Sant Josep, el municipio de Ibiza gobernado por el PP que prevé crecer un 50% pese al colapso hídrico

El crecimiento urbanístico de la isla de Eivissa (de apenas 572 kilómetros cuadrados de extensión) no tiene fin. En el periodo entre 1996 y 2024, la población se ha duplicado, pasando de 78.867 a 160.644 habitantes, según datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat). De los cinco municipios, Sant Josep de sa Talaia ha sido el que ha experimentado un crecimiento urbanístico más desordenado desde la década de los 80. De hecho, es el que más ha incrementado su población, en porcentaje, en estas últimas tres décadas, pasando de 11.841 a 29.664 personas.

El ayuntamiento del municipio, donde gobierna el PP, acaba de aprobar el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sustituirá las Normas Subsidiarias (NNSS) de 1986 y prevé un techo poblacional de 40.324 habitantes. Es decir, un aumento de más del 50% respecto a la población actual. “La documentación presentada no justifica (ni puede hacerlo) la suficiencia de recursos hídricos, no solo por el plan presentado, es que ni tan siquiera para la población actual”, denuncia Joan Carles Parlem, presidente del grupo ecologista GEN–GOB. Estos crecimientos quedarán concentrados, según el PGOU, en el núcleo urbano de Sant Josep, en los núcleos de Sant Jordi y Cala de Bou y en las calas de Ponent, es decir, Cala Tarida, Cala Bassa, Cala Vedella, Caló d’en Real y Cala Carbó.

Más población significa más promociones de vivienda en las áreas urbanas, más construcciones de fincas y villas en suelo rústico y adecuar las infraestructuras a las nuevas necesidades. Es decir, construir depuradoras y desaladoras, centros de salud y educativos y/o residencias de mayores, lo cual implica más consumo de agua, energía y territorio. “Nuevos crecimientos, como los que pueda plantear Sant Josep, van a agudizar la situación actual en un contexto de sequía y escasez”, afirma a elDiario.es Juan Calvo, director de la Alianza por el Agua. “El municipio tiene los acuíferos más sobreexplotados, y a la vez mantiene todavía pérdidas de hasta el 30% en la red municipal de agua”, añade. Y eso sin contar las pérdidas que hay en redes privadas de urbanizaciones que no están conectadas a la red, y que no suministran agua desalada. Así, el experto recuerda que a diferencia de lo que ocurre en la península, el 70% del consumo de agua es urbano; más de un 20% va destinado a viviendas de suelo rústico y solo un 7% es agrícola. “Hay que resolver el problema si queremos recuperar los acuíferos”, señala Calvo.

En este sentido, según los ecologistas, las NNSS de 1986 ya suponían un desarrollo urbanístico “muy por encima de la disponibilidad de los recursos básicos”. “Además, suponía un atentado contra la calidad paisajística del municipio”, afirma Palerm. Entre ellos, cabe mencionar el desarrollo urbanístico que se realizó entre los años 80 y 90 en Platja d’en Bossa, donde diferentes sociedades ligadas al Grupo de Empresas Matutes –propiedad de Abel Matutes, exministro de Asuntos Exteriores de José María Aznar– presentaron un proyecto para construir apartamentos turísticos en sa Sal Rossa, zona pegada al Parc Natural de ses Salines.

El plan, que inicialmente no fue aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de Balears, obtuvo su visto bueno en junio de 1987, con el requisito de que la concesión de licencia de obras estuviera “condicionada a la puesta en marcha de una red municipal de saneamiento y la depuradora municipal”. El proyecto fue aprobado por el Ajuntament de Sant Josep en 1989, con la oposición del GEN, que denunciaba que “no se habían cumplido las condiciones de la Comisión Provincial de Urbanismo”.

