Moncloa ve pocas opciones de sacar la reducción de jornada pero deja a Díaz la negociación para atraer a Junts

Moncloa ve pocas opciones de que Junts apoye el proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales y que, por tanto, la medida termine saliendo adelante. El optimismo que reinaba entre las filas socialistas con el plan antiaranceles que los de Carles Puigdemont terminaron apoyando, contrasta con el pesimismo respecto a esta medida impulsada por su socio de coalición de Sumar. En Moncloa tienen muy asumida la fórmula decretada por Junts para negociar cualquier medida: hay que "sudar la camiseta" e ir "partido a partido", por lo que creen que, en este punto de las negociaciones, no van de farol y podrían tumbar la reducción de la jornada laboral. No obstante, dejan el peso de estas conversaciones sobre los hombros de Yolanda Díaz.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la que sería la medida 'estrella' de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, aunque el ensueño fue brevísimo, ya que Junts no tardó en avisar públicamente de que no comparte en absoluto la medida y que, si de ellos depende —como es el caso—, la tumbarán. Por ello, en Moncloa predomina el pesimismo. "Está complicado", señala una voz de peso dentro del Gobierno, que apunta a que la patronal catalana está presionando para que la norma no supere la tramitación parlamentaria.

Para tratar de amainar las aguas, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se reunió este jueves en Moncloa con Xavier Panés, presidente de la patronal de las comarcas del Vallès, Cecot, que ya advirtió de que mantendría contactos con los grupos parlamentarios para intentar que votasen en contra de la medida en el Congreso. Panés también se reunió con el líder de Junts, Carles Puigdemont, el pasado mes de febrero en Bruselas para exponerle los mismos argumentos que ahora estarán sobre la mesa del ministro: la reducción de la jornada incidirá de manera negativa en autónomos, microempresas y pymes, el 98 % de su tejido empresarial.

Con estos mimbres, suman mayoría los ministros socialistas que no dudan en trasladar su pesimismo. "Han presentado una enmienda. A priori están en el no", sostiene otra voz del ala mayoritaria del Gobierno, que deja la puerta a abierta a que Junts pueda plantear alguna vía para negociar, pero reconoce que tiene muchas "dudas" de que esta medida pueda salir adelante. No obstante, hay quienes sí ven el vaso medio lleno, aunque con la premisa de introducir mecanismos de flexibilidad, como reclaman varias patronales. "Hay margen y se puede tocar el texto", confían. En todo caso, los socialistas creen que habría que dar tiempo a la negociación para intentar atraer el apoyo de Junts y coinciden en que es un asunto que debe liderar la ministra de Trabajo.

Trabajo se sume en el silencio

En contraste con el pesimismo con el que el PSOE afronta la tramitación, Díaz y los suyos insisten en pedir calma y tiempo para hablar. La vicepresidenta se ha sumido ya en el mutismo que la caracteriza cuando se encuentra en mitad de una negociación, y este jueves se limitó a señalar en los pasillos del Congreso que, a su juicio, existe "margen" para llegar a un acuerdo con Junts, pese a las durísimas declaraciones que los independentistas catalanes han hecho el lunes, el martes y, especialmente, el miércoles, cuando la portavoz parlamentaria Míriam Nogueras llegó a calificar de "vagos" a quienes apuestan por reducir la jornada.

Fuentes del entorno de Díaz se muestran igualmente herméticas ante unas conversaciones que tienen dos lecturas: una técnica y una mucho más política. En lo relativo a la parte puramente laboral, Trabajo asume que será necesario hacer cambios en el texto y, desde hace meses, está abierto a recuperar una de las medidas que se pusieron sobre la mesa en las fallidas conversaciones con la patronal: las ayudas a empresas, especialmente a las más pequeñas y frágiles (que son en las que, en mayor medida, aún mantienen una jornada de 40 horas semanales), para que puedan adaptarse a la reducción de la jornada laboral sin verse perjudicadas.

Uno de los principales argumentos que ha esgrimido Junts para rechazar la puesta en marcha de la reducción de jornada es, precisamente, que dañará a las empresas pequeñas y medianas, con lo que Trabajo pretende que el acercamiento se produzca por esa vía. No obstante, los de Carles Puigdemont no solo se oponen a la ley por razones técnicas e ideológicas, sino también políticas: Junts quiere afianzar su interlocución privilegiada con la patronal catalana, que en los últimos años ha entablado buenas relaciones con el PSC, y los empresarios de esa comunidad se han mostrado frontalmente contrarios a la medida impulsada por Díaz.

El silencio de Trabajo es tal que las fuentes consultadas tampoco ofrecen detalles sobre el calendario de tramitación del proyecto de ley. No obstante, el plan A de Díaz es que la reducción de jornada esté en vigor antes del 31 de diciembre de este año, si bien el pasado martes, cuando el texto recibió luz verde del Consejo de Ministros y fue enviado al Congreso, no quiso mencionar expresamente esa fecha como el límite para poner la medida en marcha.