Marruecos no ha autorizado a Israel a “robar” gas en aguas españolas: es una zona en disputa con el Sáhara

Un vídeo que se ha viralizado en redes sociales asegura que Marruecos habría autorizado a una empresa israelí a realizar una serie de explotaciones de gas en aguas españolas situadas frente a Canarias. La concesión, que fue publicada en el Boletín Oficial de Marruecos el pasado mes de febrero, no afecta a aguas españolas, aunque sí a aguas en disputa situadas frente a la costa saharaui, las cuales Marruecos considera bajo su soberanía.

El vídeo viral. “Hay unas explotaciones de gas que están en territorio español en las Islas Canarias (…) Marruecos se las ha atribuido por el artículo 33, quizás pensando que, a fin de cuentas, se va a apoderar de las Canarias. Esa concesión se la da al Estado de Israel”, afirma el escritor César Vidal en un vídeo que se ha viralizado a través de diferentes perfiles anónimos de redes sociales. La grabación se difunde con mensajes como “Marruecos roba gas en aguas españolas y se lo cede a Israel”. La Gaceta de la Iberosfera, una web ligada a Vox a través de la Fundación Disenso, también publicó un artículo titulado “Marruecos otorga una licencia de ocho años para explorar gas en aguas cercanas a Canarias y en disputa con España”.

La concesión de Marruecos. En rigor, no es cierto que Marruecos haya autorizado estas explotaciones en aguas españolas o en disputa con España. Lo que existe es una concesión del Gobierno marroquí que autoriza a la empresa israelí Delek Energy —ahora rebautizada como NewMed Energy— y a la marroquí Adarco a explorar una extensión de 28.935,3 kilómetros cuadrados frente a la costa del Sáhara Occidental para buscar gas y petróleo, tal y como figura en la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos (ONHYM).

Esta autorización está firmada por la ministra marroquí de Transición Energética y Desarrollo Sostenible, Leila Benali, y permite a estas dos sociedades la exploración marítima en una zona denominada “Bojador Atlántico”, cuyas coordenadas aparecen delimitadas en el Boletín Oficial de Marruecos.

Qué dice España. “Esas licencias concedidas están fuera de las aguas territoriales y jurisdiccionales de España. Además, hay un grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos con Marruecos y todo lo que toca a ese asunto es una cuestión de derecho internacional que se tiene que resolver conforme a la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, en base al mutuo acuerdo y con respeto pleno al derecho internacional”, dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al ser preguntado por este asunto durante la sesión de control al Gobierno celebrada el 25 de marzo de 2025 en el Senado.

Sin embargo, el proyecto marroquí sí ha generado cierta polémica en el archipiélago canario por la proximidad de las exploraciones. El Cabildo de Gran Canaria aprobó el pasado mes de abril una moción que rechaza la iniciativa de Marruecos para buscar gas y petróleo. Según medios locales, la propuesta aprobada por el Cabildo —apoyada por Coalición Canaria, el PP y Nueva Canarias— sostiene que “esta concesión es contraria a la legalidad internacional expresada en las Naciones Unidas, contraviene recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y contribuye al expolio de las riquezas naturales del Sáhara Occidental, que pertenecen al pueblo saharaui al tratarse de un territorio sujeto a un proceso de descolonización en el marco de las Naciones Unidas”.

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Así se delimitan las aguas de un país. Concepción Escobar, catedrática de Derecho Internacional Público en la UNED, explica a Newtral.es que las aguas de un país se dividen en varios niveles. El más próximo a la costa son las denominadas aguas interiores. A continuación se sitúa el “mar territorial”, una zona donde el país ejerce su plena soberanía —con algunos límites— y que comprende las primeras 12 millas náuticas —unos 22 kilómetros— desde la línea de base fijada por el Estado ribereño. Las siguientes 12 millas comprenden la “zona contigua”, un área que ya no se considera territorio nacional de ese país, pero donde sí tiene jurisdicción en materia de seguridad sanitaria, fraude fiscal o contrabando.