Lo que denuncian ahora los ecologistas es que en el nuevo PGOU –que no está aprobado, pero cuyo avance es un primer documento que dibuja las líneas generales de la política urbanística del Ajuntament– clasifica, incluso, nuevos urbanizables dentro del Área de Protección Territorial (APT) de Costas de forma “completamente ilegal”. “Curiosamente, [se hace] en la zona de Platja d’en Bossa, donde se han producido un mayor número de crecimientos ilegales, ante la absoluta inactividad del Ajuntament. Estas reclasificaciones parecen beneficiar precisamente a quien mayor número de ilegalidades urbanísticas ha perpetrado en la zona”, lamenta el GEN–GOB. Además, muy cerca del Parc Natural de ses Salines, se plantea un crecimiento de 23 viviendas y 51 plazas turísticas, pese a que la zona de Ses Salines conforma “un ecosistema de especial interés ambiental”, como señala el avance del plan urbanístico.

“El desarrollo de este planeamiento a lo largo de 40 años, a lo que hay que añadir la constante indisciplina urbanística y el desarrollo de urbanizaciones enteras al margen de la legalidad ante, al menos, la indiferencia del Ajuntament, ha supuesto unas problemáticas casi imposibles de resolver, que impactan directamente en la pérdida de calidad de vida de sus habitantes”, señala Palerm. Según el grupo ecologista, las NNSS no se han utilizado como una herramienta para “el desarrollo sostenible y la preservación medioambiental y paisajística”, sino que han supuesto “una auténtica arma de destrucción territorial que ha beneficiado exclusivamente a intereses especulativos contrarios al interés general”.

El desarrollo de este planeamiento a lo largo de 40 años, a lo que hay que añadir la constante indisciplina urbanística y el desarrollo de urbanizaciones enteras al margen de la legalidad ante, al menos, la indiferencia del Ajuntament, ha supuesto unas problemáticas casi imposibles de resolver, que impactan directamente en la pérdida de calidad de vida de sus habitantes

Joan Carles Palerm — Presidente del GEN-GOB

Tanto el GEN–GOB como la Alianza por el Agua señalan que la masificación turística, especialmente durante los meses de temporada alta, suponen un serio problema para las masas subterráneas de agua, algo que reconoce el propio documento. De hecho, éste señala que los recursos hídricos del municipio “procedían históricamente de las extracciones de aguas subterráneas”. “Las dificultades empezaron cuando se incrementó la presencia de usos residenciales, especialmente de unifamiliares y de segunda residencia, debido al auge del turismo”, afirma el avance del PGOU.

Asimismo, el texto reconoce, como señala la Alianza por el Agua, que el agua desalada no es suficiente para frenar la degradación de los acuíferos, por lo que “es necesario adoptar medidas normativas para reservar su utilización para situaciones de sequía”. Una degradación que es mayor en las zonas costeras debido a la salinidad. Por este motivo, la organización exige avanzar hacia una gestión municipal “que prime el ahorro, la eficiencia y la reutilización del agua”, lo cual implica que “el agua desalada que se consume no termine en el mar”. Y si no está garantizada la suficiencia hídrica, como es el caso de Sant Josep, “no se pueden prever crecimientos futuros”, advierte Calvo.

Así, el director de la Alianza por el Agua lamenta “el coste energético” de la falta de reutilización, así como el deficiente mantenimiento de las redes municipales. “El alcantarillado recibe aguas de intrusión salina a su paso por la costa, lo que hace que las aguas residuales sean saladas. Perdemos mucha agua de suministro y, por otro lado, la que podríamos reutilizar está salada por falta de mantenimiento del alcantarillado”, argumenta Calvo. En el caso específico de Sant Josep, recuerda que es uno de los municipios “con más necesidad de mejora de su gestión” y añade que el Ajuntament dispone de un plan de gestión sostenible, redactado por la Alianza por el Agua, que todavía no ha aprobado. “Debería ser una condición imprescindible para la aprobación de cualquier plan urbanístico”, manifiesta.

