Sturzenegger avanza con el Plan Motosierra para eliminar y fusionar organismos

El presidente Javier Milei ganó las elecciones paseándose con una motosierra y los comicios legislativos no serán la excepción: la apología al ajuste y la desregulación serán un pilar de la campaña y, para eso, el ministro de Transformación y Desregulación, Federico Sturzenegger, quiere acelerar con la nueva fase de su plan de eliminación y fusión de distintas áreas estatales. La batería de medidas estaría próxima a concretarse, aunque difícilmente sea antes de su retorno al país.

Se trata de una serie de decretos que buscan descentralizar los organismos del Estado. "El objetivo que tenemos para fin de año es hacer una limpieza muy fuerte, que los argentinos sepan cuáles son las reglas que tenemos", dijo el titular de la cartera en una entrevista que dio el fin de semana para LaNación+. El funcionario se encuentra de viaje por los Estados Unidos para participar de una conferencia en Harvard.

En esa misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, el lunes por la noche dio un discurso para la Fundación Libertad en representación del jefe de Estado y festejó: "La realidad es que el ajuste que hizo este Gobierno no solo fue el más importante de la historia -15 puntos del PBI-, sino que en su mayoría los que sufrieron ese recorte fue precisamente la política. Se eliminaron 10 ministerios, 200 áreas del Estado, hay más de 40.000 empleados menos y ya no hay transferencias discrecionales a las provincias para comprar voluntades".

Desregulación y reestructuración estatal por etapas

Esto es solo el comienzo. Según evaluaron fuentes del ministerio de Desregulación, el denominado "Proyecto Digesto" apunta principalmente a hacer un relevamiento de las leyes a largo plazo y estos decretos formarían parte de un plan de desregulación que se daría en etapas. El funcionario contó en la entrevista que desde la Secretaría de Legal y Técnica revelaron que hay más de 42 mil leyes, 220.000 resoluciones y 700 mil decretos a considerar.

En ese sentido, además de la fusión y eliminación de áreas del Estado -que consecuentemente implica más recorte del personal-, se espera que haya avances en materia de derogación de normas. El planteo inicialmente se había plasmado en el proyecto de "Ley Hojarascas", que buscaba derogar 63 leyes consideradas "obsoletas, vetustas y sin aplicaciones prácticas". El trámite legislativo quedó en el tintero y ahora el plan es ampliar la cantidad de decretos y leyes a derogar, todo por decreto y sin pasar por el Congreso.

Lo central del anuncio tendrá que ver con la reestructuración de los organismos. Meses atrás había trascendido un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que eliminaría 24 y fusionaría 15 organismos, pero dieron marcha atrás con la idea de utilizar esa herramienta.

El plan ahora vuelve a instalarse, de la mano de un esquema con el que se busca acelerar las privatizaciones que se contemplan en la Ley Bases: Intercargo SAU, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Ayna, Belgrano Cargas y Logística S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

La herramienta clave: las facultades delegadas

La idea de reflotar el anuncio ya había trascendido antes de Semana Santa y ahora dejaron trascender que será en los próximos días: desde la cartera de Desregulación explicaron que el viaje de la comitiva presidencial a Roma demoró la firma de los decretos. Confirmaron que, finalmente, estas medidas no serán a través de un DNU, sino decretos simples.

Los superpoderes de Sturzenegger se basan en las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso en la Ley Bases. De hecho, la aceleración de estas medidas contempla que estas se vencen en julio, al año de la sanción de la primera ley de la gestión libertaria. 

A la declaración de emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética se suman delegaciones en torno a la reorganización administrativa e intervención en organismos descentralizados, empresas y sociedades en el capítulo de Reforma del Estado.

Sin embargo, cabe destacar que continuarán vigentes las que incluye el DNU 70/2023, ya que la Cámara de Diputados nunca lo trató, tras el rechazo del Senado. En sus primeros artículos se establece la declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre del 2025.