UGT y CCOO, sindicalismo y guerra

Este Primero de Mayo ha vuelto a dejar una imagen de división entre las fuerzas sindicales del Estado. Como ya es habitual desde hace años, en algunas de las más de 80 ciudades donde se han realizado manifestaciones, las grandes centrales sindicales, UGT y CCOO, han marchado en convocatorias distintas a las del sindicalismo alternativo. 

En el caso de Barcelona, por ejemplo, discurrieron al menos cuatro manifestaciones el 1 de mayo. La principal, dejando de lado la más institucional y matutina de UGT y CCOO, fue la organizada por la mesa sindical de Catalunya, que aglutina a CGT, CNT, COS, Solidaritat Obrera, Co.bas y la IAC. A esta manifestación vespertina se sumaron diversas organizaciones de la izquierda revolucionaria y sindicatos como el Sindicat Llogater convocados bajo el lema Contra la guerra y el capital: de aquí y de afuera, somos la misma clase trabajadora. 

Manifestaciones similares se han producido en otras partes del Estado. Así, en el País Vasco, ELA ha aprovechado el 1 de mayo para denunciar la “militarización global” y exigir a los partidos “que se opongan al gasto militar y al fomento de la industria bélica” mientras que la otra gran central vasca, LAB, desde un discurso más internacionalista y antiimperialista, ha denunciado la agenda belicista asumida por el Gobierno vasco del PNV. Las críticas a la deriva guerrerista del Gobierno autonómico gallego, y español, estuvieron asimismo presentes en las protestas convocadas por la central gallega CIG. 

La guerra también ha aparecido en el manifiesto conjunto de UGT y CCOO, pero en un sentido distinto. Ha tomado forma de denuncia de la guerra de Ucrania y de la ocupación y del genocidio contra el pueblo palestino por parte de Israel. Ambos sindicados han decidido poner el foco en lo geopolítico este año, centrando sus preocupaciones en la administración Trump, su política de aranceles como “amenaza al comercio mundial” y asumiendo una visión institucional de “respaldo al proyecto europeo como pilar de democracia social, convivencia y progreso”. A diferencia de otros sindicatos, su mirada a lo internacional no es para impugnar el orden existente, sino para apuntalarlo.

UGT y CCOO, del sindicalismo de clase al sindicalismo de régimen

De hecho, UGT y CCOO han convocado a sus afiliados bajo el lema Proteger lo conquistado. Ganar el futuro”. Se trata de un lema que parte de una visión conservadora con un posicionamiento institucional alineado con el Gobierno. En el manifiesto se apela al “diálogo social” y la concertación política para conseguir o afianzar derechos laborales, a la vez que se llama a una etérea movilización. 

Visto el comportamiento de ambas direcciones sindicales en estos últimos años, podríamos concluir que UGT y CCOO apuestan más por la negociación política y la concertación que por la movilización sindical en la calle o la confrontación en los centros de trabajo. Esta es una afirmación genérica que, por supuesto, tendrá sus excepciones personificadas en los representantes y delegados de ambos sindicatos en cada centro de trabajo concreto, pero es innegable que parece la línea de actuación que guía a ambas ejecutivas, sobre todo desde la participación de personas afines a UGT y CCOO en los distintos gobiernos de coalición. 

En este sentido, el protagonismo que ha otorgado el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz a los denominados agentes sociales ha exacerbado el perfil progubernamental de ambos sindicatos. Es recurrente ver a Unai Sordo y a Pepe Álvarez, secretarios generales de CCOO y UGT, respectivamente, participar en actos junto con la vicepresidenta. También lo es escucharles declaraciones en sintonía con el Gobierno PSOE-Sumar, lo que no debería de sorprendernos habida cuenta de los vínculos históricos de ambas organizaciones con el PCE, IU o el PSOE. 

Sin embargo, resulta mucho más curioso escuchar a los grandes sindicatos pronunciarse en temas de política nacional e internacional pero no para establecer una postura de clase, en defensa de los trabajadores, sino para convencerlos de la necesidad de garantizar la estabilidad institucional. Así, CCOO y UGT han llegado a pedir “pactos de Estado” en diversos temas, como si el conflicto social o el choque de intereses antagónicos no formara parte de la disputa política e ideológica en la que cualquier sindicato que se precie no debería tomar una postura equidistante sino de parte, siempre a favor de los intereses de la clase trabajadora, más todavía si éstos no estén representados por los partidos políticos.