El problema está en que Sant Josep está redactando un PGOU que contempla aumentar en más de un 50% la población mientras el municipio arrastra problemas graves y estructurales en la gestión sostenible del agua. “Es necesaria la reducción del consumo de aguas subterráneas aún por debajo de los límites establecidos en el Plan Hidrológico para conseguir equilibrar las extracciones con la capacidad de recarga natural y evitar la sobreexplotación”, señala el avance del PGOU. “En caso de no frenar esta tendencia, aumentaría la degradación de las masas de agua y de los frágiles ecosistemas asociados, además de limitar la rentabilidad de los servicios turísticos”, añade.

Según el GEN–GOB, la memoria reconoce explícitamente que no se están recuperando los costes del suministro de agua a la población. “Se está escondiendo el auténtico alcance de la problemática de depender de las aguas desaladas después de haber permitido un desarrollo completamente desorbitado en relación a los recursos disponibles”, señala el grupo ecologista. En su opinión, tarde o temprano tendrá que exponerse a la población el tener que asumir “los costes reales del despropósito urbanístico y restricciones inevitables en el acceso”. 

Finalmente, el GEN–GOB señala que la memoria no cuantifica la demanda hídrica en relación a la población dispersa en suelo rústico. “Esta demanda no es residual ni insignificante, sobre todo si se tiene en cuenta la gran cantidad de edificación legal o ilegal dedicada al alquiler turístico, con consumos elevadísimos por el mantenimiento de jardines y piscinas”, critican los ecologistas.

Por ello, entre las medidas, exigen la paralización de “cualquier nuevo crecimiento en uso residencial y/o turístico en el municipio, en cualquier tipo de suelo, con la suspensión del planeamiento urbanístico por razones de emergencia e interés público; la creación de un comité de expertos que elabore un documento basado ”en la situación real de los recursos del municipio y la capacidad real de acogida de su territorio“, incentivando medidas de decrecimiento, especialmente dirigidas al ”sobredimensionado“ sector turístico; evaluar la expropiación para demolición y recuperación del estado natural de suelos urbanizados de forma ilegal y que se encuentran situados en suelo rústico y  valorar la declaración de Sant Josep como ”zona de catástrofe medioambiental“ debido a la ”destrucción paisajística, contaminación marina por vertidos de las depuradoras, pérdida de productividad agrícola y contaminación lumínica y sonora“.

En una línea similar, Juan Calvo, director de la Alianza por el Agua, señala otro problema más de las desaladoras, además de su elevado coste energético. Desde que se proyecta su construcción hasta que finaliza el proceso de ejecución pueden pasar 15 años. “Con las expectativas, se pueden generar nuevos crecimientos urbanísticos, por lo que si en 15 años llega una cuarta desaladora [a la isla], ya no podría satisfacer las demandas futuras”, señala Calvo. Y recuerda, además, que el caudal de los acuíferos solo ha mejorado en un 10% en la última década pese a que la isla tiene una desaladora más.

“Nunca hay suficientes desaladoras para la masificación turística y los crecimientos urbanísticos que está teniendo la isla. Hay que replantearse el modelo si queremos sobrevivir como sociedad”, advierte Calvo. Por último, apunta a la dependencia energética que esto supone para la isla. “Si hubiera un apagón eléctrico como el que ocurrió en la península el 28 de abril nos quedaríamos automáticamente sin agua”, concluye.

Nunca hay suficientes desaladoras para la masificación turística y los crecimientos urbanísticos que está teniendo la isla. Hay que replantearse el modelo si queremos sobrevivir como sociedad

Juan Calvo — Director de la Alianza por el Agua

Los constructores: “El agua es el principal límite al crecimiento”

Una visión más moderada traslada la patronal de la construcción de la isla. “Valoramos que por fin se avance en actualizar el planeamiento urbanístico, pero pedimos que se garantice seguridad jurídica, claridad normativa y agilidad administrativa”, afirma a elDiario.es Consuelo Antúnez, presidenta de PIMEEF Construcción. “El nuevo PGOU debe facilitar un desarrollo ordenado y realista, especialmente en materia de vivienda, porque ahora mismo el acceso es muy difícil para la población residente”, afirma Antúnez, quien insiste en que hay que priorizar suelo para vivienda asequible y que se definan bien los criterios de edificabilidad y densidad.

