Alquiler de vientres en España: un turbio negocio favorecido por la permisividad administrativa

Este reportaje forma parte del dossier de #LaMarea105, dedicado a la industria de los vientres de alquiler. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

«Si no fuera por ella, yo no estaría aquí. Me ha dado la vida. Me la ha devuelto. Ella es lo que ha dado sentido a mi vida estos tres últimos años: luchar cada día por tener a Anita conmigo», declaraba la presentadora Ana Obregón en la exclusiva que dio a la revista ¡Hola! tras adquirir a una bebé concebida con carga genética de su hijo, fallecido a causa de un cáncer, mediante un vientre de alquiler en Estados Unidos.

Años antes, el cantante Miguel Bosé se repartió con su marido sus cuatro hijos, gestados por la misma vía, cuando se divorciaron. Son dos de los casos más mediáticos y controvertidos de gestación subrogada en España, pero poco representativos de un fenómeno en el que cada vez participan más familias de ingresos medios que, ante la imposibilidad de reproducirse, contratan a mujeres para que gesten unos bebés que después les entregarán a cambio de una suma dinero.

A veces, incluso, piden un crédito para hacer algo que, paradójicamente, no es legal si se realiza en España, pero que, una vez llevado a cabo en alguno de los países en los que sí lo es, se puede regularizar sin problemas ni penalización. La razón es que pese a que la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida de 2006 establece la nulidad de pleno derecho de los contratos por gestación subrogada, no hay ningún artículo en el Código Penal que castigue esta práctica. Y ninguno de los dos partidos de Gobierno, PSOE y Sumar, ambos contrarios a los vientres de alquiler, ha manifestado su intención de prohibirla.

Esta inédita permisividad es la que ha favorecido la consolidación de un entramado empresarial compuesto por las agencias de vientres de alquiler –la mayoría, despachos de abogados y abogadas– que trabajan para legalizar lo no legal. Algunos, como Miguel González Erichsen, abogado y fundador de la empresa Universal Surrogacy, tienen claro que España terminará por regularla. «Tarde o temprano, va a pasar. El modelo por el que apostamos es el mismo que el griego, la subrogación altruista», sostiene el dueño de esta empresa radicada en Málaga con una delegación en Ripollet (Barcelona).

Ante la pregunta de por qué no reclama la gestación subrogada comercial, cuando trabaja en tres mercados puramente lucrativos como son el estadounidense, el georgiano y el ucraniano, responde: «Es un tema demasiado controvertido aún. En cuanto se habla de dinero, hay quienes se echan para atrás». Por eso, considera que primero hay que normalizar la fórmula altruista para, después, aprobar el alquiler de vientres comercial.

Mientras, según datos del Ministerio de Exteriores, entre 2010 y 2023, al menos 3.112 niños y niñas gestados por subrogación han sido registrados en los consulados españoles. Hasta el final de ese periodo, el 43,7% de los bebés había nacido en Estados Unidos, el 43,2% en Ucrania y el resto, en países donde ya no es legal, como India o Tailandia. Una ínfima minoría lo había hecho en otros como Canadá, Turquía o México. A la espera de conocer los datos de los nacidos en Grecia, donde en 2014 se legalizó esta práctica para las parejas extranjeras, este país, uno de los más pobres de Europa, está llamado a convertirse en uno de sus destinos predilectos.

Por otra parte, según datos también de Exteriores durante esa misma franja de tiempo, las solicitudes de inscripción de niños por parte de parejas heterosexuales fueron mayoritarias de 2010 a 2023, con un 65% de los casos; las homosexuales representaron un 23%. Aunque hemos pedido datos actualizados al Gobierno de España mediante la Ley de Transparencia, al cierre de esta revista y transcurrido más de un mes, seguimos sin recibirlos.

Negocio ilícito e impune

La gestación subrogada se trata de un negocio ilícito contra el cual la única medida que han adoptado los sucesivos gobiernos españoles ha sido incluir en una reforma de 2022 de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo la prohibición a las agencias de hacer publicidad sobre sus servicios. De nuevo, un trato inédito: se les permite seguir desarrollando su labor pero no darle difusión.

