¿Qué es la Justicia Fiscal?

Artículo original publicado en nuevatribuna.es por María Teresa Vida Zamora y Alberto Martínez Sánchez

¿Qué entendemos por justicia fiscal? ¿A qué nos referimos exactamente cuándo apelamos a este concepto? Pues bien, si lo desagregamos en los dos términos que lo componen, el primero, justicia, se define como el conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado, tales como el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Referida a la organización social, se expresa mediante la rectitud de las normas que la regulan y a través de las instituciones que aplican dichas normas. El segundo término, fiscal, hace alusión a la distribución equitativa de la riqueza o recursos, de tal manera que toda la ciudadanía se vea beneficiada.

Podríamos resumir pues, que justicia fiscal alude fundamentalmente a equidad y eficiencia en la distribución de la riqueza, y recursos suficientes para toda la ciudadanía que forma parte de un Estado o de un sistema social y económico.

Los Estados, a escala mundial, pierden ingresos impositivos por valor de 492.000 millones de dólares estadounidenses por desvío fraudulento de beneficios empresariales y ocultamiento de fortunas cada año

Pero, pasando de las musas al teatro, esto que suena tan bonito en la teoría, ¿cómo se puede aplicar en la práctica? Pues sencillamente a través de lo que se denomina política fiscal, la herramienta que tienen los Gobiernos para gestionar sus ingresos y gastos, recaudando fondos y gastándolos luego en aquello que consideran más adecuado y en línea con los objetivos que se pretendan alcanzar, ya sea en servicios públicos como salud o educación; prestaciones sociales como pensiones, desempleo o dependencia; obra pública como infraestructuras o construcción de edificios públicos; seguridad como el ejército o la policía; funcionariado o cualquier otra partida presupuestaria.

Las normas que regulan las diferentes figuras tributarias: impuestos, tasas, contribuciones, etc., componen el sistema tributario. La elección del modelo a aplicar, es decir, quién y qué debe tributar y cómo, no es una decisión técnica, es una decisión fundamentalmente política.

Dependiendo de la orientación ideológica del gobierno de turno, se preferirá beneficiar a las capas más poderosas y económicamente privilegiadas de la sociedad o se orientará la acción política a eliminar las desigualdades y, por tanto, establecer mecanismos que faciliten a las de abajo la superación de las situaciones desfavorables de origen y hagan efectiva la igualdad de oportunidades.

Los partidarios de la primera opción suelen ser acérrimos defensores del mercado como único regulador económico, y de establecer bajos impuestos directos que afectan a la riqueza y los ingresos. Los segundos consideran que la regulación estatal es esencial para el buen funcionamiento de la economía, evitar la desigualdad social y asegurar condiciones de vida dignas para todas las personas. Es decir, conseguir lo que comúnmente se entiende por Estado del bienestar.

En este sentido conviene recordar lo que dice el artículo 31.1 de la Constitución Española: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio»

A grandes rasgos existen dos tipos de impuestos: los impuestos directos, que gravan los ingresos y la riqueza de las personas, y los impuestos indirectos, que se aplican fundamentalmente al consumo. En la imposición directa se tienen en cuenta las situaciones personales y familiares, por lo que son impuestos más alineados con los principios de igualdad y progresividad. La imposición indirecta es igual para todos los que adquieran el producto o servicio consumido, por lo que se considera regresiva.

347.600 millones se pierden por las compañías multinacionales, y 144.800 millones se pierden por las personas más acaudaladas

En cuanto a capacidad recaudatoria, los dos principales impuestos de nuestro sistema tributario son: IRPF (impuesto directo), con el 44,23% del total de los ingresos tributarios en 2023 e IVA (impuesto indirecto), con el 30,86% de dicho total. Si nos centramos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), nuestro régimen fiscal trata de forma más favorable a las rentas de capital que a las rentas del trabajo, y se observa que en las capas superiores de ingresos la progresividad decae, Esto quiere decir que quienes comparativamente aportan más al sistema y sostienen el mismo, son las capas medias y trabajadoras.