Según la patronal de la construcción, es lógico que el nuevo planeamiento urbanístico contemple el crecimiento en los núcleos “consolidados o con capacidad para absorber servicios e infraestructuras”. “Es la mejor forma de evitar la dispersión y reducir el impacto ambiental”, afirma Antúnez, aunque matiza que en zonas costeras como Cala Tarida o Cala Vedella hay que actuar con mucha prudencia. “Son entornos sensibles que no pueden asumir más presión si no se acompaña de una planificación muy estricta y sostenible”, destaca la presidenta de la patronal.

Cala Tarida o Cala Vedella son entornos sensibles que no pueden asumir más presión si no se acompaña de una planificación muy estricta y sostenible

Consuelo Antúnez — Presidenta de PIMEEF Construcción

En este sentido, el techo poblacional situado en algo más de 40.000 habitantes, considera que puede tener sentido si el crecimiento se produce con “planificación, orden y sostenibilidad”. “Si no se prevé ese crecimiento, se disparan los precios, aumenta la construcción irregular y se colapsan los servicios”, considera Antúnez, aunque insiste en que hay que hacerlo “con responsabilidad” y dotar de infraestructuras ese posible aumento poblacional.

Consultada sobre la situación de estrés hídrico en los acuíferos, cree que el agua es el principal límite al crecimiento en la isla. “Si no se invierte en mejorar redes, ampliar la reutilización y reforzar las desaladoras, cualquier crecimiento será insostenible”, valora Antúnez. Por estos motivos, la presidenta de la patronal cree que “hay que construir mejor, con menos consumo de recursos y más eficiencia energética, pero también hay que garantizar que los recursos básicos, como el agua, están garantizados”.

Vicent Roig, alcalde: “Se trata de garantizar un modelo equilibrado”

El avance del nuevo PGOU fue aprobado en el pleno del 27 de febrero de 2025 con los votos a favor del PP, que gobierna en solitario en el Ajuntament, y las dos abstenciones de Vox. La oposición de izquierdas (PSOE, Ara Eivissa y Unidas Podemos), en cambio, votó en contra, como consta en el acta de la sesión. “Es una necesidad estructural para garantizar el crecimiento ordenado, sostenible y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía”, aseguró Vicent Roig (PP), alcalde del municipio, durante el pleno. En opinión del alcalde popular, el documento es “el resultado de un proceso riguroso, fundamentado en criterios técnicos y alineado con las directrices de ordenación del territorio”.

En opinión de Roig, el futuro PGOU permitirá “consolidar un modelo de municipio equilibrado donde se compatibilice el crecimiento urbano con la protección de nuestro entorno”. Así, el Ajuntament ha programado suelo urbanizable “evitando la expansión descontrolada”. El objetivo es, señala el alcalde, garantizar los servicios públicos, como las infraestructuras educativas o destinadas a los mayores (centros de día o residencias). Además, en palabras de Roig, permitirá “seguir agilizando el departamento de Urbanismo”. Se propone, para solucionar la grave crisis de vivienda que golpea a toda la isla, generar suelo para el desarrollo de pisos “a precio limitado” para “la clase joven y trabajadora”, con el objetivo de que puedan “comprar una vivienda para realizar sus proyectos de vida y de futuro”.

elDiario.es ha contactado con el Ajuntament de Sant Josep para que pudiera responder a las informaciones contenidas en este reportaje, en relación a su futura planificación urbanística, sin que haya sido posible recibir una respuesta en el momento en que se publica.