Más de dos años después, en enero de 2025, y tras una campaña de varias organizaciones feministas, el Instituto de las Mujeres publicó un informe dirigido a la Abogacía del Estado instándole a adoptar medidas contra ocho agencias «con sede social en España» por seguir publicitando sus servicios para realizar la subrogación en los países en los que es legal y, posteriormente, realizar los trámites necesarios para legalizar la filiación y adopción del bebé en España.

Sorprendentemente, de las ocho empresas señaladas en el informe del Instituto de las Mujeres, una, Go4Baby, lleva disuelta desde hace cuatro años aunque siga operando en España a través de un teléfono radicado en Gran Bretaña; otra, Lifebridge, no está operativa en la oficina que tiene registrada como sede social desde, al menos, hace tres años; Soñando Juntos no tiene oficina física en la dirección en la que está registrada, una urbanización en la población madrileña de Villanueva de la Cañada; y Surrobaby dice que teletrabajan porque tienen las oficinas cerradas y «no hacen declaraciones a la prensa». Mientras, muchas otras que no aparecen en el informe siguen operando impunemente y sin atender al concepto más repetido en sus páginas web: transparencia.

Los dueños de las agencias raramente se pronuncian en los medios de comunicación y si lo hacen, eligen programas afines. En los escasos casos en los han contestado a las solicitudes de entrevista para esta investigación, nos han derivado a buscar los datos en sus páginas, en las que abundan las fotografías de bebés blancos y de ojos azules, pero en las que a menudo falta la información más básica y que tienen que recoger obligatoriamente, como la denominación fiscal o su domicilio.

Frente al artificioso escaparate que representan sus páginas en Internet, son los registros mercantiles los que arrojan luz sobre un modus operandi en el que, a menudo, hay un afán de opacidad. Así, encontramos que las agencias aparecen registradas como sociedades dedicadas a la compra-venta de automóviles, de bebidas, a la promoción de viviendas o a la exportación de enseres, entre otros servicios. En su defensa, se amparan en que no existe una figura jurídica para explicitar su verdadera actividad, pero en cualquier otro sector esta práctica se consideraría una infracción administrativa.

Además, como ocurre a menudo con esta industria en países como Ucrania y Georgia, al tirar del hilo del nombre comercial de la agencia de subrogación a menudo aflora una maraña de empresas pantalla creadas por testaferros, empresas registradas en paraísos fiscales –como Florida (Estados Unidos) o las Islas Seychelles– y compañías extinguidas o que llevan años sin registrar sus cuentas anuales. Y, sorprendentemente, pese a que el objeto de su negocio son bebés creados ex profeso a cambio de importantes sumas de dinero sólo se conoce una investigación al respecto en España, la abierta contra la empresa ucraniana BioTexCom. Y terminó archivada.

Negocio transnacional

Un equipo de la Fiscalía de Ucrania impulsó en 2018 una investigación a la clínica BioTexCom tras descubrir que apenas tributaba a pesar de manejar ingresos millonarios. Los funcionarios encontraron que, presuntamente, la empresa falsificaba documentos de filiación génetica entre los bebés y sus clientes cuando no la había; también que amañaban matrimonios de hombres homosexuales con mujeres ucranianas para que pudieran acogerse a la normativa de este país –que sólo permite la subrogación a parejas heterosexuales casadas que acrediten no poder reproducirse–; que pagaban en negro a las mujeres gestantes –a las que, a menudo, sometían a condiciones indignas durante los embarazos– y que su dueño, el oligarca Albert Tochilovsky, cobraba a sus clientes a través de cuentas en paraísos fiscales.

La Fiscalía ucraniana informó a los representantes diplomáticos de los países de los principales clientes de esta empresa, incluida la española, de que sus ciudadanos estaban, presuntamente, adquiriendo bebés en estas condiciones fraudulentas. En 2019, la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, ordenó que la Embajada española en Kiev dejase de registrarlos. Hasta entonces, para realizar este trámite, bastaba con mostrar una prueba de ADN que demostrase la filiación biológica con el padre –el progenitor que, mayoritariamente, aporta el material genético–.