Las direcciones de CCOO y UGT parecen haber olvidado lo que es el sindicalismo de clase en aras de un sindicalismo del pacto y la concertación, en el que los intereses de la clase trabajadora se diluyen ante la voluntad de no confrontar al poder. Se trata de un sindicalismo de Estado donde los líderes sindicales se autoperciben como corresponsables del mantenimiento del sistema. Esta postura, no obstante, no responde solamente a factores coyunturales, sino que es una apuesta estratégica de larga data, que habla de la imbricación de ambos sindicatos con el poder político y, sí, también económico. Una labor que, por momentos, se percibe como garantía de la paz social para tranquilizar a quienes mandan, antes que una demostración de fuerza sobre lo que la clase obrera organizada puede conseguir sólo con la lucha sindical, si se lo propone. 

Conforme se distanciaban de posturas más críticas e ideológicas, los grandes sindicatos han devenido un lugar de prestación de servicios para los trabajadores, más que en espacio de socialización y lucha, como fueron antaño. Esta desviación de sus orígenes ha tenido un impacto en el conjunto de la clase trabajadora, no sólo en la defensa de nuestros derechos. Se ha traducido, de hecho, en el descrédito de unos sindicatos que se ven como apéndice del poder, lo que, sin duda, ha incidido en la credibilidad menguante que, por desgracia, en la actualidad tiene el sindicalismo como herramienta útil para la consecución de mejoras laborales entre amplios sectores de la clase trabajadora. 

Por supuesto, la responsabilidad no es sólo unidireccional porque, al fin y al cabo, los sindicatos están compuestos de trabajadores y trabajadoras, personas concretas que también tienen en sus manos la decisión de mejorar sus condiciones de trabajo y transformar la realidad circundante. La afiliación sindical siempre ha sido baja en el Estado español pero su decrecimiento es, en buena medida, un termómetro del nivel de la conciencia de clase y del compromiso político de la clase trabajadora. La pérdida de afiliados tiene causas diversas que requerirían de un análisis en mayor profundidad. No obstante, si no se puede obviar el impacto de las campañas mediáticas de la derecha que tanto daño han hecho a la imagen del sindicalismo; tampoco se puede ignorar que, en muchos territorios o centros de trabajo, el retroceso de los grandes sindicatos ha ido en paralelo del crecimiento de otros sindicatos de clase o plataformas para la defensa de colectivos laborales.

CCOO y UGT han demostrado a lo largo de los últimos años, y cada uno en distintos niveles, que son sindicatos de régimen. Como se puede apreciar en sus discursos, han asumido todos los marcos discursivos y la política de conciliación y consenso de la post-Transición española. Es evidente que sus direcciones representan el sindicalismo de la renuncia, ese que no pretende disputar en lo político para ir más allá del orden establecido. 

Nada tienen que ver las líneas políticas de UGT y CCOO hoy con las que les dieron origen. Claramente, tampoco la sociedad española es la misma que la de finales del siglo XIX o la que creó las comisiones obreras para infiltrar el sindicalismo vertical del franquismo. Pero ello no justifica que exista una brecha, a veces tan evidente, entre las bases de los grandes sindicatos y unas direcciones que pueden compadrear con la derecha participando en la FAES de Aznar, como hizo el ex secretario general de CCOO entre 2000 y 2008, José María Fidalgo, o proponiendo crear un impuesto para el rearme europeo, como ha defendido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, estos días. Lejos quedan los tiempos de Marcelino Camacho o de Nicolás Redondo. 

Sindicalismo para la guerra (pero no la de clases)

Esta última propuesta de un impuesto ciudadano para el rearme supone, por lo demás, cruzar líneas rojas que retrotraen a errores del siglo pasado en los que, en otros contextos bélicos, los representantes de la clase obrera se equivocaron al abrazar los intereses de sus respectivas burguesías nacionales. La política belicista y el rearme que se nos impone desde Bruselas no puede ser una prioridad para la clase trabajadora, aunque se justifique bajo la excusa de conseguir la autonomía estratégica de Europa. Abrazar el relato geopolítico del Gobierno español no es defender los derechos de la clase trabajadora a largo plazo, aunque se use el chantaje de los puestos de trabajo de la industria de seguridad y defensa. Combatir a Donald Trump haciendo lo que éste ha pedido, es decir, aumentando el gasto militar y la financiación de la OTAN, es otro absurdo, al que se ha sumado UGT, y que quedará para los anales de la Historia.

Sin embargo, detrás de esta apuesta política hay también una renuncia sindical. Parece que las dirigencias de UGT y CCOO se sienten más cómodas antagonizando con personajes lejanos como Donald Trump o Vladimir Putin que con Antonio Garamendi, Josep Sánchez Llibre, Patricia Botín, Florentino Pérez o Amancio Ortega. 

