retorno (TIR) del 15,92%, pero esta cláusula dejó de cumplirse en la salida de la Convertibilidad, en 2002. Durante años, Crusa reclamó una actualización en el precio de los peajes, necesaria para mantenimiento y la ejecución de obras en el corredor, sin lograr nunca respuesta positiva.

"Los sucesivos gobiernos asfixiaron a Crusa al no actualizar las tarifas. A pesar de ello, se invirtieron u$s 870 millones en obras, costos de explotación, gastos administrativos, pagos de impuestos y demás gastos", había detallado la compañía el mismo día que dejaba la operación del corredor.

Juicio por daños

De hecho, a raíz del presunto incumplimiento del contrato, la empresa mantenía un juicio millonario contra el Estado nacional por daños y perjuicios. Solo en los últimos seis años, frente una inflación acumulada del 4095, el Estado autorizó un incremento en el valor del peaje de apenas un 1493%. Ese porcentaje, argumentó la empresa, representó nada más que un tercio de las variaciones de los costos.

"La manifiesta incapacidad financiera para hacer obras y la necesidad de ejecutar trabajos indispensables para la seguridad del tránsito, hicieron que la empresa debiera aplicar para ello el fondo de contingencias para despidos, creado para la desvinculación del personal al fin de la concesión en 2019", agregó la compañía tras haber devuelto la operación al Estado.

Además, la compañía dijo que la falta de ajuste del peaje de las rutas 12 y 14 no fue compensada por subsidios de ningún tipo. Esto, agregó la firma, marcó una diferencia con otras concesiones y servicios públicos, como el transporte y la energía.

Ya en febrero, Crusa había advertido el modo en que se estaba finalizando el contrato de concesión la forzaba a ir a la quiebra. En esa misma ocasión, la firma señalaba que la situación generaba un "pésimo antecedente" para el sector privado, que podría servir de advertencia para quienes quienes quieran participar de cualquier licitación que quiera lanzar el Gobierno Nacional.

Constituida en 1990, Crusa tenía un total de 677,2 kilómetros de rutas nacionales en su corredor. La concesión incluía los puentes Rosario-Victoria y los accesos a los pasos hacia Uruguay (Artigas y Represa Salto-Grande) y Brasil (Paso de los Libres).

La compañía tenía 500 empleados directos. En los últimos años, la empresa notificó al Poder Ejecutivo en más de 50 oportunidades sobre su obligación de renegociar y mantener "una concesión acorde a lo que se pactó contractualmente".