Cuando se habla de bajar impuestos es importante saber qué impuestos van a verse afectados y a quién va a beneficiar esa medida. Si va en la línea de hacer más justo nuestro sistema tributario o, por el contrario, va a incrementar las desigualdades que el mismo presenta. Por ejemplo, a igualdad de importe a gravar, que tributen igual todas las rentas, ya sean del trabajo o del capital, haría más justo el sistema al eliminar el trato de favor a los rentistas. Igual pasaría si se ampliaran los tramos de la tabla IRPF en la parte superior de las rentas, incrementando los tipos marginales para que exista una progresividad más efectiva. Sin embargo, aplicar beneficios fiscales tales como, verbigracia, deducciones sobre gastos en educación privada o personal de trabajo doméstico, sólo favorecería a aquellas personas que tienen más recursos y, por tanto, el sistema sería más injusto al privilegiar a las capas sociales con rentas más elevadas.

Sin Justicia Fiscal no puede haber Justicia Social. Si queremos una sociedad que disfrute de unos servicios públicos de calidad no podemos pedir reducciones de impuestos, lo que tenemos que exigir es un sistema tributario que cumpla los principios de suficiencia, eficiencia y equidad. Es necesario tener recursos suficientes para atender las necesidades sociales, y esos recursos han de gestionarse de manera eficiente. Hay que controlar que se apliquen al objetivo fijado y que garanticen la igualdad de oportunidades de todas las personas. Se ha de perseguir tanto el fraude como la elusión fiscal, y las instituciones encargadas de estas tareas han de tener medios materiales y humanos suficientes para realizarlas. Hay que eliminar la economía sumergida que, además de querer ocultarse al fisco, se ha observado que está fuertemente correlacionada con el nivel de corrupción. Son también necesarios más mecanismos de control que obliguen a hacer transparentes dichas operaciones.

El estado de la desigualdad de riqueza en España.

A tenor de los datos del Banco Central Europeo [i], la riqueza neta de las familias (su patrimonio descontando las deudas) ha tenido un crecimiento importante a lo largo de 2024, sin embargo, la distribución de esa riqueza adicional no ha servido para reducir la desigualdad porque más de la mitad de la misma ha ido a parar al 10% de los hogares con más patrimonio. Ese porcentaje de familias posee más de la mitad de la riqueza total en manos de los hogares españoles, en concreto, el 53,6%, mientras que la cuota conjunta del 50% más bajo de la población supone solo el 8,5% de la riqueza total del país.

La estadística del BCE muestra también que el 5% de las familias españolas más pudientes acapara el 41,5% de toda la riqueza en España, con un índice de Gin i[ii] ─uno de los mejores indicadores para cuantificar la desigualdad─, que alcanza el 67,3. Este índice toma valores entre 0 (igualdad perfecta) y 100 (desigualdad máxima),

La Unión Europea es en este tema la mayor perjudicada, con una pérdida anual de casi 176.000 millones de dólares. Para España, la pérdida estimada es de 9.858 millones de dólares al año

Las grandes fortunas, además de no pagar lo que les correspondería por sus rentas, obtienen importantes beneficios fiscales debido a que en la mayoría de las Comunidades Autónomas han quedado prácticamente desactivados los impuestos de Patrimonio y Donaciones y Sucesiones, que gravan la riqueza y las herencias. La existencia de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), tales como las SICAV u otras del mismo tipo, van en la misma línea de beneficiar a los más ricos. Son los poseedores de grandes patrimonios y las grandes empresas quienes más herramientas tienen para eludir el pago de impuestos, mediante la creación de complejos entramados societarios con el objetivo último de llevar sus beneficios a territorios de nula o baja tributación.

El resultado de todo esto es la acumulación de capital en las capas de población más privilegiadas. Por decirlo llanamente: los ricos son cada vez más ricos y la desigualdad aumenta.

¿Y qué pasa con la desigualdad de ingresos salariales?

Durante la pandemia de Covid-19, tomando un ejemplo práctico reciente, se produjo un fuerte aumento en la desigualdad por este concepto [iii], laminado en gran parte gracias a la puesta en marcha de distintos programas de apoyo (Fondo COVID dirigido a dotar de mayor financiación a las Comunidades Autónomas; Línea COVID de ayudas directas a trabajadores autónomos y empresas; ERTES, etc.), sin los cuales dicho aumento habría sido considerablemente mayor. La prueba de ello es que el índice de Gini, calculado sin contar las transferencias del sector público, aumentó en más de 10 puntos entre los meses de febrero y mayo de 2020. Sin embargo, si el mismo se recalcula teniendo en cuenta dichas ayudas, el aumento en la desigualdad cae al 2,3 para el conjunto de la sociedad española en aquel período de tiempo. De ahí la importancia del papel del Estado y las políticas fiscales que se realicen o no para corregir los defectos del funcionamiento del mercado dejado a su libre albedrio.

