Una decena de barraquistas de Vallcarca se queda sin hogar ni lugar de trabajo tras el desalojo: “Nos sentimos perseguidos”

Este jueves, Florina se despertó con el sonido de las sirenas de las dos decenas de coches de policía que se plantaron frente a su casa para desalojarla de la chabola donde, desde hace cinco años, vivía con su pareja. Hacia las 7 de la mañana, la Guàrdia Urbana superó una pequeña concentración vecinal y entró en el asentamiento, situado en el barrio de Vallcarca, en Barcelona, de donde expulsó a 13 personas.

Los residentes, la mayoría pertenecientes a la comunidad gitana rumana, no han podido recoger todas sus pertenencias ni toda la chatarra que tanto ellos como otros compatriotas suyos guardaban en el asentamiento y con la cual se ganan la vida. Su sustento ha sido retirado del solar por una patrulla de limpieza municipal justo cuando han salido por la puerta de sus hogares.

Los residentes han visto cómo sus chabolas cedían ante el paso de las brigadas de limpieza y sobrevolaba una pregunta: ¿Dónde dormirían esa noche?. La gran mayoría no tenía una alternativa viable y la oferta que les ha hecho el Ayuntamiento no les ha convencido: desde el CUESB (Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona) se les ha ofrecido pasar la noche en un alojamiento de emergencia. “Eso no es una solución. Nos ofrecen una noche de pensión y luego, ¿dónde vamos?”, se lamenta Florina.

Según el Ayuntamiento, sólo 5 de las 13 personas desalojadas se han acogido a la oferta del CUESB. El motivo es que el lugar donde les enviaban no les permitía entrar todas sus pertenencias. Así que ahora se han repartido: algunos irán a los edificios de viviendas vacíos que fueron okupados hace años por miembros de la comunidad gitana y marroquí. Otros irán a casas de conocidos y quizás alguno tenga que dormir en la calle.

El desalojo se ha producido apenas 24 horas después de un incendio que dejó un herido grave. Tras el incidente, los Bomberos entraron en el asentamiento y decretaron que había un “peligro inminente”. Ese veredicto aceleró los trámites que el Ayuntamiento de Barcelona había iniciado para poder recuperar de oficio los terrenos, que están afectados por un plan urbanístico.

Los habitantes sabían que les echarían, pero pensaban que contaban con meses para encontrar una solución. De hecho, desde que se incoaron los expedientes administrativos el pasado marzo, algunos ya empezaron a irse a asentamientos de otros barrios o a los edificios okupados. Pero Florina y su pareja todavía seguían ahí. Se negaban a rendirse y a renunciar a un barrio que ha sido su casa durante más de 20 años.

El regreso a los orígenes

Florina tenía sólo 15 años cuando su pareja la tiró de un tren en marcha mientras estaba embarazada. Fue entonces cuando decidió migrar desde su Rumanía natal hasta Barcelona. Lo hizo ya con un trabajo y una vivienda apalabradas. “Buscaban a hombres y mujeres para la construcción y la limpieza”, recuerda esta mujer que llegó en pleno boom inmobiliario. Estuvo viviendo con la que ya era su nueva pareja y otros migrantes durante unos cinco años en un piso que una vecina de Vallcarca había puesto a disposición de grupos de migrantes recién llegados a cambio de un módico precio. Pero cuando esa mujer murió, la propiedad les echó del piso. Tardó poco en hacer lo mismo con el resto de vecinos y derruir el edificio.

Gracias al boca oreja, Florina consiguió mudarse con un viejo pintor que vivía en una casa “que se le hacía demasiado grande y buscaba compañía”, recuerda. Este hombre acogía en su casa a migrantes como ella y su familia. Allí estuvieron otros cuatro años hasta que el pintor murió. Y, de nuevo, el edificio fue derruido. Ambos inmuebles estaban en los terrenos afectados por el Plan Urbanístico, propiedad de la constructora Núñez y Navarro y del Ayuntamiento.

El objetivo es erigir una pista de basket, una vía verde y una nueva promoción de edificios. Pero las obras, que finalmente empezarán este verano, acumulan un retraso de casi 10 años. Así que, viendo que pasaban los meses y que no se construía nada, Florina pensó en “volver a los orígenes”. Y erigió su chabola exactamente en el mismo lugar donde había estado su primer hogar en Barcelona.

Florina y su familia fueron despedidos de la construcción cuando empezó la crisis y para cuando se encontraron en la calle ya hacía tiempo que se dedicaban a la chatarra, así que no les costó encontrar maderas, chapas y plásticos con los que construir su casa. Se trataba de un pequeño receptáculo que contaba con ventanas precariamente recortadas en la chapa y puertas recicladas de otros inmuebles. “Esto es una vida de vagabundos, pero estoy contenta porque es una casa que me mantiene con vida”, decía Florina algunas semanas antes del desalojo.

