Podemos rechaza el pacto entre PSOE y Junts y pone en jaque su aprobación en el Congreso

Ni 24 horas han hecho falta para que el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts para la cesión de algunas de las competencias sobre migración a la Generalitat de Cataluña quede en el alambre. Pocas horas después de que esas dos formaciones presentaran en el Congreso la iniciativa, Podemos la calificó como el fruto de un pacto con "un partido anti inmigración que compite con la ultraderecha catalana", y anunció su rechazo a la misma cuando se vote, aunque posteriormente matizó que esa será su posición salvo que "Junts demuestre que no está en posiciones abiertamente racistas". Sin los cuatro votos morados, el texto no tendría opciones de salir adelante, puesto que PP, Vox y UPN también se oponen frontalmente a la delegación de estas competencias.

Para ceder la gestión de estas competencias es necesario que se apruebe en el Congreso una ley orgánica, el cauce reservado por la Constitución a las materias de mayor relevancia. Precisamente por su importancia, las leyes orgánicas necesitan de una mayoría reforzada para salir adelante: en concreto, de la mayoría absoluta de la Cámara Baja, a diferencia de las leyes ordinarias, que tan solo requieren de más síes que noes para ser aprobadas. Y eso implica que PSOE y Junts necesitan lograr, al menos, el apoyo de 176 diputados de los 350 para que la delegación de las competencias de inmigración sea un hecho.

El problema es que, sin Podemos, esa suma no da, salvo un cambio de opinión prácticamente imposible de PP, Vox o UPN. Incluso si los socialistas y los independentistas catalanes lograran que no hubiera ninguna fuga en sus apoyos —algo que tampoco puede darse por hecho porque el duro discurso migratorio de Junts provoca muchos recelos a algunos de los habituales aliados parlamentarios del Gobierno—, entre todos únicamente reunirían 175 síes a la ley: los que aúnan PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.

Esa es la mitad exacta del hemiciclo, lo que dejaría la iniciativa empatada a votos entre los partidarios de aprobarla y quienes la rechazan. Pero la mayoría absoluta que requieren las leyes orgánicas es de la mitad más uno de los votos, es decir, 176 apoyos en el Congreso. Y, además, el reglamento de la Cámara Baja establece que las propuestas que registran tres empates consecutivos a la hora de ser votadas quedan desechadas.

En un mensaje en su cuenta de X (el antiguo Twitter), Belarra justificó su rechazo al pacto de PSOE y Junts asegurando que supone "darle las competencias de migración" a un partido "anti-inmigración". Lo cierto, no obstante, es que las competencias se cederían a la Generalitat de Cataluña, que ahora mismo gobierna el líder del PSC, Salvador Illa, apoyado por ERC y Catalunya en Comú, todos partidos de izquierdas. El Parlament tiene una amplia mayoría progresista y, aunque Junts sí controla buena parte de los ayuntamientos catalanes, no gobierna en ninguna de las ciudades más grandes de la comunidad.

Además, Belarra afirmó que "lo que es urgente en materia migratoria es que se apruebe de una vez la iniciativa legislativa popular de regularización extraordinaria" de inmigrantes irregulares, que está ahora mismo siendo tramitada en el Congreso. No obstante, el traspaso de competencias y la regularización extraordinaria son iniciativas que pueden discurrir perfectamente en paralelo, y el hecho de que una se tramite no implica que la otra deba quedar paralizada, aunque también es cierto que la iniciativa legislativa popular lleva unos meses estancada en la Cámara Baja, como otras leyes.

Minutos más tarde de esa primera reacción, no obstante, la secretaria general de Podemos matizó sus palabras. "Tiene que quedar claro que lo primero es que se apruebe la iniciativa legislativa popular de regularización, y cuando Junts demuestre que no está en posiciones abiertamente racistas, como ha demostrado este año en las reiteradas votaciones en el Congreso, entonces Podemos estará disponible para hablar y para discutir sobre descentralización de competencias y sobre todas las cuestiones que se pongan encima de la mesa", afirmó Belarra.