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Okupa una casa en Zaragoza y la propietaria denuncia el calvario que sufre: «Mi abogado dice que no se puede hacer nada»
Datos del Ministerio del Interior apuntan a que en 2024 hubo en España 16.426 denuncias por okupación . Cifra que repuntó en el conjunto del país un 7,4% respecto al año anterior, incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento. Un drama que ha vivido recientemente de cerca Alicia, separada y con una hija, que busca recuperar su piso en Zaragoza pero su 'inquiokupa' no lo permite. El término 'inquiokupación' se ha puesto de moda en los últimos tiempos, y define al inquilino o arrendatario que entra en una vivienda firmando un contrato con la intención de dejar de pagar, o posteriormente se declara en situación vulnerable. El arrendatario firma el contrato con el propietario, paga la fianza y a los pocos meses, no abona las rentas convenidas. Así, en este caso y si estuvieran a nombre del propietario, tampoco abonará los suministros de luz, agua y gas, ni mucho menos los gastos comunes de administración. «Empezó a dejar de pagarme hace tres años», indica la mujer zaragozana en una entrevista en la cadena Cope, en la que cuenta que compró un piso en la capital aragonesa y tiempo después se fue a vivir a Barcelona, tras alquilar este piso para hacer frente a los gastos de la hipoteca. «Intenté dialogar con ella para facilitar las cosas, pero me empezó a engañar. Me decía una cosa y hacía otra. Luego la denuncié. Primero perdí el juicio, luego gané en el recurso y entonces ella se declaró vulnerable», narra la mujer a la cadena radiofónica. «Eso paralizó todo el proceso para que abandonase la vivienda. Yo ahora me estoy separando y cuando firme el divorcio, estaré en la calle. Tengo una casa, pero no puedo vivir en ella y mi abogado dice que no se puede hacer nada. Puedo entender que ella sea vulnerable, pero yo también lo soy», indica emocionada Alicia. La zaragozana, que tiene gastos ya por encima de sus ingresos debido a que tiene que seguir pagando su hipoteca, explica que la ley no la protege y que ha tenido que cerrar un negocio que tenía como autónoma. «No lo he podido sacar adelante, no tenía dinero para pagar la hipoteca y los gastos de autónomos. No puedo dormir por las noches, y estoy con medicación por ansiedad». Alicia critica la ley actual que protege a los okupas por encima de los propietarios aunque estos, como es el caso de Alicia, también sean vulnerables: «Al ser declarada vulnerable, noto que es como si mi inquina fuera intocable. Pido ayuda al Ayuntamiento, a la alcaldesa de la ciudad, o a quien sea. Yo también necesito ayuda. También existo. Soy una persona no un bulo, como dicen algunos partidos políticos, y como yo habrá otras muchas personas, lamentablemente no soy única». «Afirman que no tengo nada que hacer, que solo puedo esperar», indica la mujer entre lágrimas, contando que ha llamado a la oficina antiokupación del Ayuntamiento de Zaragoza. «Si yo tuviera otra casa, pero es que ni siquiera eso, no tengo otro sitio. Me da igual el dinero que me debe, ya sé que no lo voy a recuperar, pero no me importa, solo quiero mi casa. No me puedo pagar ni una habitación en un piso compartido. Ahora vivo en el piso de mi ex, pero cuando nos divorciemos me tendré que ir de allí», afirma. A día de hoy parece que lo único que puede hacer Alicia es volver a denunciar, tal y como cuenta en la entrevista, y tener que esperar de nuevo uno o dos años, lo que conlleva un excesivo gasto de dinero. La mujer, aprovecha la charla además para pedir a las instituciones que se cambie la ley para proteger a los propietarios frente a la okupación. Sin datos oficiales, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha elaborado un informe con su propia estimación de 61.000 «inquiocupaciones» con varios datos recogidos de 2023. En el mismo espacio radiofónico, el experto en derecho inmobiliario Juan Salanova , apunta que «el sistema no prevé la vulnerabilidad del propietario», por lo que «no hay nada que hacer ante este caso», debido a que el sistema está hecho para que si se declara la vulnerabilidad del arrendatario, el desahucio se suspenda y no pueda haber cambio de poseedor. «Todo se queda congelado. Es un fallo del sistema, pero es lo que tenemos ahora mismo», asegura el experto. Ante todo ello solo habría dos escenarios posibles: que la inquiokupa deje de ser vulnerable o que el gobierno deje de prorrogar la norma de 2020 que impide el desahucio de personas vulnerables.