Sin embargo, tomada en su conjunto, la última década ha deparado en España un descenso considerable de la desigualdad en términos de ingresos por rentas del trabajo, puesto de manifiesto cuando analizamos la evolución del índice de Gini, que ha caído desde el 34,7 en 2014 al 31,5 en 2023 [iv]. A escala global, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Salarios 2024-2025 [v] de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), España se sitúa entre los países con rentas altas que menos desigualdad salarial tiene: el 10% de los trabajadores españoles mejor pagados obtienen el 23% de la masa salarial, frente al 10% que menos cobra, que ingresan solo el 0,5%. Esta brecha, aunque no despreciable, es 15 puntos más pequeña que el promedio mundial, que indica que el 10% de los ocupados que más cobran acumulan el 38% de la masa salarial global. Para calcular la desigualdad entre países, la OIT analiza la cantidad de trabajadores que reciben un salario inferior al 50% de la mediana salarial por hora de su país. En España, solo el 1,3% de los asalariados se encuentra en esa situación, por lo que su nivel de desigualdad medido de esta manera revela que, de los treinta países de altos ingresos estudiados por la OIT, España se encuentra entre los once con menos desigualdad salarial. Solo por encima de Luxemburgo (0,9%), Italia (0,9%), Islandia (0,5%), Eslovaquia (0,4%), Finlandia (0,2%), Lituania (0,1%), Suecia (0,1%), Polonia (0,04%); Bélgica (0,04%) y Portugal (0,04%).

La nota discordante de esta evolución positiva la da el hecho de que las mujeres, que representan en España el 47,7% del total de asalariados, suman el 60% de los de ingresos bajos, es decir, de los que reciben menos de la mitad de la mediana por hora trabajada. Lo mismo cabe decir de los trabajadores migrantes, cuya representación en el colectivo de bajos ingresos es del 26% pero su fracción de trabajadores asalariados en la población española es solo del 17, 6%.

¿Cuáles han sido los factores determinantes para propiciar esta disminución en la desigualdad de ingresos salariales en España? Pues fundamentalmente el buen crecimiento económico, con más empleo y mejor pagado, la reforma laboral que ha reducido la temporalidad de los contratos, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, la implementación del Ingreso Mínimo Vital y aumentos de las pensiones por encima, del IPC. Todas ellas han supuesto el fortalecimiento de las políticas redistributivas, del gasto social y de las prestaciones.

En este sentido, la existencia de un sistema tributario progresivo, suficiente y equitativo es, tal como afirma la Plataforma por la Justicia Fiscal [vi], formada por 20 entidades de la sociedad civil, un requisito indispensable para que haya justicia social. No estaría mal, por tanto, que el actual gobierno de coalición instalado en La Moncloa pusiera en marcha las propuestas de dicha Plataforma y las recomendaciones del Libro Blanco de la Reforma Fiscal [vii], elaborado por un comité de personas expertas a instancias del mismo gobierno y entregado a la Ministra María Jesús Montero el 3 de marzo de 2022. Y que desde esa fecha yace en algún armario del Ministerio de Hacienda sin que nadie se acuerde de él.

El problema de las guaridas fiscales

El 3 de abril es el día internacional contra las guaridas fiscales (mal llamadas paraísos), las cuales están lejos de desaparecer. Actualmente tenemos que seguir reivindicando medidas eficaces contra los territorios que no cooperan y que en Europa, e incluso dentro de la propia UE, compiten fiscalmente provocando el desvío de capitales de los países en los que tendrían que haber tributado a otros con un tratamiento fiscal más favorable.

El informe “Estado de la Justicia Fiscal 2024”, publicado por Tax Justice Network, muestra que los Estados, a escala mundial, pierden ingresos impositivos por valor de 492.000 millones de dólares estadounidenses por desvío fraudulento de beneficios empresariales y ocultamiento de fortunas cada año. De esa cantidad, 347.600 millones se pierden por el fraude fiscal transfronterizo de las compañías multinacionales, y 144.800 millones se pierden por la evasión de impuestos en guaridas fiscales por parte de las personas más acaudaladas.

La Unión Europea es en este tema la mayor perjudicada, con una pérdida anual de casi 176.000 millones de dólares. Para España, la pérdida estimada es de 9.858 millones de dólares al año.

En el informe “Evasión Fiscal Global 2024” [viii] se ofrecen seis recomendaciones para conciliar globalización con Justicia Fiscal y un atlas [ix] con información estadística, por países.