Susana, sin hogar al perder su vivienda pública en Madrid por la venta a un fondo: "Es un sinvivir"

Susana (53 años) vive con todas sus cosas guardadas en una maleta. Lleva así desde 2018. Su calvario arrancó el 19 de marzo de ese año, cuando tuvo que abandonar su domicilio al no poder seguir abonando el alquiler tras el cambio de casero. Era una vivienda pública de la Comunidad de Madrid que consiguió en 2008. Allí vivió con sus tres hijos, en una casa de tres habitaciones con terraza.

La vivienda estaba ubicada en Valdecarros, en el barrio de Vallecas. Pagaba 60 euros de alquiler porque tenía concedida una reducción de la renta. Su casa fue una de las 3.000 que el Ejecutivo de Ignacio González (PP) vendió en 2013 —una operación que posteriormente fue anulada por la Justicia— al fondo Goldman Sachs en un intento desesperado de búsqueda de liquidez económica durante lo peor de la crisis. Y su historia es similar a la de centenares de afectados por esta operación. “El alquiler iba subiendo cada vez más: 500, 800 euros. Una cosa que yo no podía pagar”, relata Susana, que como muchos de sus vecinos, terminó abandonado su vivienda. Pasó por casas de familiares, ocupó, y en sus peores momentos, llegó a dormir en la calle.

Esta mujer, que tiene reconocida una discapacidad del 39%, cuenta que no le desea nadie lo que ha vivido en estos últimos siete años. Sobrevive vendiendo bisutería en mercadillos y cobrando 349 euros de Ingreso Mínimo Vital. Hace unos días recibió una llamada que, por primera vez en mucho tiempo, marcó un punto de inflexión tras años de precariedad e incertidumbre. Estaba en casa de una de sus hijas cuando sonó el teléfono. “Me puse a llorar como una loca”, cuenta. Era su abogado, César Pinto, que le informaba de que un juez de primera instancia había estimado su recurso y le reconocía su derecho a una vivienda de emergencia social en régimen de alquiler.

El Gobierno de Ayuso ha recurrido la sentencia

“No me imaginaba jamás que iba a volver a tener una casa”, asegura Susana, que ya fantasea con la idea de volver a vivir rodeada de su familia, de poder cocinar para ellos o de que le visiten sus nietos. De entrada, piensa en convivir junto a su hijo y su nuera, que tampoco tienen casa.

Pero, por ahora, todos tendrán que seguir esperando. La Comunidad de Madrid ha recurrido la sentencia, a pesar de que el magistrado de lo contencioso-administrativo sostuvo que la argumentación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para denegarle un nuevo alquiler social “no responde a la realidad”. La noticia ha sido un “jarro de agua fría” para Susana. Con este recurso, su incertidumbre se prolonga una vez más.

En el recurso presentado por el Gobierno de Ayuso, al que ha accedido elDiario.es, la Comunidad pide la “retroacción de actuaciones” para que no sea la Justicia, sino que sea la administración la que tome la decisión sobre si esta afectada tiene derecho de nuevo a “una vivienda por el cupo de especial necesidad”.

“Es evidente que, si la recurrente se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, llegando incluso a estar en situación de calle-sin hogar, todo ello será valorado para la adjudicación”, apunta la Comunidad en el escrito presentado, a la vez que aseguran que recurren la sentencia por entender que es “desfavorable a los intereses” de la administración.

No es la primera vez que un juez se pronuncia en contra de la negativa del Gobierno de Ayuso a facilitar una nueva vivienda a los afectados por la venta a Goldman Sachs. En otra sentencia de primera instancia, un magistrado llegó a afirmar que la administración debía “responder a la necesidad habitacional” que “ella misma ha creado”.

En el caso de Susana, el desamparo institucional agravó su exclusión. “A los tres días estorbas en todos los lados”, explica sobre su peregrinación de casa en casa de familiares. “Si no es porque te bañas, es porque tienes tus cosas desperdigadas”. Tras siete años en busca de un techo, esta mujer concluye: “No puedes estar sin casa. Puedes estar sin coche, puedes estar sin comer, sin trabajo, pero no puedes estar sin casa”.

Acordó con el fondo su salida

Recuerda el punto de inflexión en el que su estabilidad comenzó a desmoronarse. La tensión en su vecindario aumentó rápidamente. Las cartas de desahucio comenzaron a llegar y la presencia de la Policía fue cada vez más frecuente. “Venían a echar a la gente”, rememora, a la vez que asegura que en aquella época se quedaban sin luz y sin agua. Con la llegada del fondo financiero, la Comunidad de Madrid se desentendió de sus inquilinos, y los vecinos de Susana comenzaron a irse. Ella emprendió el mismo camino en 2018. Según recoge la sentencia, su salida se produjo después de firmar con la sociedad un compromiso para condonarle los 10.370 euros que debía.

No hay datos sobre el número de personas que fueron desahuciadas después de que las viviendas públicas pasaran a manos privadas. De las 3.000 viviendas que adquirió el fondo, la Comunidad de Madrid solo ha recuperado 1.700. El resto fueron vendidas durante los años en los que la sociedad estadounidense fue la dueña de esas promociones inmobiliarias. 

“Lloré mucho. Lloré lágrimas de sangre”, recuerda al detallar cómo abandonó el que había sido su domicilio a lo largo de diez años. La sentencia recoge que Susana “ha estado durante varios períodos en situación de calle”. Una etapa que recuerda con “mucha angustia” y “sin dormir”. “Pasamos fatiga, miedo, terror”, apunta. En otros momentos, ha llegado a ocupar viviendas. “Compré una casa de patá [que se abre la puerta dando una patada], vino la Policía y me echó”, explica. Una situación que ha tenido que afrontar en más de una ocasión.

Ahora, vive en casa de una de sus hijas, “temporalmente”, según apunta en varias ocasiones. “Estoy de un lado para otro, esto es un sinvivir”, relata. Desde que abandonó el piso que le dio la Comunidad de Madrid, asegura que en ningún momento ha recibido ayuda por parte de las instituciones. Solo tiene palabras de agradecimiento para el abogado que le ha defendido y que, ante la negativa del Gobierno autonómico de concederle de nuevo una vivienda pública, ha llevado su situación a la Justicia. Aunque el recurso del Gobierno de Ayuso prolonga la incertidumbre, la sentencia a su favor le ha devuelto algo que creía imposible: la posibilidad de tener una casa.

elDiario.es ha intentado recabar la versión del Ejecutivo autonómico, sin haber recibido respuesta por el momento.