Una sentencia de la ministra Robles obligaría a BBVA a devolver los terrenos de Madrid Nuevo Norte

El BBVA podría verse obligado a devolver los terrenos de Madrid Nuevo Norte a sus antiguos propietarios, como exigen los reversionistas, que se agarran a una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 firmada por Margarita Robles, hoy ministra de Defensa. El fallo, que establece que los derechos de reversión solicitados antes de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) se mantienen intactos, pone en jaque las maniobras de la entidad bancaria y de ADIF para evitar la obligación de pago a más de 1.100 familias afectadas.

Los reversionistas, organizados en la Asociación NO ABUSO, presentaron formalmente su reclamación el 29 de octubre de 1999, apenas días antes de que la LOE modificase el régimen de reversión. La sentencia del Supremo a la que ahora aluden, con Robles como ponente, deja un párrafo claro al que agarrarse:

«Lo establecido en la Disposición Adicional 5ª [de la LOE] no será de aplicación a aquellos bienes y derechos sobre los que, a la entrada en vigor de la ley, se hubiera presentado la solicitud de reversión».

Este principio ha sido reiterado por la jurisprudencia española, tanto en el propio Supremo como en los tribunales superiores de Justicia y el Consejo de Estado. En otro caso similar (el de unos terrenos expropiados para un embalse en Huesca) la reversión fue plenamente reconocida. En Madrid Nuevo Norte, sin embargo, el desenlace ha sido muy diferente al pretendido en la sentencia a la que aludimos de Margarita Robles. Los reversionistas temen que «esto se deba a los intereses del BBVA y su contacto con el Gobierno»

Desaparición de la finca

A diferencia de lo ocurrido en Huesca, en Madrid los intereses económicos son multimillonarios. Según ha podido confirmar OKDIARIO, y a pesar de las medidas cautelares que exigía el juez sobre la finca de 1,2 millones de metros, la mencionada finca «desapareció del registro». Los reversionistas no entienden que esto pueda producirse tras la comunicación judicial que obligaba inscribir la carga del pleito en el registro de la finca. Pero lo cierto es que la finca fue segregada en, al menos, otras 18 diferentes, con el visto bueno del registrador Pablo Durán de la Colina, contra quien se iniciarán acciones legales. Entretanto, los reversionistas han tenido que solicitar al juez que extienda la medida cautelar a todos los terrenos que formaban esa finca, que es la que está en disputa.

La idea es conseguirlo antes de que BBVA lo venda todo, y las reclamaciones tengan que tomar otros caminos por parte de los propios reversionistas. «Por eso BBVA y Adif tienen prisa», explica uno de los afectados, «porque si la venden con la carga, que es lo justo, siempre tendrán que hacerse cargo de ello». No habría que empezar ningún nuevo proceso.

Pero no es sólo la desaparición del terreno inscrito. Tras revelarse que la Abogacía General del Estado negaba la existencia de un informe que apoyara las modificaciones introducidas por el entonces ministro José Luis Ábalos en diciembre de 2018, un nuevo «informe» apareció de forma repentina. Sin embargo, su contenido no avala las alteraciones realizadas en la concesión, lo que deja a BBVA en una situación jurídica aún más delicada.

Deuda con más de mil familias

Más de 1.100 familias, herederas de los propietarios originales, siguen esperando que se les reconozca su derecho a recuperar los terrenos o recibir la indemnización correspondiente. La sentencia de Robles, que resalta la importancia de una notificación personal a los afectados (y no de simples anuncios en boletines oficiales) también pone el foco en el procedimiento irregular seguido por las administraciones implicadas:

«La notificación personal a los afectados se erige en requisito esencial, sin que sea posible sustituirla […] por la publicación en el periódico oficial y en un diario».

Pese a la gravedad de los hechos y el respaldo judicial, ni ADIF ni BBVA han procedido a compensar a los reversionistas, mientras que el valor de los terrenos, transformados ahora en uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de Europa, se ha disparado por encima de los 10.000 millones de euros.

La pelota está ahora en el tejado de los tribunales y del propio Gobierno, en cuyo seno figura Margarita Robles, la autora de la sentencia que puede cambiarlo todo en Madrid Nuevo Norte.