Democratizar las relaciones laborales en los centros de trabajo, ganar derechos, por pequeños que sean, supone un conflicto directo con el poder que tienes frente a frente, como saben bien los sindicalistas combativos que, por supuesto, también existen en ambos sindicatos. Un choque que tiene consecuencias laborales, profesionales y personales para quien ejerce esa labor de representación sindical atendiendo a los intereses de su clase. En cambio, oponerse a Donald Trump y a sus políticas de aranceles, es un acto simbólico que no tiene repercusiones concretas y que sirve para reforzar un perfil de supuesta lucha contra la ultraderecha global a la que, paradójicamente, no se combate igual a escala estatal.  

De poco sirve denunciar enunciativamente a los representantes de la ola reaccionaria global y su desmantelamiento del Estado del bienestar si no se hace lo propio con quienes defienden las mismas políticas económicas en tu propio Estado. Combatir a la extrema derecha debería empezar por casa. Más útil que alertar sobre el efecto que las decisiones de mandatarios distantes pueden tener en nuestras vidas sería realizar un análisis preciso de las políticas concretas e inmediatas. Si hacemos este ejercicio veremos que no son Trump y Putin quienes quieren acabar con los derechos de la clase trabajadora española, como dice Álvarez, sino los señores de la CEOE que comparten la agenda desreguladora, la voluntad privatizadora de servicios públicos y recursos estratégicos, así como todos los prejuicios característicos del elitismo de las clases dominantes, incluido el machismo, con esa extrema derecha lejana.   

Si empezamos a mirar a nuestro entorno, en lugar de ubicar a los enemigos de clase en la comodidad de un lugar remoto, veremos que la extrema derecha no es la única culpable de la pérdida de derechos, o de poder adquisitivo, de la clase obrera. Con distinto nivel de responsabilidad, los grandes, medianos o pequeños empresarios que, día a día, se aprovechan de la necesidad de la clase trabajadora para mantener una situación de precariedad laboral generalizada y creciente también tienen algo que decir. Da igual que lo hagan cumpliendo la ley unos gobiernos progresistas bastante inermes ante el dominio del capital. En el capitalismo las cartas están siempre marcadas a favor del más fuerte. La ofensiva contra la clase obrera es tan vieja como el propio capitalismo, aunque haya arreciado en momentos de neoliberalismo o se pueda mitigar en tiempos de socialdemocracia. 

El sindicalismo es más necesario que nunca

Las políticas concretas que este Gobierno de coalición ha desplegado, con el respaldo de los grandes sindicatos, para contrabalancear parcialmente la asimetría de fuerzas entre el trabajo y el capital, son todavía insuficientes. Como explica el abogado laboralista Vidal Aragonés en su libro, recientemente publicado, Pobretariat. Precarietat laboral i altres debats sobre la classe i el treball, en la actualidad más del 50% de la clase trabajadora del Estado se encuentra en condiciones de precariedad laboral. Esto significa, además, que un porcentaje nada desdeñable de trabajadores y trabajadoras –calculado, para el caso catalán, entre un 12 y un 20% del total– son pobres a pesar de tener trabajo o estar pluriempleados. 

No se llega a final de mes, a pesar de las importantes subidas del SMI que han implementado los distintos gobiernos de coalición. Los bajos salarios generalizados, el impacto de la inflación o la carestía de bienes básicos, como unos alquileres por las nubes en la mayoría de ciudades españolas, están detrás de las cifras. La gran paradoja es que todo esto sucede sin que haya gobernado todavía la ultraderecha en la España democrática. Es más, paradójicamente, algunas de las contrarreformas laborales que han precarizado las condiciones de trabajo han venido de gobiernos socialistas y han recibido el beneplácito de los grandes sindicatos.

Pero la crítica a las acciones concretas de los principales sindicatos del Estado, el señalamiento de sus contradicciones o el destacar la deriva de sus dirigencias no debe ser interpretado como una crítica destructiva al conjunto de ambas organizaciones y, mucho menos, a la idea misma del sindicalismo. La organización sindical es una necesidad vital para la defensa y mejora de los derechos de la clase trabajadora. Los sindicatos siguen siendo un instrumento útil e imprescindible en esta labor, pero no pueden olvidar su esencia, que es la independencia de clase y la voluntad de transformación social. 

Como los teóricos de la clase trabajadora nos enseñaron, los trabajadores y trabajadoras son renuentes a abandonar sus organizaciones de referencia aunque, en determinadas coyunturas, estas acaben siendo sobrepasadas por sus mismos miembros. Por eso, hace falta que quienes pertenecen a CCOO y UGT sean, en primer término, quienes rechacen esta deriva belicista que sólo contribuirá a profundizar los problemas que tiene ante sí la clase trabajadora. 

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