La noche antes de hacer estas declaraciones había habido un fuerte viento, así que el asentamiento se había pasado la mañana reconstruyendo techados que habían salido volando y paredes que habían sucumbido a las embestidas del temporal. “Estamos acostumbrados”, decía Florina. Cada año se veían obligados a reconstruir, prácticamente desde cero, estas viviendas provisionales que para ellos ya se habían convertido en permanentes.

La pequeña estancia que era su casa estaba prácticamente forrada con alfombras y sólo contenía una cama. Tenían pocas pertenencias, apenas unas pequeñas maletas siempre listas. Porque lo que realmente tenía valor para las personas que vivían en este asentamiento eran las furgonetas y los enormes montones de chatarra que recolectaban durante sus jornadas.

Y es que el asentamiento era hogar de una veintena de personas, pero también lugar de trabajo de otros tantos que no podían guardar sus hallazgos en sus casas, así que las traían al solar y las trabajaban allí. Pero tras el desalojo, toda esa chatarra, que supone el sustento de diversas familias, fue retirado por el personal de limpieza del Ayuntamiento.

Dignificar la chatarra

La primera teniente de alcaldía de Barcelona, Laia Bonet, ha asegurado que todas las personas afectadas por el desalojo tienen a su disposición a los Servicios Sociales, que atenderán cada caso en consecuencia. Pero los residentes en el solar denuncian que la presencia de los técnicos ha sido “esporádica” y que no han ofrecido soluciones “reales” ni en materia de vivienda, ni en aspectos laborales.

En este sentido, desde SOM Barri, el colectivo vecinal que lleva años acompañando a los barraquistas, sostienen que el Ayuntamiento no ha ofrecido suficiente asistencia. Pero además, también reconocen que muchos de los afectados han rechazado la ayuda “por miedo”. Apuntan que al estar en situación de infravivienda, muchas familias que tienen hijos temen que se les abran expedientes por negligencia y les acaben quitando a los pequeños.

Desde el consistorio aseguran que esto no es así, pero el miedo es omnipresente entre los residentes del solar. Por eso, con el paso de los años, quienes tenían menores a cargo abandonaron las barracas y pasaron a instalarse en los pisos okupados. “Hay que proteger a la infancia y si las administraciones no dan una solución mejor, pues la okupación es la vía que nos queda”, sostienen desde las entidades.

“El Ayuntamiento no está preparado para sostener esta problemática”, añaden. Y lamentan que no se haya ofrecido a los barraquistas y a los habitantes de los edificios okupados -que también están afectados por el plan urbanístico y serán desalojados en los próximos meses- una vivienda protegida en las nuevas promociones que se construirán ni en edificios municipales que, durante años, han estado vacíos. “Quieren evitarse problemas porque saben que poniendo a una comunidad gitana en un edificio, habrá quien se queje por prejuicios, aunque se ha demostrado que es gente que no da ningún problema”, añaden desde SOM Barri.

“Nos sentimos perseguidos. No tenemos derechos. Queremos una vivienda social que podamos pagar, pero nadie nos la da”, apunta Florina. Ella ha intentado en numerosas ocasiones acceder al mercado de vivienda, pero a pesar de tener un sustento que podría sufragar los costes de una habitación, nunca ha tenido éxito. “Es por ser gitana”, sentencia.

También le gustaría dejar la chatarrería. Y por eso ha hecho diversos cursos de formación y aprendizaje del idioma que, al aprobar, teóricamente, le garantizaban un trabajo. En los últimos años ha completado hasta cuatro pero nunca consiguió ningún empleo. “Siempre ha habido un impedimento, un problema. Y al final, aquí sigo”, se lamenta Florina.

Pero a esta mujer lo que le preocupa no es tanto su propio futuro laboral, sino el de sus hijos. Ambos, menores de 30 años, se dedican a la chatarra. Y ahora, después del desalojo, se han quedado sin lugar para guardar el material y trabajarlo. “Nos ponen muchas dificultades y si no tienen dónde trabajar, me da miedo que se vayan a hacer cosas malas. Dios sabe a qué les van a empujar a hacer”, lamenta Florina.

Por eso, desde el SOM Barri y el sindicato de vivienda de Vallcarca reclaman que se “dignifique” el oficio de chatarrero y que la administración genere oferta de trabajo para una tarea que “tiene un impacto social”.

“Sólo queremos trabajar y ganarnos la vida”, aseguran los barraquistas, que ahora ven su subsistencia pender de un hilo. “Los políticos se aprovechan de su poder. Dicen que quieren acabar con la pobreza, pero lo que hacen es acabar con los pobres. Quieren hacer viviendas para ricos, pero el barrio también es nuestro”, se lamenta esta mujer, que asegura que nada ni nadie podrá echarla del barrio al que llegó hace 20 años para construir unas viviendas que todavía hoy están fuera de su alcance. Tanto que hoy todavía no sabe dónde dormirá.