De la Faffe al Servicio Andaluz de Empleo: 500 'enchufados' que no se pueden despedir

El pasado miércoles, la Audiencia de Sevilla condenó a tres años y medio de cárcel al exdirector general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, por contratar ilegalmente al exalcalde de Lebrija (Sevilla), Antonio Torres. El motivo de esta contratación radicaba en la cercanía entre ambos, quienes se valieron de sus posiciones de poder para obtener beneficios personales en esta extinta agencia de la Junta de Andalucía.

Villén ya había sido condenado previamente a seis años de prisión por utilizar tarjetas de la fundación para pagar hasta 32.566 euros en prostíbulos. Solo en ocho visitas llegó a gastar cerca de 25.277 euros. Además, deberá indemnizar a la Junta de Andalucía con 359.973 euros, cantidad percibida por el exregidor durante su "contrato". Torres ni se presentaba a la oficina ni tenía aptitudes para el cargo, que ni siquiera estaba contemplado en el organigrama de la entidad.

Sin embargo, más allá del caso de Torres, hubo cientos de “enchufados” que accedieron a la Faffe sin ningún tipo de proceso selectivo. Hoy, muchos de ellos figuran como personal fijo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que desde hace meses ha generado fuertes polémicas.

“Los enchufados”

La Faffe fue creada en 2003 con el objetivo de formar a desempleados en Andalucía, pero con el paso del tiempo se convirtió, según diversas investigaciones judiciales, en una red clientelar al servicio de intereses políticos y sindicales. Fue disuelta en 2011 bajo el Gobierno del socialista José Antonio Griñán, y su plantilla —de más de 1.600 personas— fue absorbida por el SAE. Desde entonces, muchos han permanecido como interinos o trabajadores indefinidos no fijos, cobrando sueldos públicos y desempeñando funciones dentro del organismo.

Actualmente, 482 extrabajadores de la Faffe han sido reconocidos como empleados fijos sin haber superado un proceso de oposición o concurso público, lo que ha desatado críticas desde diversos sectores sociales, jurídicos y políticos. El SAE ha informado que revisará sus expedientes de forma individual, pero mientras tanto seguirán vinculados laboralmente a la administración pública. La Unión General de Trabajadores (UGT) ha respaldado esta medida, alegando que se deben preservar sus puestos de trabajo.

El proceso de estabilización fue, además, parcialmente anulado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla, que determinó que la valoración de méritos vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

En el plano político, la polémica ha sido capitalizada por Vox. Su portavoz en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), de blanquear lo que considera una "mafia socialista". Gavira utiliza esta baza para criticar lo que califica como una actitud continuista del actual Gobierno andaluz.

El caso Faffe

El trasfondo judicial del caso Faffe es amplio y va desde el uso fraudulento de tarjetas opacas por parte de sus dirigentes hasta la existencia de una presunta red de contrataciones irregulares. La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), ha presentado al juez instructor, José Ignacio Vilaplana, pruebas que demostrarían que numerosos contratos fueron tramitados mediante correos electrónicos, sin procedimiento selectivo, vulnerando así los principios que rigen el acceso al empleo público.

Uno de estos correos hacía referencia a familiares de destacados políticos socialistas, como el expresidente del Gobierno Felipe González. En él se leía:
“Hola M., te comento: A. J. A. M. A. (hijo de A. A., PSOE Sevilla), C. G. R. (sobrina de M. R. P. y B. F.), y hay que confirmar a M. F. F. (nuera de C. M., mujer de J. M. G. F. y, por tanto, cuñada de Felipe González). Junto con lo que te he puesto en la black es lo que hay que incluir mañana en el listado. Destruye el correo después de que lo hayas utilizado.”

El juez menciona que hay serios indicios de que al menos 84 personas fueron contratadas de esta manera, “de forma discreta y al margen del procedimiento establecido”. Según el magistrado, estas contrataciones podrían haber respondido a “contraprestaciones por favores con intereses políticos o personales”. Hasta el momento, hay 21 personas investigadas.

El pasado 1 de abril, Villén fue llamado a declarar como imputado por presunta malversación en la contratación de empresas y personal por parte de la directiva de la entidad. Se acogió a su derecho a no declarar. La causa busca esclarecer si la extinta agencia llevó a cabo licitaciones y adjudicaciones de contratos de forma irregular entre los años 2008 y 2010, incumpliendo la legalidad administrativa y financiera.