Las parejas españolas que en esos momentos se encontraban en Ucrania, esperando el parto o con los bebés ya con ellos, se manifestaban a diario frente a la embajada, y buena parte de los medios de comunicación españoles elaboraron reportajes desde el prisma del dolor de las familias españolas, sin atender a los derechos de las mujeres gestantes y de los menores, ni a las irregularidades presuntamente cometidas por BioTexCom.

Un lustro después, la exministra Delgado atiende a La Marea en el despacho en el que desempeña su labor actual como Fiscal de la Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria. «Con la información que habíamos recibido, tanto de la investigación policial como de la Fiscalía ucraniana, en la que había indicios de una posible comisión de delitos que podían tener derivación en España, tomamos esa decisión», explica quien recuerda bien el escrache que sufrió aquellos días en Málaga por parte de personas vinculadas con el alquiler de vientres.

«Aun así, aquí había dificultades para [llevar a cabo] esa investigación. Al no ser una actividad prohibida penalmente, al no ser considerada una actividad delictiva, hay una cierta dejadez para perseguir los delitos que sí implica, como las falsedades [documentales], los blanqueos, las posibles lesiones, las vulneraciones de derechos fundamentales, la posible trata de seres humanos e, incluso, el tráfico de menores. Estamos hablando de este tipo de delitos y, sin embargo, ha habido grupos políticos que han hecho mucho ruido para defender la gestación subrogada independientemente de las condiciones en las que se pueda dar», añade la actual fiscal de Sala de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado. Se refiere, especialmente, a Ciudadanos, el partido que convirtió la legalización de la gestación subrogada altruista en una de sus grandes banderas políticas, pero, también, a cierto sector del Partido Popular que, cada vez más, se muestra abierto a valorar su regularización.

En cambio, Delgado, en consonancia con el posicionamiento del Parlamento Europeo y de las Convenciones de la ONU, señala que «tenemos que perseguir esta práctica en los países en los que por investigaciones, testimonios, declaraciones, sabemos que se está llevando a cabo con un entorno delictivo a su alrededor». Para ello, esta jurista especializada en crímenes transnacionales, estima que habría que «establecer una legislación prohibitiva por el que si esas prácticas se realizan en determinados países, no se van a reconocer bajo ningún concepto. Podríamos ir incluso un poquito más allá en el sentido de que saltarse esa prohibición, es decir, que intentar o llegar a realizar una gestación subrogada en esos países carentes de controles podría ser constitutivo de un delito», concluye. Una propuesta que coincide con el de opositoras a esta forma de explotación de las mujeres, según la legislación internacional y la jurisprudencia españolas.

La investigación judicial abierta contra BioTexCom en España se cerró poco después de que comenzase la invasión rusa en 2022. La Fiscalía tomó esta decisión basándose en que la empresa no contaba con sede social ni personal contratado en el país. Sin embargo, esta compañía sigue siendo contratada por parejas españolas cada año sin que desde las autoridades españolas se haga ningún seguimiento sobre la legalidad de los procedimientos, el respeto de los derechos de las mujeres gestantes ni de los menores.

Personas tratadas “como objetos”

En 2022, el Tribunal Supremo de España dictó una sentencia en la que determinaba que la gestación subrogada «vulnera los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos». Añadía que el contrato que había firmado la mujer gestante con los clientes investigados en aquel caso entrañaba un daño al interés superior del menor y una explotación de la embarazada que eran inaceptables, y establecía que ambos eran «tratados como meros objetos» y no como seres humanos con una dignidad y, por tanto, derechos inherentes. Y, pese a todo ello, la Cámara reforzaba en esta sentencia el derecho a la adopción por parte de las llamadas familias de intención «por el bien supremo del menor», siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Una sentencia que ratificaba otra emitida por el mismo tribunal en 2013 sobre la nulidad de los contratos de gestación subrogada, conforme al artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida.

Por último, en 2024, el Supremo dictó que los nacidos por vientres de alquiler pueden ser inscritos en el registro civil en el domicilio de los progenitores de intención en vez de en el país donde sus madres los parieron. La decisión se adoptó para no vulnerar el derecho a la intimidad sobre su origen, como ocurre con los menores adoptados. De esta manera, se asemeja la adopción con la gestación subrogada.

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