A partir de aquí se encuentran la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la Plataforma Continental. La primera de ellas comprende las aguas hasta un máximo de 200 millas náuticas medidas desde la línea de base y, aunque no se considera territorio nacional de un país, el Estado ribereño ejerce una “jurisdicción privilegiada” para explotar de forma exclusiva y excluyente sus recursos. La Plataforma Continental, en cambio, se refiere exclusivamente al suelo marino y al subsuelo y abarca hasta las 200 millas, aunque en este caso son ampliables hasta las 350. Es decir, los recursos que se encuentren en el suelo o subsuelo marino dentro de los límites de la plataforma continental de un país pueden ser explotados por el mismo.

“El Estado ribereño tiene derecho a explotar en exclusividad todos los recursos de la Zona Económica Exclusiva y de la Plataforma Continental y, por tanto, tiene derecho a ser quien concede las licencias de investigación, prospección y explotación”, explica Concepción Escobar.

Una zona en disputa. Lo que ocurre en el caso de la licencia de exploración expedida por Marruecos es que estas aguas están situadas frente a la costa del Sáhara Occidental, que se encuentra en disputa. En concreto, el área concedida por el reino alauita para buscar gas y petróleo es parte de una zona situada frente al Cabo Bojador y se extiende hacia el sur. Marruecos reclama su soberanía sobre este espacio y, por tanto, las autoridades marroquíes entienden que pueden ejercer sus derechos sobre esas aguas, suelo marino y subsuelo.

De hecho, un informe publicado en 2024 por la israelí NewMed Energy —la empresa israelí a la que se concede parte de la exploración— reconoce que esta licencia para la búsqueda de gas natural y petróleo afecta a un área “con soberanía en disputa” entre Marruecos y el pueblo saharaui por estar situada “frente a la costa del Sáhara Occidental”. No obstante, remarca que Marruecos se atribuyó la soberanía de estas aguas en diciembre de 2020, coincidiendo —cita literalmente— con el reconocimiento de Estados Unidos e Israel de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. España cambió su postura política respecto al Sáhara en 2022 y, desde entonces, defiende que la excolonia española sea un territorio con autonomía, pero bajo soberanía marroquí.

Es decir, es cierto que la zona donde Marruecos ha autorizado las exploraciones está en disputa, pero esa disputa no es con España —como han publicado algunos medios—, sino con el pueblo saharaui. Aunque España ejerce como potencia administradora de iure del Sáhara Occidental, esto no le da derecho a ejercer soberanía y, por tanto, esas aguas no son suyas.

Duración y reparto de aguas. Según la información hecha pública por la empresa marroquí Adarco y la israelí NewMed, el proyecto para la exploración de gas y petróleo en estas aguas procede de un acuerdo alcanzado en 2022 entre el gobierno marroquí, NewMed Energy y Adarco. El 75% de los permisos de búsqueda se habría repartido a partes iguales entre las dos empresas, mientras que la oficina marroquí de hidrocarburos se habría reservado un 25%. “Se ha identificado el inmenso potencial de recursos de gas natural de Marruecos, y la futura explotación de las reservas de Bojador Atlántico sin duda beneficiará significativamente a la economía marroquí”, explica Adarco.

Aunque la concesión inicial comprendía un periodo de dos años y medio a partir de agosto de 2023, la israelí NewMed aclaró en una comunicación dirigida a la Autoridad de Valores de Israel —equivalente a la CNMV en España— que los acuerdos con Marruecos le otorgarían el “derecho a buscar hidrocarburos (…) por un plazo de 8 años”.

En ningún momento las autoridades marroquíes, la israelí NewMed o la marroquí Adarco han señalado que la licencia de exploración afecte a aguas españolas. De hecho, el punto más cercano a España de la zona de exploración especificada por la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos está a unos 150 kilómetros de la isla de Gran Canaria.