Datos del Ministerio del Interior apuntan a que en 2024 hubo en España 16.426 denuncias por okupación . Cifra que repuntó en el conjunto del país un 7,4% respecto al año anterior, incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento. Un drama que ha vivido recientemente de cerca Alicia, separada y con una hija, que busca recuperar su piso en Zaragoza pero su 'inquiokupa' no lo permite. El término 'inquiokupación' se ha puesto de moda en los últimos tiempos, y define al inquilino o arrendatario que entra en una vivienda firmando un contrato con la intención de dejar de pagar, o posteriormente se declara en situación vulnerable. El arrendatario firma el contrato con el propietario, paga la fianza y a los pocos meses, no abona las rentas convenidas. Así, en este caso y si estuvieran a nombre del propietario, tampoco abonará los suministros de luz, agua y gas, ni mucho menos los gastos comunes de administración. «Empezó a dejar de pagarme hace tres años», indica la mujer zaragozana en una entrevista en la cadena Cope, en la que cuenta que compró un piso en la capital aragonesa y tiempo después se fue a vivir a Barcelona, tras alquilar este piso para hacer frente a los gastos de la hipoteca. «Intenté dialogar con ella para facilitar las cosas, pero me empezó a engañar. Me decía una cosa y hacía otra. Luego la denuncié. Primero perdí el juicio, luego gané en el recurso y entonces ella se declaró vulnerable», narra la mujer a la cadena radiofónica. «Eso paralizó todo el proceso para que abandonase la vivienda. Yo ahora me estoy separando y cuando firme el divorcio, estaré en la calle. Tengo una casa, pero no puedo vivir en ella y mi abogado dice que no se puede hacer nada. Puedo entender que ella sea vulnerable, pero yo también lo soy», indica emocionada Alicia. La zaragozana, que tiene gastos ya por encima de sus ingresos debido a que tiene que seguir pagando su hipoteca, explica que la ley no la protege y que ha tenido que cerrar un negocio que tenía como autónoma. «No lo he podido sacar adelante, no tenía dinero para pagar la hipoteca y los gastos de autónomos. No puedo dormir por las noches, y estoy con medicación por ansiedad». Alicia critica la ley actual que protege a los okupas por encima de los propietarios aunque estos, como es el caso de Alicia, también sean vulnerables: «Al ser declarada vulnerable, noto que es como si mi inquina fuera intocable. Pido ayuda al Ayuntamiento, a la alcaldesa de la ciudad, o a quien sea. Yo también necesito ayuda. También existo. Soy una persona no un bulo, como dicen algunos partidos políticos, y como yo habrá otras muchas personas, lamentablemente no soy única». «Afirman que no tengo nada que hacer, que solo puedo esperar», indica la mujer entre lágrimas, contando que ha llamado a la oficina antiokupación del Ayuntamiento de Zaragoza. «Si yo tuviera otra casa, pero es que ni siquiera eso, no tengo otro sitio. Me da igual el dinero que me debe, ya sé que no lo voy a recuperar, pero no me importa, solo quiero mi casa. No me puedo pagar ni una habitación en un piso compartido. Ahora vivo en el piso de mi ex, pero cuando nos divorciemos me tendré que ir de allí», afirma. A día de hoy parece que lo único que puede hacer Alicia es volver a denunciar, tal y como cuenta en la entrevista, y tener que esperar de nuevo uno o dos años, lo que conlleva un excesivo gasto de dinero. La mujer, aprovecha la charla además para pedir a las instituciones que se cambie la ley para proteger a los propietarios frente a la okupación. Sin datos oficiales, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha elaborado un informe con su propia estimación de 61.000 «inquiocupaciones» con varios datos recogidos de 2023. En el mismo espacio radiofónico, el experto en derecho inmobiliario Juan Salanova , apunta que «el sistema no prevé la vulnerabilidad del propietario», por lo que «no hay nada que hacer ante este caso», debido a que el sistema está hecho para que si se declara la vulnerabilidad del arrendatario, el desahucio se suspenda y no pueda haber cambio de poseedor. «Todo se queda congelado. Es un fallo del sistema, pero es lo que tenemos ahora mismo», asegura el experto. Ante todo ello solo habría dos escenarios posibles: que la inquiokupa deje de ser vulnerable o que el gobierno deje de prorrogar la norma de 2020 que impide el desahucio de personas vulnerables.
