Nación vuelve a la carga contra dos gobernadores por una deuda "olvidada" de $ 200.000 millones
A través de una intimación formal, el Ministerio de Salud reclamó la recomposición de los fondos adeudados en los hospitales SAMIC. Además, se creará un nuevo organismo que evaluará las tecnologías sanitarias
El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, intimó de manera formal a las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz para que salden las deudas millonarias que tienen con los hospitales SAMIC, a los cuales deben erogar fondos de manera complementaria con Nación.
La presentación se funda, según estimaciones oficiales, en que ambas gobernaciones adeudan más de $ 200.000 millones en erogaciones para esos establecimientos. De esto, $ 52.163 millones corresponden al Hospital SAMIC de El Calafate, mientras que Buenos Aires mantiene una deuda de $ 149.060 millones acumulada en cinco nosocomios diferentes.
El Cronista había dado cuenta de ese conflicto en noviembre del año pasado. En ese entonces, el ministerio comandado por Lugones planeaba no mejorar los fondos reales más allá de los fondos presupuestados y que fueran las provincias las que desenfundaran los fondos extra. En última instancia, el Gobierno quiere que los hospitales queden en manos de los distritos subnacionales.
Desde Nación acusan que la gestión de Axel Kicillof no cumple con sus obligaciones desde hace cinco años.
En desglose, los hospitales afectados en Buenos Aires son:
- Hospital El Cruce (Florencio Varela): $ 66.149 millones
- Hospital Bicentenario (Esteban Echeverría): $ 24.767 millones
- Hospital Cuenca Alta (Cañuelas): $ 26.641 millones
- Hospital Dr. René Favaloro (La Matanza): $ 27.186 millones
- Hospital Néstor Kirchner (La Matanza): $ 4.316 millones
"En una Argentina que está dejando atrás los privilegios, los parches y la cultura de 'otro paga'. La Ley es igual para todos y se debe cumplir. La Nación no va a financiar la desidia", dijeron desde el Ministerio de Salud de la Nación".
Los hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad) fueron creados como entes interjurisdiccionales, financiados por la Nación y las provincias. Incluso, hay algunos en las que también tienen participaciones los municipios (solo en tres casos; en El Calafate, el Favaloro y el Néstor Kirchner).
Estas son siete instituciones en total: el Hospital Garrahan, el Hospital El Cruce, el Hospital de Cuenca Alta, el Hospital René Favaloro, el Hospital Presidente Néstor Kirchner, el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría y el Hospital de Alta Complejidad "El Calafate". Hospital El Cruce, el SEMIC que mayor deuda provincial computa
De todos ellos, el único que no reporta deudas pendientes es el Hospital Garrahan, que tiene una dependencia interjurisdiccional entre Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El nuevo organismo sanitario que creará Milei
De manera complementaria, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno creará la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), un nuevo organismo autárquico y que será las únicas con atribuciones de evaluar el valor y la contribución de los nuevos medicamentos, tratamientos y procedimientos a la mejora de la salud.
La decisión responde a la política de desregulación y simplificación de organismos estatales que rige en la gestión de Javier Milei. Y es que la ANEFiTs absorberá dos áreas específicas: la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica (CONETEC) y del Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud (CATPROS). El ministro de Salud, Mario Lugones, junto a su segunda, María Cecilia Loccisano
Desde el Ministerio de Salud indicaron que "la función principal del nuevo organismo será evaluar con rigor científico qué tecnologías son seguras, eficaces y efectivas, y qué beneficios pueden generar antes de que se inicie el proceso de registro para su comercialización".
El organismo trabajará de manera articulada con la ANMAT, encargándose de determinar la oportunidad, el modo y uso apropiado de una tecnología. Y también -afirman- colaborará con la reducción de la judicialización de la salud.
"El sistema actual permite que se impongan tratamientos de altísimos precios al Estado sin un análisis técnico previo que son trasladados a los contribuyentes. Mediante criterios científicos y económicos claros, la nueva agencia establecerá qué tratamientos se deben financiar con recursos públicos, evitando fallos judiciales arbitrarios no basados en evidencia científica que distorsionan el sistema", indicaron voceros del área sanitaria.
