Los primeros 100 días de Trump agravan la crisis mundial de derechos humanos, según Amnistía Internacional

La llegada al poder el pasado enero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contribuido al retroceso de los derechos humanos a nivel global, según el informe anual 2025 de Amnistía Internacional publicado este martes.

La Administración de Trump “está haciendo todo por anular los estándares internacionales y nacionales relativos a los derechos humanos”, ha dicho en declaraciones a EFE la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, tras la presentación del informe en Bruselas.

Otros motivos del empeoramiento han sido “la agresión rusa en Ucrania” y el “genocidio de Israel en Gaza”, sumado a “una década de progresivas prácticas autoritarias, incluido en Europa, donde es cada vez más frecuente la penalización de la libertad de expresión, el uso de violencia y las respuestas desproporcionadas contra quieren usan la desobediencia civil”, añade.

Efecto Trump

En su evaluación de la situación en 150 países, la ONG apunta sobre todo a la “intensificación” en los primeros 100 días del presidente Trump en el cargo, de “tendencias muy arraigadas y retrocesos” ya vistos en 2024.

Del presidente estadounidense, la ONG dice que su campaña contra el reconocimiento de derechos “está dando alas a tendencias nocivas”, dejando sin “contenido salvaguardias internacionales de derechos humanos y poniendo en peligro a miles de millones de personas en todo el planeta”.

Este “efecto Trump” ha empeorado el daño causado por otros dirigentes mundiales durante 2024, “echando por tierra decenios de minucioso trabajo para construir y promover los derechos humanos universales para todas las personas y acelerando el hundimiento de la humanidad en una nueva era caracterizada por la mezcla de prácticas autoritarias y codicia empresarial”.

Dentro de EEUU, Amnistía Internacional advierte sobre la represión de protestas durante 2024, un año en el que aumentó la criminalización del activismo, especialmente entre quienes, incluidos universitarios, apoyan la causa palestina. “Las protestas y acampadas se enfrentaron a sanciones académicas y a la violencia por parte de las fuerzas del orden y de las administraciones universitarias”, indica en el documento.

De hecho, en su informe anual, AI recoge que al menos 3.100 estudiantes y miembros del colectivo universitario, entre otros, fueron arrestados en EEUU por participar en protestas a favor de Palestina, donde los asistentes pedían el alto al fuego en Gaza, así como que el Gobierno dejara de proveer armas a Israel y que los centros educativos no invirtieran en empresas de este país.

Otra de las cuestiones en materia de derechos humanos en la que pone el foco AI fue la frontera sur de EEUU, donde en el último año, según sus estadísticas, se incrementaron los procesos de deportación y de tiempo de espera en México, especialmente de personas negras, indígenas y del colectivo LGTBI. La entidad dice que en 2024 las autoridades de inmigración ampliaron el sistema de detención arbitraria y masiva de inmigrantes, vigilancia y control electrónico, y que, durante la campaña electoral, las actitudes racistas y antiinmigrantes crecieron, lo que aumentó los ataques violentos contra estas comunidades.

Aunque el informe contempla el 'modus operandi' del último año en el Gobierno del demócrata Joe Biden, la secretaria general no quiere olvidarse del actual presidente estadounidense, Donald Trump, cuando se cumplen 100 días de su nuevo mandato. “Ha mostrado un desprecio total hacia los derechos humanos universales”, considera Callamard en un comunicado de prensa adjunto para añadir: “Su gobierno ha atacado con rapidez y saña iniciativas fundamentales e instituciones estadounidenses e internacionales que se crearon para hacer de nuestro mundo un lugar más seguro y más justo”. 

Retroceso global de los derechos humanos

La crisis global en el ámbito de los derechos humanos ha acelerado las “tendencias destructivas” y puesto de manifiesto “la deriva hacia prácticas autoritarias y crueles medidas represivas” contra la disidencia en todo el mundo, dice el documento.

Explica además que “gobiernos de todo el mundo trataron de eludir la rendición de cuentas, afianzar su poder e infundir miedo prohibiendo medios de comunicación, disolviendo o suspendiendo ONG y partidos políticos, encarcelando por cargos infundados de 'terrorismo' o 'extremismo' a quienes los criticaban, y criminalizando a defensores y defensoras de los derechos humanos” y otros activistas.

Entre los países que incurrieron en ese tipo de prácticas menciona a Bangladesh, donde las autoridades dieron orden de “disparar sin previo aviso” contra protestas estudiantiles y Mozambique, que tras unas controvertidas elecciones, vivió “la peor represión de protestas que se había visto en años”. De Turquía dice que “impuso prohibiciones generales de las protestas y sigue utilizando fuerza ilícita e indiscriminada” contra manifestantes pacíficos.

Conflictos armados

Destaca en particular las masacres de Israel en Gaza. “Año tras año, hemos advertido de los peligros del retroceso de los derechos humanos. Pero los sucesos de los últimos 12 meses –especialmente el genocidio de la población palestina en Gaza, retransmitido en directo pero ignorado– han puesto de manifiesto lo infernal que puede ser el mundo (...) cuando los Estados más poderosos dejan de lado el derecho internacional y prescinden de las instituciones multilaterales”.

El informe destaca, en relación con este conflicto, que España y Bélgica “han acatado los llamamientos de los expertos de la ONU para suspender las exportaciones de armas a Israel”. España “es uno de los países que ha adoptado acciones decididas, comparado con otros”, dice a EFE Callamard, que añade que es necesario que nuestro país “use su plataforma e influencia para pedir más de otros líderes europeos”, que sea “más fuerte a nivel europeo” y que otros Gobiernos le sigan.

Otros conflictos a los que se refiere son la guerra de Ucrania, donde “Rusia mató en 2024 a más civiles ucranianos que en el año anterior, y siguió atacando infraestructuras civiles y sometiendo a las personas detenidas a tortura y desaparición forzada”.

De Sudán, dice que las Fuerzas de Apoyo Rápido infligieron una violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas, en lo que constituyen crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad.

Otros problemas apuntados en el informe son el colapso climático, el retroceso mundial de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, las mujeres, las niñas y las personas LGBTI.

Frente a ese panorama de prácticas autoritarias y destrucción del derecho internacional, al que “la población se resiste”, la ONG subraya que “los gobiernos pueden administrar justicia internacional y deben seguir haciéndolo”.

“Pese a los enormes desafíos, la destrucción de los derechos humanos dista de ser inevitable. La historia está llena de ejemplos de personas valientes que han vencido prácticas autoritarias”, subraya.