Los alcaldes de Junts empujan hacia la derecha para competir contra Aliança

El pasado fin de semana Junts hizo suya una propuesta apadrinada por algunos de sus alcaldes para vetar del padrón municipal a los vecinos que no puedan acreditar poseer o tener alquilado un domicilio. Más allá de la dificultad de implantar esta medida, que choca con el derecho básico a empadronarse reconocido en la ley y varias sentencias, se trata del último paso en una derechización paulatina de Junts que, en los últimos años, ha estado liderada sobre todo desde sus líderes municipales.

La carrera por abrazar un discurso de mano dura, con el objetivo indisimulado de competir contra la formación xenófoba Aliança Catalana, ha pasado por diversas etapas. Poco después de las pasadas municipales, celebradas en mayo de 2023, la preocupación de los ediles de la antigua Convergència se centró en la multirreincidencia, es decir, en los hurtos o robos muy repetidos por un mismo autor.

Aquella preocupación, liderada sobre todo por algunos ediles de la comarca del Maresme, cristalizó en una propuesta de reforma del Código Penal contra los hurtos en el Congreso. Allí recibió el visto bueno previo tanto del PSOE como del PP, pero aún no se ha producido la votación que debe aprobar o descartar la medida.

Mientras tanto, para mediados de 2024, en Junts ya estaban centrados en otra cuestión que también es motivo de preocupación para los alcaldes (aunque no solo para ellos): la política migratoria. Junts y PSOE pactaron una delegación de competencias de esta materia a la Generalitat en marzo pasado.

Pese a que el poder municipal de Junts ha ido a la baja en la última legislatura, el ascendente de algunos de sus alcaldes en la línea ideológica de la formación ha dado un salto adelante. El patrón seguido comienza por una serie de alcaldes actuando o pronunciándose de forma aislada sobre una cuestión, normalmente ya apuntada por Sílvia Orriols, para que a continuación sea el conjunto del partido quien adopte una posición tan radical como los representantes municipales.

En el caso del supuesto fraude en los padrones municipales, entre los alcaldes que comenzaron a despuntar con este tema se encuentran el edil de Figueres, Jordi Masquef, que inició una campaña de inspección que acabó con más de 800 bajas en el padrón. También el alcalde de Vic, Albert Castells, y el de Martorell, Xavier Fonollosa, manifestaron su rechazo a empadronar lo que calificaron de “okupas”.

Martorell es, de hecho, uno de los municipios, junto a Lleida, del PSC, que la Red de Entidades por el Padrón han llevado a los tribunales por poner trabas al empadronamiento de vecinos.

Estos tres alcaldes han acabado siendo la avanzadilla en un tema, el empadronamiento, que el partido viste de “guerra contra los okupas”, pero que quien puso sobre la mesa de forma más clara fue la propia Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, asegurando que se negaba a empadronar a quien viva en infraviviendas.

La alcaldesa de Ripoll se hacía eco de un rumor muy extendido en los ámbitos de extrema derecha según el cual en los últimos años el Gobierno habría cambiado los criterios para permitir el padrón en cuevas, chabolas o incluso caravanas. Lo cierto es que, desde hace más de dos décadas, los municipios siempre han tenido la obligación de registrar en el padrón a todas las personas que vivan en el municipio, sin importar donde viven e incluso si tienen o no techo.

La razón de esta obligación es que son los Ayuntamientos quienes deben proveer servicios básicos a las familias más precarias, tales como sanidad o educación o la intervención de los recursos sociales. Derechos de los que solo pueden disfrutar una vez estén recogidos como ciudadanos en el padrón.

Junts considera, sin embargo, que debe ser la Generalitat y no los municipios quienes ofrezcan estos servicios sociales básicos a las familias más precarias, a través de un “padrón social” que correría en paralelo al padrón normal que gestionan los municipios. De esta forma, se excluiría a las familias más necesitadas de los servicios que presentan los ayuntamientos.

Una nueva hornada de alcaldes más radicales

La consolidación de Aliança Catalana ha supuesto una dura amenaza en el mapa de poder convergente, que teme quedar desdibujado especialmente en cabeceras de comarca y ciudades pequeñas de la Catalunya interior. La última encuesta del CEO de la Generalitat estimó que en unas elecciones al Parlament la formación de Silvia Orriols podría arrebatar hasta un cuarto de los votos de Junts, lo que en su traslación a las elecciones municipales podría suponer un desastre.

Ante estas señales de alarma, la apuesta de Junts pasa por promocionar una nueva hornada de alcaldes y candidatos, de una generación que deje atrás las viejas caras del mundo convergentes y que puedan articular discursos más alineados con la derecha.

Uno de los símbolos de este paulatino relevo es Agustí Arbós, el nuevo alcalde de Olot que ha sustituido al histórico Pep Berga, quien se había destacado por apostar por modelo de convivencia integrador en el municipio. No se espera eso, en cambio, de un Arbós que el pasado mes de marzo tomó la vara de alcalde, con 31 años, y prometiendo que sus prioridades serán la inseguridad, las ocupaciones y la multirreincidencia.